¿Es suficiente con levantar la prohibición de la hoja de coca?

“Nuestro país está cansado de poner los muertos y de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó”, señaló ayer la viceministra de asuntos multilaterales, Laura Gil, durante la convención número 66 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en Viena. “Este fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia, encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo”. 

La viceministra Gil pidió, en particular, que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias ilegales, en la que permanece desde 1961. "Señor presidente, ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la Convención Única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de Los Andes. La planta no es el problema; la planta es parte de nuestra historia y nuestras tradiciones".

No es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro se ha referido al fracaso de la guerra contra las drogas. De hecho, durante el discurso que el presidente dio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, Petro aseguró que era necesario cambiar las dinámicas con las que se enfrenta la política de drogas pues, hasta la fecha, habían demostrado ser un fracaso. 

La despenalización de la hoja de coca, sin embargo, puede quedarse corta en el propósito de vencer al enemigo del narcotráfico, que sigue tan campante después de tanta guerra contra la droga. Así lo entiende María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes:

“Me pareció contundente la propuesta de la regulación de la hoja de coca. Pero regular la hoja de coca, y no la cocaína, no cambiaría mucho el estado de las cosas".

La clave es la regulación de la cocaína

la viceministra Gil ratificó que Colombia acompañará la regulación no solo de la hoja de coca sino de la marihuana con fines recreativos en el país, y reiteró que la guerra contra las drogas únicamente ha logrado la persecución de los campesinos y sumir al país en un conflicto interno, sin lograr afectar las finanzas de los grandes narcotraficantes. En consecuencia, dijo Gil, una de las medidas que asumirá el Gobierno para implementar la paz total es dejar de criminalizar a los pequeños cultivadores del coca y de marihuana en el país, pues se trata de una condena incoherente que no contribuye al fin del conflicto. 

Catalina Gil, consultora en política de drogas y seguridad, opina que el discurso de Laura Gil sentó un precedente muy importante sobre el tema. “Puede que, por ahora, el discurso se quede en un discurso, pero fue importante que pasara. Colombia usualmente es pasiva y tímida. Se comporta más como un alumno (de la lucha contra el narcotráfico). Entonces es importante que estos discursos pasen”.

Sin embargo, considera que, más allá del discurso, Colombia debe consolidarse como cabeza de ese cambio de paradigma y realizar acciones muy concretas al respecto, como el de liderar el proceso de que, efectivamente, la hoja de coca salga de la lista de sustancias ilegales. "No es que esto vaya a pasar en este gobierno, pero hay que comenzar”.

Podría ser –agrega– mediante la consolidación de un bloque regional que tenga como fin un mismo objetivo: reformar la visión que se tiene sobre las drogas. Así opina también Julián Quintero, director e investigador de Acción Técnica Social (ATS), una organización enfocada en la regulación y la reducción de daños en el consumo de drogas. Para Quintero, es esencial que se empiecen a asumir políticas distintas a las de la guerra contra las drogas, como, por ejemplo, la política de aprender a convivir con ellas.

Para los expertos, no es suficiente el esfuerzo de descriminalizar las plantas: también es necesario descriminalizar las sustancias. Tanto Vélez, como Gil y Quintero están de acuerdo en que el gran reto es apuntar a regular también la cocaína, si quiere realmente llegar a la paz total. 

La transformación del paradigma –dice Quintero– ayudaría a desmontar todo el sistema de persecución al narcotráfico, aunque todos los que se nutren de él se opongan al cambio: “Todo el aparato militar y todos los contratistas militares, encargados de perseguir la erradicación se quedarían sin negocio. Además, toda la moral prohibicionista se vería muy afectada, además de las redes criminales”. 

Justamente por esta oposición, regular las sustancias sigue siendo un tema tabú. “En este momento no hay ambiente internacional para una regulación de la cocaína. En ese contexto, el alcance de la paz total será limitado. Incluso si estos grupos ilegales actuales acceden a unirse a la paz total, otros entrarán a llenar el espacio”, dice María Alejandra Vélez 

Aun en este escenario, Catalina Gil sostiene que las políticas internacionales no tienen que ser, necesariamente, una camisa de fuerza que limite las acciones de Colombia: “Aunque es verdad que este sistema internacional prohíbe algunas cosas, también es cierto que algunas veces son los mismos países los que se imponen su propia camisa de fuerza. Mira los casos de Portugal, Canadá, Uruguay, Bolivia, Perú. En unos hay mercados regulados de cannabis; en otros, despenalización de sustancias; y en otros, zonas legales para cultivar coca. Y ahí siguen. Colombia puede comenzar por implementar realmente estrategias de reducción de riesgo y daños, promover la investigación de la hoja de coca, implementar programas de sustitución con gradualidad, hacer pilotos sobre cultivos legales de coca, y un largo etcétera”.