Exclusiva: La fiscal habla sobre los casos de Papá Pitufo, la campaña de Petro y la UNGRD

Ha pasado un año desde que la recién elegida fiscal general recibió por primera y última vez a los medios para una entrevista. Ese día, directores y periodistas de varias casas editoriales hicieron fila para entablar un diálogo con ella. Con minutos de diferencia, la funcionaria citó a la prensa en pleno para una jornada maratónica de conversaciones. Una tras otra. 

Luz Adriana Camargo, con quien esa tarde de marzo del 2024 hablamos en una sala de juntas prestada de un edificio en el norte de Bogotá, nos manifestó que ella iba a ser “la fiscal más aburrida para los medios de comunicación”. Quería decir que, luego de la era mediática y estridente de Francisco Barbosa, el país iba a dejar de oír la voz del fiscal todos los días en los periódicos, la radio y la televisión. 

Esa promesa se ha cumplido, a tal punto que no son pocos los colombianos que reclaman una presencia más activa. Hay una sensación de que, como su cara y su voz no aparecen, Camargo no ha dado los resultados que se esperan de ella. Corrido un año de gestión, la opinión pública espera actuaciones concluyentes en casos tan importantes como los de la financiación irregular de campañas, los enredos de la familia del presidente, el desfalco en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y, más recientemente, el entramado de Diego Marín Alias Papá Pitufo. Camargo es una convencida de que el fiscal general, sea quien sea, debe hablar por sus decisiones y no a punta de titulares. 
 

Vea aquí la entrevista completa en vídeo aquí: 

Esta vez nos recibe en su despacho del sexto piso del impenetrable Búnker de la Fiscalía. Se le ve tranquila, segura de sí misma e inmune a las críticas diarias que recibe por no aparecer en los medios. Para ella es normal que los ciudadanos demanden resultados inmediatos en los procesos que ocupan las páginas de la prensa nacional. Sin embargo, dice que es necesario entender que los tiempos de la justicia no son los del periodismo, y que su labor requiere de estándares probatorios mucho más rigurosos. Su actitud sigue siendo la misma: evita dar detalles de casos específicos, prefiere las conversaciones sobre la táctica y la estrategia, cuida cada palabra y es difícil sacarle un titular. 

En una charla extensa, de casi 1 hora y media, Luz Adriana Camargo recibió a CAMBIO para hacer un corte de cuentas de su gestión. Y, aunque prefiere no hacerlo, contó lo que, a su juicio, puede saberse de cada caso sin torpedear investigaciones en curso. 

CAMBIO: Usted está a cargo de una entidad que maneja los temas de mayor relevancia en el Estado. Pero su voz se oye muy poco. ¿Por qué tanto silencio y distancia con los medios de comunicación?

Luz Adriana Camargo: Efectivamente cumplí la promesa de ser una fiscal aburrida para los medios. Mi equipo y yo nos hemos dedicado a trabajar arduamente en los temas técnicos. Me gusta que haya más Fiscalía que fiscal, y mi rol no consiste en estar dando declaraciones todos los días. Sin embargo, hemos hecho grandes esfuerzos en el área de comunicación y volvimos a abrir las puertas de la sala de prensa de la Fiscalía, que encontramos cerrada. Los corresponsales que nos cubren tienen las puertas abiertas y con ellos tengo una conexión más cercana que con ustedes, los directores. En un ejercicio de democratización, aquí les entregamos la misma información a todos. No soy amiga de las filtraciones ni de los favoritismos porque eso genera un desequilibrio informativo. Lo que pasa es que ustedes los directores estaban acostumbrados a que se les diera un trato preferencial y a que los buscaran para entregarles chivas. Nosotros no funcionamos así. Ahí están las audiencias públicas para que las cubran y los boletines de información que generamos a diario. 

CAMBIO: Es claro que usted no es amiga de los micrófonos. En eso se diferencia de su antecesor en el cargo. Pero es importante que se refiera a los casos de impacto nacional. Empecemos por el de Diego Marín, alias Papá Pitufo. El tema cogió vuelo cuando CAMBIO reveló la entrada de 500 millones de pesos en efectivo a la campaña de Gustavo Petro. ¿Antes de esa publicación, ya existía en la Fiscalía información sobre la entrada de ese dinero a la campaña del hoy presidente?

