Exclusivo: las sombras de Emilio Tapia y Álvaro Cruz en la vía de la tragedia en Chocó
ICM Ingenieros e Intec de la Costa, las mismas empresas que protagonizaron el escándalo de Centros Poblados, ganaron hace ocho años el contrato para el mejoramiento del sector siete de la vía. En 2019, cuando Tapia salió de la cárcel, compró esas empresas y, junto con su primo, se quedó con el tramo donde ocurrió el derrumbe. Esta es la historia.
Por: Paola Herrera
El rastro del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz del contratista Emilio Tapia, y de Juan José Laverde, el asegurador involucrado en el escándalo de Centros Poblados, llegó hasta la vía Medellín-Quibdó, donde el pasado viernes ocurrió una de las emergencias viales más grandes de los últimos años en Colombia: un alud de tierra que sepultó al menos a 50 personas en el sector conocido como El Siete. Hasta el momento, el número de personas muertas asciende a 39.
La influencia de los oscuros contratistas se advierte en el contrato que el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregó hace ocho años para el mejoramiento de la vía Transversal Medellín-Quibdó en el sector 2, el cual comprende los tramos entre El Siete y El Doce, y que después de una licitación obtuvo el consorcio Vías para el Chocó por un valor de 117.631 millones de pesos .
Ese consorcio, según informó en ese entonces el instituto, estaba integrado por las empresas Infraestructura Belmira SAS, con el 25 por ciento de participación; Intec de la Costa, con el 20 por ciento; ICM Ingenieros, con el 50 por ciento, y Corvez Ingenieria y Servicios de Colombia, con el 5 por ciento restante.
El contratista de ese corredor vial empezó a ejecutar la obra hasta cuando en 2021 estalló el escándalo de Centros Poblados, que involucró a Emilio Tapia por un polémico contrato con el MinTic para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales en todo el país.
En ese proceso se registraron varias irregularidades, desde la presentación de pólizas falsas hasta el pago de un anticipo por 70.000 millones de pesos que, hasta la fecha, no se han recuperado.
En medio de las investigaciones periodísticas de ese entonces, se reveló que el señor Tapia era dueño de tres de las cuatro empresas que conformaban el consorcio Centros Poblados, entre las que figuraban ICM Ingenieros e Intec de la Costa, que también aparecían como beneficiarias del contrato de un tramo en el corredor que de Medellín llega a Quibdó y que hoy es protagonista por la tragedia vial.
En 2017 se adjudicaron los diez kilómetros de esa vía, en el sector donde hace unos días se presentó el derrumbe. Para ese entonces, la empresa ICM Ingenieros era de propiedad del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz. Intec de la Costa, por su parte, también tenía otro dueño. Ambas empresas fueron vendidas a Tapia, con todo y contrato, justo en 2019, cuando el empresario, protagonista del carrusel de la contratación en Bogotá, recuperó su libertad después de haber pasado su primer periodo de cárcel.
Emilio Tapia le compró ICM Ingenieros al exgobernador Cruz porque la otra empresa, Infraestructura Belmira SAS, socia en dicho proyecto vial de Chocó, pertenecía a su primo Juan Carlos Aldana, quien lo convenció de meterse al negocio para retomar sus actividades empresariales.
La llegada de Tapia coincidió con los primeros problemas en la vía. En medio de la ejecución de las obras, las comunidades empezaron a obstaculizarla para que el proyecto no continuara. Una de las comunidades indígenas que participó en la parálisis de las obras cuando estaba en manos de ICM sería la misma que protagonizó una protesta el día en que ocurrió el alud.
La decisión del Ministerio de las TIC de caducar el contrato que tenía Centros Poblados generó un efecto dominó. Pronto, otros proyectos de las empresas de Tapia con el Estado empezaron a cancelarse. Esa inhabilidad sobreviniente hizo que el Invías comenzara otro proceso buscando la cesión del contrato.
Una fuente que para ese año trabajó en el Invías le explicó a CAMBIO que lo que se hizo fue prácticamente una nueva licitación para encontrar un contratista que cumpliera con todos los requisitos financieros, técnicos y legales que exige una obra de esa magnitud.
El problema radica en que se permitió que el consorcio de Emilio Tapia, previo dueño del contrato, propusiera los nombres de aquellas empresas que lo podrían suceder.
Aunque el Invías hizo toda la evaluación, y en su momento dijo que encontró al consorcio idóneo para cederle el contrato, el proyecto de los diez kilómetros en la vía Quibdó-Medellín pasó a manos de la unión temporal Conexión Antioquía, de la que hacen parte las empresas Trainco y Explanan. Casualmente, ambas fueron clientes de Juan José Laverde, dueño de Rave Seguros, la empresa por medio de la cual se compraron las pólizas falsas para el contrato con el MinTic.
CAMBIO revisó el contrato y evidenció que, al ser una obra pública, por exigencia del Invías se debe alternar pavimentación con tratamiento de taludes. No obstante, fuentes del sector de la ingeniería aseguran que, al ser esa serranía muy inestable, por más estudios previos, las montañas cambian constantemente de dinámica y es muy difícil saber dónde habrá derrumbes.
Cuando Emilio Tapia regresó a la cárcel por el caso del contrato con MinTic y le quitaron la vía en Chocó, la ejecución de ese proyecto apenas llevaba el 36 por ciento de avance. Llama la atención que los otros contratos que se entregaron para más tramos de ese mismo corredor, y que quedaron en manos de otras empresas, lograron avanzar a mayor velocidad con las obras y durante el tiempo establecido para hacerlo.
