“Esta no es la única institución a la que han hackeado”: Fiscalía, sobre Guacamaya Leaks

Cinco terabytes de información (equivalentes a 32,5 millones de páginas de documentos) fueron sustraídas por un grupo de hackers profesionales de correos electrónicos de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. En su contenido se pueden encontrar datos sensibles sobre la identidad de agentes extranjeros que trabajan secretamente en Colombia, sus fuentes y entregas de droga controladas. CAMBIO, el pasado 29 de enero, publicó un artículo sobre las razones y el alcance de esta filtración, la cual tiene repensando a diferentes países y agencias de inteligencia sobre su cooperación judicial con las autoridades colombianas, como lo corroboraron fuentes internas de diferentes embajadas.

La Fiscalía optó por guardar silencio. Sin embargo, luego de la reunión que sostuvo el fiscal general, Francisco Barbosa, con el presidente, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, se convocó una rueda de prensa en el búnker para comunicar el resultado del encuentro. Tras responder las preguntas relacionados con otros temas (paz total, suspensión de órdenes de captura, supresión de algunos delitos del Código Penal, etcétera), Barbosa fue cuestionado por la pasividad con la que la institución ha enfrentado la amenaza cibernética y las razones que llevaron a que esta sucediera.

Una filial de la multinacional española Telefónica, encargada de administrar las comunicaciones electrónicas de la Fiscalía, emitió alertas sobre la vulnerabilidad de sus sistemas y la inacción del ente acusador permitió que los piratas informáticos accedieran a las cuentas de correo de 25.000 funcionarios. Documentos de identidad, códigos de seguridad, ubicación y detallados planes de operaciones secretas a las que han estado vinculados agentes extranjeros quedaron totalmente expuestos.

Pero, al ser preguntado sobre el tema, el fiscal general cedió la palabra a su mano derecha, la vicefiscal Martha Mancera, quien reveló que la institución está realizando un estudio para determinar qué tipo de datos fueron sustraídos por los hackers. Es decir, pese a que la filtración se conoció desde hace casi cinco meses, la institución aún está en etapa de evaluación.

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“Hoy tenemos expertos no solo en Colombia, sino también de otras policías judiciales, revisando cuáles fueron realmente los correos de los cuales se extrajo la información. Una vez lo completemos, seguramente, a cada una de las embajadas se les dirá cuál ha sido la información que ha sido extraída”, aseveró la vicefiscal.

En septiembre de 2022 se hizo pública la filtración y llegó a las salas de redacción de varios medios de comunicación. El Espectador tomó la delantera. En una de sus ediciones dominicales de noviembre, publicó documentos sobre el escándalo de Odebrecht, que se encuentran en los cinco terabytes de correos electrónicos hackeados.

Sobre la posibilidad de que los sistemas de la Fiscalía continúen frágiles en materia digital, Mancera explicó que la institución no ha recibido ninguna nueva amenaza y que se adelanta un trabajo para fortalecer los sistemas internos.

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“Venimos haciendo una investigación muy juiciosa, con todas las capacidades de lo que significa el cibercrimen. Esta no es la única institución a la que han hackeado, sino que lo han hecho con muchas otras. Están las instituciones de salud. Este es un tema en el que todos hemos estado vulnerables”, precisó Mancera.

Posteriormente agregó que la seguridad cibernética fue reforzada.

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“Lo que sí les podemos decir es que nuestra institución, y los servidores de la Fiscalía General de la Nación, tienen hoy un procedimiento para proteger toda la información y que no se extraiga de manera irregular”; concluyó.