L.A.C.: Claro que sí. Cuando llegué a la Fiscalía existían varios procesos contra Diego Marín en más de una dirección. De hecho, ya se había hecho una imputación en la Dirección Especializada contra la Corrupción. También se había solicitado ante un juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento por temas relacionados con el contrabando y una red de corrupción vinculada a la Polfa. Así mismo,  ya había una solicitud de extradición radicada por la administración del fiscal Barbosa. No quiero referirme mucho al tema porque cuando un fiscal habla de investigaciones en curso se genera un impacto negativo. Yo ya estaba posesionada cuando esa solicitud de extradición fue concedida por España. Pero, infortunadamente, Marín estaba libre y pudo, al ser ciudadano español, cruzar la frontera hacia Portugal. Emitimos entonces una circular roja que sirvió como fundamento para arrestarlo en Portugal y esta administración hizo una nueva solicitud de extradición que va muy bien. Es cierto que el tema de Diego Marín lo refiere la investigación de CAMBIO, pero también lo es que desde antes de mi llegada la Fiscalía había avanzado. 

CAMBIO: Pero ninguna de esas líneas de investigación tenía que ver con el tema de la financiación de la campaña. A los 4 días de nuestra publicación, hubo un allanamiento a la mansión de Diego Marín en Guaymaral. Ahí se extrajo el material de más de 35 cámaras de seguridad en las que Papá Pitufo registraba todo. ¿Esos videos ya están en poder de la Fiscalía y son parte del proceso? 

L.A.C.: Sí.

CAMBIO: Ese material tiene que ser una caja de Pandora. Ahí está todo. Con eso el país podría saber con quiénes se reunía Papá Pitufo y para qué…

L.A.C.: En estos casos hacemos un proceso técnico de extracción de imágenes que van a ser sometidas a un análisis profundo. Eso es lo único que le puedo decir. 

CAMBIO: En el artículo de CAMBIO el país también supo que Xavier Vendrell y Néstor Daniel García Colorado recibieron la plata de Papá Pitufo. ¿De qué manera están vinculados ellos dos en el proceso?

L.A.C.: Eso hace parte de un proceso mucho mayor, que involucra a más de 30 personas. Hay varias líneas de investigación relacionadas con las actividades de Diego Marín. Una de ellas tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial. 

CAMBIO. Usted no nos va a contar quiénes son esas 30 personas, supongo…

L.A.C.: No, señor. 

CAMBIO: Este tipo de personajes, por lo general, no meten plata a una sola campaña. Ellos les apuestan a todos los caballos en la carrera para garantizar el triunfo... 

L.A.C.: Eso hace parte de nuestra línea de investigación. Es una realidad, y lo que usted dice es cierto, no solo en lo que tiene que ver con financiación electoral ilícita. Aquí se ha dicho que para la época de ese aporte no existían investigaciones. Pero cuando llegué encontré varias que venían incluso desde 2017. Nos enfrentamos entonces a un problema estructural de la Fiscalía: los procesos suelen ser muy lentos. Pero aquí deben regir una serie de garantías y, hasta que una persona no sea encontrada culpable, está amparada en su derecho a la presunción de inocencia.

CAMBIO: La gente entra a la prensa y ve pruebas, testimonios e incluso confesiones. Existe entonces una frustración por los tiempos. La justicia parece ir más lento que el periodismo…

L.A.C.: Me encanta que me haga esa observación y coincido totalmente con usted. Una cosa es la investigación periodística, que yo aplaudo porque nos sirve. Nosotros seguimos muy atentamente muchas de las investigaciones de los medios. Pero el mundo judicial exige otro tipo de estándares y una mayor exigencia probatoria. En la Fiscalía investigamos para judicializar o capturar y no al revés. Esta entidad venía en una mecánica muy peligrosa con un número enorme de capturas efectuadas a partir de elementos muy precarios que luego terminaban cayéndose ante un juez. No puede ser que el estándar de medición de la actividad de la Fiscalía sea emitir órdenes de captura.

