Centros poblados: primera reunión para mirar cómo Emilio Tapia y Luis Fernando Duque buscan 'restaurar' al Estado
11 Abril 2023

Centros poblados: primera reunión para mirar cómo Emilio Tapia y Luis Fernando Duque buscan 'restaurar' al Estado

Emilio Tapia y Luis Fernando Duque.

Crédito: Foto: Yamith Mariño

El próximo sábado se reunirán el contratista Emilio Tapia; el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque y representantes de la Universidad Libre, para que los procesados presenten sus propuestas sobre cómo restaurarán al Estado por el fallido contrato de Centros Poblados.

Por: Sylvia Charry

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El próximo sábado a las 9 de la mañana está citada una reunión que es trascendental para el futuro de las negociaciones del contratista Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, con la justicia colombiana. Se trata del primer ‘cara a cara’ entre Tapia, Duque y representantes de la Universidad Libre, en el proceso de mediación que hará la institución para que los presuntos responsables del andamiaje de corrupción del contrato de los Centros Poblados “restauren” al estado poniendo a funcionar los equipos que fueron adquiridos para llevar internet a varias zonas rurales del país. La intención de los procesados es que también reciban beneficios judiciales. El sábado, arranca la carrera para lograrlo.

La primera reunión fue fijada por la universidad dentro de su plan de trabajo y será para que los procesados hagan sus propuestas sobre el novedoso proceso de restauración. El INPEC deberá determinar cómo los traslada a la Universidad Libre de Barranquilla, que es el lugar de la cita.

Con base en la idea que presenten los procesados, la institución deberá analizar costos y, de acuerdo con los parámetros que se fijen, citará una segunda reunión para presentarle la propuesta final a la Agencia Jurídica del Estado. Esa entidad será la que determine si con la ejecución de esa idea se restauraría de manera definitiva al Estado.

“Con la plata del contrato se compró una gran cantidad de equipos, muchos de los cuales fueron instalados, pero no fueron recibidos por la anterior Ministra Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en este momento no se pueden recibir. Entonces, Emilio Tapia y Luis Fernando Duque reintegrarían la parte de la que se apropiaron, pero, además de ello, asumirían el compromiso de activar los puntos que estaban pendientes y que no hayan sido asumidos por el nuevo contratista, que es ETB. También, por ejemplo, si en esas zonas ese contratista tiene que poner sus puntos, se retirarían los instalados para ser puestos en nuevos puntos. Esto, sin costo para el Estado y como parte del proceso de restauración integral al que tapia y Duque quieren comprometerse”, explicaron fuentes del caso.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CAMBIO que la mediación no ha tenido mayores avances, pero que tiene como fin lograr una reducción representativa en la pena dentro de un preacuerdo que se ha venido discutiendo con Tapia, en el cual entrarían los delitos por los que está siendo procesado: falsedad, fraude procesal y peculado. Con el proceso de restauración, Duque también buscaría mejorar las condiciones del preacuerdo que ya le fue otorgado.

La reunión exploratoria es definitiva para el futuro de la restauración que quieren hacer los procesados al estado colombiano por el daño causado, pero además sería como una señal de futuros beneficios judiciales para ambos en el caso en el que son procesados por el contrato de los Centros Poblados, que tenía como objeto la conectividad de las zonas rurales del país.

Los cálculos de la Fiscalía

Según las cuentas de la Fiscalía, el empresario Juan Carlos Cáceres, representante de la fundación Novotic, que hacía parte de la Unión Temporal, se habría apropiado de 9.062'301.903 pesos; Tapia se habría apropiado en provecho suyo de 5.063'623.890 pesos, y  de 1.118'427.000 pesos en favor de terceros. Es decir que, según las pesquisas, 15.244'952.946 pesos quedaron en bolsillos de particulares cuando esos dineros, que eran parte del anticipo de la contratación, que sumaba un total de un billón de pesos, debían ser invertidos en el internet de las zonas rurales. El resto de dineros estarían invertidos en equipos.

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