El alumbrado no inteligente de Bucaramanga

La atención del país estuvo puesta en Bucaramanga durante los últimos meses debido a la candidatura presidencial del exalcalde Rodolfo Hernández. Consumada su derrota en la segunda vuelta, se levanta el telón electoral y vuelven a la agenda otros asuntos de la “ciudad bonita” que habían quedado temporalmente en el olvido. Lo que sucede con el millonario contrato para el control y monitoreo permanente del alumbrado público, también conocido como telegestión, es quizá el de mayor relevancia hoy.

La administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas se trazó el propósito de implementar este sistema inteligente en la capital santandereana y por eso abrió una licitación a través de la Bolsa Mercantil. El 30 de julio de 2021 se firmó el contrato y se tenía proyectado que tardaría solo cinco meses. Pero en dos ocasiones antes del cumplimiento de este plazo, el 30 de octubre y el 19 de diciembre, la firma a cargo de la interventoría del contrato radicó informes sancionatorios en los que aseguraba que el contratista, la Unión Temporal Bucaramanga Inteligente, incumplía con múltiples requisitos estipulados en la ficha técnica de negociación (documento en donde se fijan las obligaciones del contratista cuando el proceso se realiza en la Bolsa Mercantil).

Sin embargo, a pesar del aviso del interventor señalando inconsistencias y errores, el 28 de diciembre de 2021, la Alcaldía concedió una prórroga de cuatro meses a la Unión Temporal. Y, en una extraña movida, suspendió el contrato de interventoría el 5 de enero. Es decir, el contrato siguió, pero sin quién vigilara su correcta operación. 

En su momento, la administración de Cárdenas explicó que la suspensión de la interventoría no fue una represalia por sus dos informes sancionatorios y que, por el contrario, se debía a que el contratista no ejecutaría acciones de campo durante los meses que duraría la prórroga. Incluso, ante los micrófonos de Caracol Radio, el asesor TIC de la Alcaldía, Édson Gómez, aseguró que el contrato estaría finalizado para el 3 de abril.

Pero eso no ocurrió. Según explicó el mismo Gómez a Cambio, dificultades en las importaciones de los equipos llevaron a que se concedieran otras dos prórrogas. Aún así, con los equipos ya en el país, todavía no es claro si la telegestión va a funcionar. 

Dos prórrogas más se otorgaron desde abril y el contrato de interventoría se reanudó el pasado 8 de junio para concluir solo un día después. Hasta el momento, no se ha designado otra interventoría y el contrato, que supuestamente está ejecutándose, volvió a quedar sin vigilancia.

La salida de la interventoría significó, en todo caso, la publicación de su informe final. Allí quedaron consignados todos los incumplimientos que hay hasta la fecha. Más de diez puntos en los que se resaltan problemas en la interfaz, violaciones a los lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), falta de soluciones para el registro fotográfico y la georreferenciación, ausencia de evaluación costo/beneficio del proyecto y quejas por el silencio de la administración y el alcalde ante los informes sancionatorios previamente presentados.

Sin embargo, desde la oficina TIC de la Alcaldía de Bucaramanga desestiman cada una de las afirmaciones del interventor. Curiosamente insisten en que el contrato en cuestión no requería interventoría debido a que se tramitó por la Bolsa Mercantil y que lo hicieron únicamente para “reforzar y blindar” su ejecución. 

“Eso (la interventoría) fue un capricho del secretario de Infraestructura, Iván Vargas, para dar más garantías a lo que se estaba haciendo. Todavía hay mucho desconocimiento sobre las contrataciones en la Bolsa Mercantil, entonces se accedió a contratar una interventoría. Lo que pasa ahora es que el interventor nunca se entendió con el contratista y quería ir más allá de los pliegos”, advirtió Sarahy Rojas, secretaria de Hacienda del municipio.

Frente a una pantalla gigante que proyecta la imagen de un computador, Rojas aseguró que el sistema de telegestión funciona y que ahorrará muchos costos a la ciudad. A simple vista parece un sistema que opera y recibe información sobre buena parte del alumbrado público. La ciudad tiene 52.000 luminarias y desde la oficina TIC se monitorean cerca de 14.500.

“Acá lo que se hace es recolectar información. Anteriormente, la única forma de arreglar una luz era ir físicamente y modificarla. Hoy, por ejemplo, sabemos que una tercera parte de las luces que monitoreamos presentan fallas y esa identificación es gracias a la telegestión. Esto redujo los viajes de los técnicos a revisar las luminarias”, señaló Édson Gómez.

Desde la oposición en el Concejo aseveran que el sistema no funciona como debería. Antonio Sanabria, cabildante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ha sido uno de los más críticos del contrato de telegestión y, en su criterio, se le causaría un detrimento patrimonial a la ciudad si se desembolsa el pago al contratista.

“Lo que se busca con la implementación de la telegestión es obtener una medida exacta con respecto al suministro que le cobra la Electrificadora de Santander a la oficina de alumbrado público. Actualmente se cobra por aforo y lo que ahora buscan es que se cobre en virtud de la medida que arrojen los fotocontroles que se van a instalar en cada luminaria. En la Alcaldía no han podido demostrar que esa medida sea exacta y correcta”, apuntó.

Lo irrefutable es que el contrato de telegestión terminó, finalmente, el pasado viernes 24 de junio. Cuando la ciudad esperaba otra prórroga, desde la Alcaldía anunciaron que procederán a su liquidación. Es decir, lo que sigue es el pago de los 14.680 millones de pesos. Esto implica que, en principio, se cumplieron a cabalidad cada una de las metas que se estipularon desde la formulación del proyecto. Sin embargo, permanecen las dudas que dejaron los informes presentados por la firma interventora. El alcalde Juan Carlos Cárdenas y su equipo contrataron la interventoría por 582 millones de pesos para, meses después, desechar cada uno de sus aportes y calificarlos como innecesarios. 

Y, mientras niegan la importancia de lo dicho por la interventora, se hizo público que el municipio celebró un contrato de mínima cuantía por 25 millones de pesos para llevar a cabo un muestreo en las luminarias de la ciudad y verificar el funcionamiento de los fotocontroles (necesarios para la telegestión). El concejal Sanabria criticó el contrato, calificándolo como “poco ético”, y al contratista, sobre el que indicó que tiene otros contratos con la actual administración.

“Desde la Secretaría de Infraestructura me indicaron que están esperando el informe de Wilman Morales (el contratista), que fue el que contrataron para hacer ese muestreo, para pagar. Eso es de muy mala presentación porque se trata de un ciudadano con contratos millonarios con el alumbrado público de Bucaramanga”, reclamó. 

Hoy en la capital de Santander no se habla de Rodolfo Hernández y su aspiración presidencial, sino de Juan Carlos Cárdenas y su embrollo con la telegestión del alumbrado público. El invento de Iván Vargas, su secretario de Infraestructura, es el que ahora le puede costar caro. La Alcaldía, según dicen sus funcionarios, no tenía la obligación de acceder a una interventoría y decidieron hacer uso de ella. Esa interventoría los dejó tan mal parados que los tiene a todos, desde los secretarios para abajo, defendiendo a capa y espada un contrato que, en otras circunstancias, la ciudad ni se habría enterado de su existencia.