CAMBIO: Así lo presentaba su antecesor, el fiscal Barbosa. En sus cifras, la simple apertura de un proceso era registrada como un caso resuelto. ¿Qué tiene que decir sobre eso?

L.A.C.: Yo he sido muy crítica de ese sistema. Estoy cumpliendo una orden de la Corte Constitucional que, antes de que yo llegara, pidió a la Fiscalía que revisara el llamado ‘índice de esclarecimiento’. En la pasada administración, cuando se identificaba una persona que podía ser capturada, el caso se chequeaba como resuelto. Eso es lo grave.

CAMBIO: Usted está siendo muy diplomática. Pero en realidad lo que dice es que Barbosa le dejó una maraña muy difícil de desenredar.

L.A.C.: Nosotros lo que hemos hecho, para seguir siendo diplomática, es redefinir los indicadores de medición de resultados. 

CAMBO: Para cerrar el tema de su antecesor, quiero preguntarle por un cuento llamativo. ¿Es cierto que hubo una diferencia entre Barbosa y los funcionarios de seguridad de la entidad porque él pretendía tener más escoltas y camionetas como exfiscal que usted como fiscal en propiedad? 

L.A.C.: Ese es un tema del que se ocupa el director de Protección y Asistencia. La entidad les brinda protección a todos los exfiscales que han pasado por acá porque entendemos que esta es una actividad muy compleja. 

CAMBIO: Bueno, sigue usted muy diplomática. Volvamos al tema de campaña. CAMBIO reveló también que el entonces candidato Gustavo Petro le ordenó a Augusto Rodríguez poner en marcha una operación clandestina para devolver el dinero que Papá Pitufo había aportado a la campaña. ¿Al no haber alertado a las autoridades, el candidato pudo haber incurrido en una conducta punible? ¿Por ejemplo, omisión de denuncia?

L.A.C.: Creo que hay más problemas jurídicos que nosotros como Fiscalía tendríamos que resolver, porque la conducta que ahí se estaría investigando es la de financiamiento ilícito de campañas políticas. Es decir, del ingreso de dineros vinculados al crimen organizado. Pero eso supondría tener despejadas otras hipótesis. 

CAMBIO: ¿Pero la omisión de denuncia cabría dentro de una de esas hipótesis?

L.A.C.: Acuérdese de que la omisión de denuncia es una conducta de sujeto activo calificado. Usted conoce bien esos detalles. Eso quiere decir que la omisión de denuncia solo es delito cuando quien omite la denuncia es un servidor público. 

CAMBIO: Un senador, por ejemplo. Gustavo Petro era un servidor público, y por eso se lo pregunto: ¿pudo haberse tipificado el delito?

L.A.C.: Podría estar dentro de las hipótesis de trabajo. Eso es justamente lo que hace un fiscal: trazar todas las hipótesis posibles y hacer la dirección jurídica del caso. De acuerdo con eso, arma un plan de investigación con su equipo para despejar esas hipótesis. 

CAMBIO: Cuando se hizo esa operación de devolución, Gustavo Petro pidió que se grabara. La opinión pública no conoce el video, pero nosotros pudimos verlo. No nos lo entregaron, pero nos lo mostraron. ¿La Fiscalía lo tiene?

L.A.C.: No tengo el detalle. 

CAMBIO: A Papá Pitufo le avisaron que iban a capturarlo y por eso se pudo escapar. Su nivel de infiltración era grande y lo sigue siendo. ¿Usted hoy tiene plena confianza en los funcionarios que están trabajando el tema dentro de la entidad? ¿Está segura de que Marín ya no tiene infiltrados?

L.A.C.: Yo lo que tengo es plena garantía de que estamos ejerciendo controles adecuados para tener confianza en el desarrollo de esa investigación. Yo no puedo garantizar, ni yo ni nadie, que una organización del calado de la que estamos hablando no intente penetrar no solo a la Policía Fiscal y Aduanera, sino a otras entidades, incluida la propia Fiscalía. Eso hay que tenerlo en el radar en la conformación de equipos y en el establecimiento de una serie de controles de cómo se desarrolla la investigación. Por eso decidimos que este caso fuera manejado directamente por fiscales delegados ante la Corte. 

