Centros Poblados: Emilio Tapia quiere devolver lo que se robó, pero no en plata.

"Este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. Si ellos quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir es la plata". Con esta declaración el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, acabó de tajo con el trabajo que por meses adelantó la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, cabezas del robó de los 70.000 millones de Centros Poblados, repararan con algo al Estado y a la sociedad colombiana.

Y es que han pasado más de dos años y medio desde que estalló el escándalo de corrupción. Las cabezas del tumbe están identificadas y en su mayoría presos, pero la plata no se ha recuperado. Las autoridades solo han rescatado 3.300 millones de pesos y cada día que pasa las posibilidades de recuperarla son menores. De ahí que, sin mucha bulla, se venía trabajando en un camino poco convencional: la justicia restaurativa, un instrumento consignado en el Código de Procedimiento Penal, que se inscribe en el plano de las soluciones amistosas y con el cual se avanzaba en una propuesta de mediación hasta el pasado 16 de mayo, cuando Lizcano dio un golpe en la mesa y tumbó el tablero.

CAMBIO conoció la propuesta de mediación que llevaron los corruptos contratistas Emilio Tapia y Luis Fernando Duque ante el consultorio jurídico de la Universidad Libre en la que expusieron sus compromisos para reparar a Colombia. En el documento reconocen haber recibido un anticipo de más de 70.243 millones de pesos mediante dos giros, y admiten que entre los dos se robaron poco menos de 15.245 millones de pesos  de la siguiente manera: Tapia se quedó con 6.182 millones, y Duque con 9.062 millones. El resto del dinero, según señalan, fue utilizado para la compra de equipos por 55.000 millones de pesos. Equipos que están en manos de la Dian y que podrían ser puestos al servicio de los ciudadanos si se reconoce el camino de la justicia restaurativa.

Tapia y Luis Fernando Duque sostienen que, dado que la repartición del anticipo debía dividirse en partes iguales, cada uno debe responder por 27.500 millones de pesos, además de los dineros que se robaron. Sin más, los contratistas presos hacen una propuesta económica descarnada pero que, al mismo tiempo, se convierte en un camino realista para recuperar la plata robada. En esos términos, los contratistas proponen la entrega al Estado de un lote que, en su decir, tiene un valor comercial de 37.551 millones de pesos. De otro lado, Tapia y Duque piden que se descuenten de su propuesta de reparación los 1.400 millones que les fueron decomisados mediante las medidas cautelares decretadas a sus cuentas bancarias. 

Además de las reparaciones económicas, los tristemente célebres contratistas proponen seguir adelante con la ejecución del contrato. Dicen que están dispuestos a poner a funcionar 222 centros digitales ubicados en Bolívar y Magdalena. A pesar de que están presos y dicen no tener un centavo en el bolsillo, aseguran que están en capacidad de dotarlos de equipos y realizar los estudios necesarios. Según las cuentas de Tapia y Duque la puesta en marcha de cada uno de esos centros tendría un valor cercano a los 50 millones de pesos. Es decir, los 222 centros equivaldrían a una reparación al Estado de 11.000 millones adicionales que, en lugar de entrar a las arcas públicas, llegaría de manera directa y tangible a la comunidad que resultó afectada por sus actividades delincuenciales.

Para cerrar la ecuación, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque proponen instalar la conexión de internet satelital en cada uno de los centros habilitados garantizada por dos años. Este servicio, que se prestaría en los mismos términos en que se licitó y con un operador internacional, sumaría a la bolsa de reparación 10.700 millones más. En conclusión, sumando el lote, la plata que ya se les quitó, y la puesta en operación de los 222 centros digitales, los contratistas aseguran que habrán reparado al Estado en 60.752 millones de pesos. Es decir, si se llegase a perfeccionar un acuerdo, y Tapia y Duque cumplieran con sus compromisos -lo cual resulta altamente improbable dado el historial de reincidencia en el crimen de los personajes en cuestión- quedarían faltando unos 10.000 millones de la plata que desaparecieron. 

Para llegar a esta propuesta han pasado más de dos años y medio. La Fiscalía mantiene judicializados a Tapia, Duque, a Juan Carlos Ángel Cáceres y a varias personas más. El ente acusador adelanta 11 acciones penales, algunas en etapa de juicio, otras en audiencia de acusación, unas más en audiencia preparatoria y alguna en etapa de indagación. Se han intentado varios preacuerdos, pero hasta el momento ninguno está en firme. En lo que sí se ha avanzado es en este proceso de mediación.

Esta figura se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Penal, y aunque su utilización ha sido para resolver asuntos de convivencia, la Fiscalía General de la Nación emitió en mayo de 2022 una resolución que adopta “el manual de justicia restaurativa” como un mecanismo que puede ser útil para recuperar dineros perdidos en grandes casos de corrupción. Dicho manual define unos lineamientos para que en un consultorio jurídico independiente y certificado por la Fiscalía se realice el ejercicio de mediación del cual se derive un acuerdo para reparar a las víctimas. En este caso la Universidad Libre prestó los servicios, y el proceso ha sido acompañado por ente acusador y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Y como no existe una negociación posible sin que las dos partes cedan algo,  la otra punta de este proceso toma forma en los beneficios penales y administrativos que tanto Tapia como Duque esperan recibir. Ellos piden, por ejemplo, que la Superintendencia de Sociedades no liquide ICM ingenieros SAS; se levanten las medidas que la Contraloría General de la República ha decretado contra los bienes muebles e inmuebles de dicha compañía; se revoquen las medidas cautelares sobre los bienes y las cuentas bancarias de los dos contratistas presos. Piden también desistir de la acción popular adelantada por la Procuraduría General de la Nación; de las demandas instauradas por el Ministerio TIC; desistir de los cobros coactivos; finalizar el proceso fiscal adelantado por la Contraloría e incorporar el acuerdo al proceso penal. Solicitudes prácticamente inviables para el Estado y que de seguro les serían negadas.

Los procesados además de reparar al Estado y de poner en funcionamiento los centros digitales que se robaron, se comprometen a pagar las condenas que se les impongan en centros carcelarios, y desisten de solicitar la libertad por el vencimiento de términos. Sin embargo, la propuesta de mediación de quienes crearon un sofisticado entramado de corrupción y se apropiaron de 70.000 millones, quedó en el aire luego de que el ministro Lizcano considerara que la única reparación posible es con plata contante y sonante. Lo que parece no tener tan claro el ministro es que por la vía ordinaria se han recuperado apenas 3.300 millones de pesos. 

Y aunque la vía de la justicia puramente punitiva parece no haber dado los frutos esperados, muchos colombianos, que con razón ya no creen en las palabras ni de Tapia ni de su socio, consideran que la búsqueda de una mediación no es más que otra de sus tantas estrategias para garantizar su impunidad perpetua y estructurar un nuevo tumbe. Y en esto va el novelón del famoso escándalo de Centros Poblados.