CAMBIO: Se lo pregunto porque en este caso ha habido varios cambios de fiscales. Lo tuvo Andrés Marín durante cuatro años y usted decidió relevarlo del caso en plena audiencia. Nos dicen que eso ocurrió cuando el fiscal Marín estaba a punto de solicitar órdenes de captura. Usted puso entonces el proceso en cabeza de la fiscal Paola Londoño con el argumento de que ella tenía más avanzada la investigación. ¿Por qué dio esa orden en plena audiencia? 

L.A.C.: El fiscal Marín tenía el caso hace 4 años y no había pasado nada. Es la fiscal Paola, en Anticorrupción, la que judicializa ese caso. Solicita una orden de captura por unos cohechos que es concedida y lo hace antes de que yo llegue a la Fiscalía. Y con fundamentos en esa orden de captura se hace la solicitud de extradición a España. Cuando llego, me doy cuenta de que había una duplicidad en las investigaciones de Paola Londoño y las de Andrés Marín. Este último, en realidad, manejaba casos por cohecho en la Polfa. Quiero hacer claridad de que la decisión de unificarlos en el radicado que lideraba Paola en Corrupción se dio antes de la audiencia que usted menciona. Ella iba más adelantada. 

CAMBIO. ¿O sea que usted saca al fiscal Andrés Marín por falta de resultados? 

L.A.C.: Ese es un ingrediente, pero además hay otro agravante: ahí no había un solo evento de contrabando, que es su tema. Había cohechos. Y eso es una competencia de la especialidad de Corrupción. Entonces se ordena que se unifiquen a ese radicado, pero el fiscal Marín se queda con unos casos. Porque él no tenía dos casos, sino más de siete. Y es con uno de esos casos que se va a donde un juez a solicitar una orden de captura. 

CAMBIO: Entonces, según usted, el fiscal Marín actuó de manera insurrecta…

L.A.C.: Correcto. Además me informaron una cosa que él mismo ha ratificado ante los medios, revelando información reservada: se estaban solicitando órdenes de captura entre las cuales se incluía una contra un agente encubierto. Esa es la razón por la que, en ese momento, se toma esa decisión. 

CAMBIO: Pero eso sucedió en plena audiencia. ¿Cómo fue el detrás de cámaras del episodio? ¿A usted la llaman a contarle y decide apartarlo del caso de manera inmediata?

L.A.C.: Sí. En este momento tenemos una investigación abierta contra el fiscal Andrés Marín por revelación de secreto. Por eso quisiera abstenerme de seguir hablando del tema, porque no quiero comprometer a la fiscal que tenga a cargo esa investigación. Ha habido mucha desinformación al respecto. Usted ahora seguramente me preguntará porqué entonces le quite luego el caso a la fiscal Paola Londoño. La respuesta es sencilla: es una fiscal muy juiciosa y muy destacada, pero es una fiscal local sin mayor experiencia en juicio. Con esto no quiero, de ninguna manera, menospreciar su trabajo. Todo lo contrario. Estoy agradecida con ella. Simplemente un caso de tanta relevancia como este no puede adelantarlo un fiscal local, que es el escalafón más pequeño dentro de la jerarquía de fiscales. Por eso ahora está en cabeza de Jorge Velasco, que es fiscal delegado ante la Corte.

CAMBIO: ¿En que van los allanamientos y la extinción del dominio de los otros 23 bienes de Papá Pitufo que tienen mapeados en el proceso?

L.A.C.: En la delegada para la Finanzas Criminales tratamos de hacer un buen mapeo de temas patrimoniales y empresariales vinculados a redes de delincuencia organizada, para obtener una información mucho más robusta antes de adelantar acciones de ocupación. Nuevamente, aquí funciona la misma regla: investigamos para judicializar y, si es del caso, solicitar captura en los procesos penales. Y no al revés. Porque sería muy fácil empezar a ocupar bienes de personas vinculadas aparentemente a esa red. 

CAMBIO: El periodista Daniel Coronell reveló en la W Radio que Luis Carlos Reyes, saliente ministro de Comercio y entonces director de la DIAN, le entregó a usted una lista de congresistas, ministros y otros aforados que fueron a pedir puestos. ¿Qué hizo usted cuando recibió ese listado? 

L.A.C.: Esa lista no tenía ministros.

CAMBIO: Sí señora. Tenía a José Antonio Ocampo. Entonces ministro de Hacienda…

L.A.C.: Bueno, pero no pidiendo puestos. Efectivamente, yo tuve una reunión con el saliente ministro de Comercio, pero no voy a revelar qué pasó en esa conversación. El tema de la lista lo teníamos como un material de trabajo para investigar a las personas señaladas en el listado, porque estábamos verificando una red de contrabando de gran calado. Sin embargo, el hecho de que el listado se revele es un revés para nosotros. La perspectiva que se ha visto desde los medios de comunicación es qué pasa con esas personas que recomendaban y yo tuve bastantes críticas porque, a la salida de un evento, me lo preguntaron y yo dije que, en principio, recomendar no es delito. Y lo sigo considerando. 

CAMBIO: Ahí está lo interesante del tema, porque hay una línea delgada entre entregar una hoja de vida e incurrir formalmente en una conducta punible, como el tráfico de influencias. 

L.A.C.: No es tan delgada. Es una línea más bien gruesa. Tendrían que pasar varias cosas para que, en principio, se entendiera que allí hay tráfico de influencias. La primera es que este delito requiere que yo tenga algún tipo de poder sobre la persona sobre la cual ejerzo la influencia, para que ella tenga que decirme que sí. 

CAMBIO: Esa es una prueba fregada, porque es bien subjetiva. Es decir, ¿un senador podría tener poder sobre el director de la Dian? Es posible; un ministro, de golpe también; el hermano del presidente, con toda seguridad. 

L.A.C.: Esa es probatoria. Recuerdo que cuando hablamos con el ministro Reyes, él refirió que esos recomendados no habían sido nombrados. Además, yo no investigo congresistas. Y yo tendría que tener la íntima convicción de que ahí hubo un delito para hacer una compulsa de copias. Ahora, cuando esto se hizo público, una magistrada de la Sala de Instrucción solicitó que le entregáramos el listado, e inmediatamente se lo entregamos. No lo envié de oficio en su momento, porque no veo la comisión de un delito ahí. Pero hay un indicio para jalar la pita desde otra perspectiva que me llama más la atención: si estas personas recomendadas están ahí, ¿qué hacen en la Dian si son eventualmente parte de una red? Es decir, eso podría tener otra dimensión distinta al hecho de recomendar, que es tal vez la anécdota. 

CAMBIO: Pero la naturaleza de los cargos solicitados también puede ser un indicio. ¿Por qué a un senador le interesa un cargo sensible en el puerto de Buenaventura?

L.A.C.: Eso hace parte de lo que nosotros jocosamente llamamos la ‘sospecha de indicio’. Lo que le quiero significar es que esa información no es que no sirva, claro que sirve, pero no es concluyente. Y más allá de eso, ¿qué es lo que usted debería buscar tras esa información? 

CAMBIO: Debería buscar si hay elementos para una compulsa de copias, supongo.

L.A.C.: Pues tal vez lo menos conveniente sería hacer una compulsa de copias por arriba, cuando usted lo que tiene que empezar es una investigación para ver si esas personas hacen parte o no de una red, e ir escalando. O sea, se trata de estrategias de investigación. Yo, por ejemplo, no tengo el deber de investigar congresistas. Y si surgen elementos con los cuales se evidencia la comisión de un delito, pues yo compulso copias…

CAMBIO: ¿Y eso es algo que está en el radar hoy?

L.A.C.: Es que la lista ya se envió a la Corte. Ya me la pidieron, ya se las envié: ya no la voy a compulsar, porque ya la tienen ellos. Algo así sucedió, por ejemplo, en diciembre, en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGDR): una persona que está siendo investigada reveló una lista de congresistas que también habrían influido por proyectos o habrían sido beneficiarios de ellos. Y esta lista se envió a la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente, por una razón: esa corte tiene aperturados no uno, sino al menos tres casos sobre esa temática. 

CAMBIO: Quiero preguntarle por otra de las revelaciones recientes del periodista Daniel Coronell: la visita de Juan Fernando Petro a pedir puestos en la Dian, en compañía de un lobista de Papá Pitufo. Reyes se negó, pero el señor John Freddy Restrepo después acabó, por otra vía, nombrado  en la dirección de Operaciones de Impuestos y Aduanas del puerto. ¿Hay una investigación en curso contra el hermano del presidente por esos hechos? 

L.A.C: Hay una investigación por esos hechos. 

CAMBIO: ¿Una investigación que incluye al hermano del presidente?

L.A.C: Hay una investigación por esos hechos… 

CAMBIO: Hablando de la familia presidencial, surge una pregunta obligada: ¿En qué va el proceso contra Nicolás Petro? ¿Sigue sobre la mesa la posibilidad de un principio de oportunidad?

L.A.C.: Nosotros nunca descartamos posibilidades de negociación o de aplicación de mecanismos de terminación abreviada de procesos donde son posibles. Y ahí sería posible. Efectivamente, ha existido o existió algún interés de la defensa por hacer un acercamiento para lograr una sentencia preacordada, pero no pudimos ponernos de acuerdo con la defensa en los términos de ese acuerdo. 

CAMBIO: CAMBIO publicó detalles de esa negociación y entiendo que ese artículo complicó la cosa…

L.A.C.: No, eso no tuvo nada que ver, aunque eso sí genera malos climas. Pero no detiene los procesos de negociación. Uno aspira a que quienes participan en una negociación de esa naturaleza guarden la reserva debida para poder llegar felizmente a acuerdos. Pero ese no es el problema en este caso, sino que la fiscal que lo tiene no se ha puesto de acuerdo con la defensa y yo veo muy difícil que eso suceda. Este caso ya estaba en juicio cuando yo llegué a la Fiscalía y ya ella había acusado a Nicolás Petro. Ya se había iniciado la fase procesal del juicio, y se había agotado o se estaba agotando la audiencia de presentación de esa acusación. Y a nosotros nos ha correspondido adelantar muchísimas sesiones de la audiencia preparatoria, más de las que yo desearía que correspondan a un caso que, a mi juicio, no es tan complicado. Pero nosotros lo recibimos con 122 informes de Policía Judicial. Ya estamos concluyendo y debemos estar en momentos de casi concluir la preparatoria. La fase que sigue es el juicio oral, público.

CAMBIO: El caso era bastante fácil, fiscal. ¿Pero la puerta del preacuerdo sigue abierta?

L.A.C.: Sí. La puerta siempre está abierta, pero hacer un acuerdo significa que es de doble vía.

CAMBIO: Transcendió también la petición del hijo del presidente de un permiso de trabajo. ¿Eso es algo que pueda ser posible?

L.A.C.: Esos detalles no los manejo yo. Si me ocupara de ello, proceso a proceso, no haría el trabajo que tengo que hacer como fiscal general, que no es precisamente el de hacerle seguimiento a detalle a los casos que están en el radar de la prensa nacional.

CAMBIO: Otro de esos casos es el de la Unidad de Gestión de Riesgo. Allí también hay está planteado un preacuerdo con Sandra Ortiz, que está en el mismo estado… 

L.A.C.: Yo le puedo contar los preacuerdos que tenemos. Hemos trabajado arduamente y en este momento tenemos seis preacuerdos combinados con principio de oportunidad. En este caso, no hay ningún principio de oportunidad solitario. El grupo de fiscales que están trabajando este caso han logrado algo que es muy importante y es combinar los dos mecanismos de negociación que son: principio de oportunidad y preacuerdos. De manera que, con estas personas, que no son miembros insignificantes de este entramado de corrupción –está el director de la UNGDR, el subdirector, asesores– llegamos a unos acuerdos en los que, aunque la aspiración natural de sus abogados era inmunidad total, hicimos un principio de oportunidad y una sentencia preacordada para que estas conductas, que son graves para Colombia, no queden también sin el componente de justicia que creemos deben tener.

CAMBIO: ¿Y con una reducción de penas? 

L.A.C.: La sentencia preacordada tiene una reducción de penas. Pero además tiene una ventaja y es que trae implícita la obligación de reparar. Entonces, nosotros no solo estábamos trabajando para lograr una sentencia mucho más rápida que una ordinaria, sino también una de la que se deriva un acto reparatorio en plata. De hecho, a la fecha ya tenemos recaudados alrededor de 4.000 millones de pesos. Lo que es cierto y ese es tal vez el mensaje que quiero entregar, es que cuando nosotros logramos un preacuerdo o pactamos un principio de oportunidad, no pierde la sociedad.

CAMBIO: El principio de oportunidad trata de ir siempre por un pez más gordo…

L.A.C: Exacto. De hecho, estas personas con las que hemos logrado esos acuerdos tienen el compromiso de servir de testigos en los juicios. Para allá es para donde estamos apuntando.

CAMBIO: Quiero preguntarle por un tema que quedó en punta. El día que los abogados defensores de Olmedo López y Sneyder Pinilla señalaron a Sandra Ortíz, también metieron al baile a Andrés Idárraga, actual secretario de Transparencia. La salida del gobierno de ambos se anunció al tiempo. Sin embargo, luego de una conversación entre Gustavo Petro e Idárraga, el presidente aceptó las explicaciones y lo mantuvo en el cargo. ¿Hoy Andrés Idárraga está vinculado al proceso de la UNGRD?

L.A.C: Nosotros hemos sido absolutamente claros y transparentes en la entrega de información. En las audiencias se sabe hacia qué funcionarios se dirigen los señalamientos o quienes pueden ser potenciales testigos. Si el señor Idárraga no aparece en las audiencias posteriores es porque, efectivamente, no hay nada en contra de él más allá de una mención. 

CAMBIO: Se lo pregunto porque usted tuvo un contrato con él en la Secretaría de Transparencia. Y hay un sector que se ha planteado recusarla alegando una inhabilidad si el doctor Idárraga acaba vinculado en el proceso. 

L.A.C: No lo sabía. Tuve una asesoría con la Secretaría que duró 30 días. Eso no constituye ninguna causal de impedimento. Pero si alguien lo considera así, pues que me recusen. 

CAMBIO: Fiscal, está a punto de cumplir un año al mando. No sabemos cuándo vayamos a sentarnos de nuevo porque el acceso a usted es escaso. ¿Cómo quisiera que la recuerden?

L.A.C.: Yo dije que quería ser una fiscal aburrida. Anticipé que iba a serlo y lo he cumplido. Probablemente, cuando hablo lo hago más sobre lo estratégico. Hemos adelantado una gestión de transparencia y estamos poniendo la casa en orden. A veces se cae en el error de pensar en legados personalistas. Ese no es mi estilo. Yo estoy en la tarea de diseñar y estrategias y estructuras de priorización que lleven a la Fiscalía a su máximo potencial. Quisiera que me recordaran como la mujer que logró poner a marchar una entidad con procedimientos serios y visión de largo plazo para que así, quien me suceda en el cargo, tenga la oportunidad de hacer una excelente fiscalía. 

CAMBIO: Quisiera terminar preguntándole por un rumor. A usted, con cierto tono de machismo, le decían que era la candidata de Iván Velásquez. Como ese nombre tenía mal ambiente en la Corte, le tocó cantar con anticipación a su vicefiscal para garantizarles a los magistrados preocupados que el entonces ministro no ocuparía ese cargo. Ahora Iván Velasquez ya no está de ministro, se ha dicho que podría ser el nuevo vicefiscal. ¿Eso tiene algún fundamento o usted piensa mantener la promesa que entonces le hizo a la Corte?

L.A.C.: Esa no fue una estigmatización que tuviera algo de machista, sino mucho de machista. Eso de ser “la de Velasquez” es un calificativo que no acepto. Lo considero un gran jurista y lo admiro. Pero mi vicefiscal ha hecho un gran trabajo y no tengo ninguna intención de cambiarlo.