La ONU, intromisiones y conflictos de interés en el Gobierno Petro

Laura Ximena Ramos Torres es una mujer con trayectoria en el sector humanitario. Lleva cerca de 17 años trabajando para Naciones Unidas. Se graduó de administración de empresas de la Universidad San Martín y obtuvo una maestría de Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad Nacional de La Rioja.  

Entró en 2006 a Unicef, lugar donde estuvo cinco años. Salió por un tiempo corto a trabajar al sector privado y volvió en 2014 a la ONU, a través del PNUD. Aquí tuvo dos cargos: asistente técnico y asistente administrativa. Después, pasó a ser asistente de reintegración en Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Este último cargo lo ha ejercido de corrido desde junio de 2018 hasta la fecha.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores le dijeron a CAMBIO que, de principios de julio de 2022 a diciembre de 2022, es decir, mientras era funcionaria de Naciones Unidas, fungió como secretaria privada del canciller Álvaro Leyva.

Con este mensaje, enviado a trabajadores de la Cancillería, Ramos se despidió el 21 diciembre:

“Colegas, les informo que a partir de la fecha ya no estaré acompañando al Canciller, les agradezco por estos meses y desde ONU si les puedo servir en algo no duden en contactarme.

Saludo,

Laura Ramos”

Según varias fuentes de la Cancillería, Laura Ramos no solamente llevaba la agenda del canciller, lo asesoraba en protocolo, lo acompañaba a reuniones y a viajes –y hasta escribió en algún momento sus trinos–, sino que incluso Leyva la delegaba en reuniones de la Cancillería con el Fondo Paz de la ONU. Es decir, iba a encuentros liderados por la ONU pagada por la ONU, pero en nombre de la Cancillería.

Ramos nunca tuvo ningún contrato con la Cancillería. Durante todo el lapso que estuvo en el Palacio de San Carlos, sus honorarios y viáticos fueron cubiertos por su empleador: Naciones Unidas. En una foto que publicó en su cuenta de Instagram la Cancillería aparece Laura con funcionarios de la entidad como si fuera parte de la ella, porque así ejerció durante seis meses.

El principio de la ONU: la neutralidad

La neutralidad es tan importante para las Naciones Unidas que todos los 12 de diciembre, desde hace siete años, la organización la conmemora: “Frente a la tensión política y a la escalada de las crisis, es de gran importancia que se respeten los principios de soberanía e igualdad soberana de los Estados. También los de integridad territorial, libre determinación y no intervención en los asuntos internos de cualquier Estado”, advierte en su página web del día internacional de la neutralidad.

Este principio le permite a la ONU llegar a zonas de conflicto no solamente para hacer labores humanitarias, sino también para servir de mediadora sin ser tachada de pertenecer a un bando o a otro. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores –o Cancillería– es el organismo encargado de autorizar la presencia de las 23 agencias de la ONU en el país y de dar el aval a los funcionarios internacionales de la ONU que aterrizan para trabajar en Colombia. Sin embargo, en virtud de la neutralidad, ningún empleado de la ONU puede cumplir funciones en entidades del Estado.

El superior de Laura es Alessandro Preti, jefe del área de reincorporación de la Misión de Verificación, subalterno de Raúl Rosende, representante especial adjunto en la Misión de Verificación. Ambos, a su vez, están bajo el mando de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. ¿Firmaron ellos algún convenio para que Laura Ramos trabajara directamente con el ministro Leyva?

El canciller Leyva aseguró que no existe ningún convenio con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para el préstamo de funcionarios y aseveró: "Laura Ramos se desempeñó como enlace entre la Cancillería y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia durante el empalme e inicio de gobierno. En este sentido, apoyó las actividades que tuvieron lugar esos meses con el fin de asegurar una transición coordinada en los temas relacionados con la implementación del Acuerdo Final de Paz y el mandato de la Misión, en los que ha trabajado desde su designación el ministro de relaciones exteriores y paz".

Un caso similar al de Laura Ximena Ramos ocurrió en el Ministerio de Defensa. El pasado 5 de septiembre de 2022, el ministro Velásquez se reunió con Laura Richardson, líder del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación. En la foto, que se publicó en cuentas oficiales de redes sociales del Ministerio de Defensa, aparecen también viceministros, miembros de la cúpula militar y asesores, entre ellos Isabella Sinisterra Berón.

La imagen sería normal, porque hoy en día Isabella no solo es una asesora del ministro Velásquez sino también una de las funcionarias más eficientes y queridas en el despacho, según algunas de las personas que  trabajan con ella. Sin embargo, en la fecha de esa foto aún no tenía contrato con el ministerio porque seguía trabajando para la Misión de Verificación de la ONU en Colombia como oficial de enlace asociada. Su jefe directo era el uruguayo Raúl Rosende, representante Especial Adjunto en la Misión de Verificación, quien está bajo la sombrilla de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

En su LinkedIn, de hecho, ella misma señala que estuvo en ese cargo en la ONU dos años y ocho meses, de abril 2020 a noviembre de 2022, y en el Sigep se corrobora que, efectivamente, fue contratada el 1 de noviembre en MinDefensa.

Isabella Sinisterra es politóloga de la Universidad de los Andes, institución donde también estudió una maestría en Políticas Públicas y luego cursó en la universidad de Queensland una maestría en estudios de paz y conflicto. En 2015 ingresó por primera vez a la ONU a través del PNUD y su cargo era profesional especializada de seguridad ciudadana y convivencia. En 2016 pasó a la Misión de Verificación como oficial de enlace. Se fue a estudiar al exterior y volvió a ocupar el mismo cargo, del que saltó al Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que conoció a Isabella a finales de agosto de 2022, cuando ella trabajaba en Naciones Unidas. "Le propuse que formara parte de mi equipo de regiones, por su experiencia trabajando en temas de seguridad y territorio. Ella empezó a asistir al ministerio –no a ejercer funciones– unos días de septiembre para conocer las actividades que desempeñaría, hablar con funcionarios que integraban el grupo al que se incorporó, etcétera", explicó Velásquez.

El funcionario aseguró que entre septiembre y principios de octubre de 2022, Isabella salió del país a un viaje que tenía previamente programado y, cuando regresó, renunció a la Misión de Verificación a finales de octubre y se posesionó como asesora el primero de noviembre de 2022.

En relación con ambos casos, la ONU respondió:

"La Misión de Verificación de la ONU en Colombia no tiene suscrito ningún convenio con Ministerios u Oficinas de Gobierno. No obstante, la Misión trabaja de manera cercana con instituciones del Estado, así como con otras organizaciones y grupos que tienen que ver con la implementación de su mandato. También, el personal de la Misión puede obtener permisos, si es requerido por su gobierno, para prestar servicios temporales de naturaleza técnica. 

En los dos casos referidos esta figura no aplica. Isabela Sinisterra Berón trabajó en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas hasta el 21 de octubre de 2022, cuando presentó su renuncia para tomar una oportunidad laboral en el Ministerio de Defensa.  Laura Ximena Ramos Torres ha seguido siendo funcionaria de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, desde el primero de junio de 2018 hasta la fecha incluyendo un tiempo contribuyendo a estrechar relaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del mandato de la Misión".

Lo planteado en este informe pone sobre la mesa el dilema de cuánto la Misión de la ONU puede apoyar o entrometerse en un gobierno y cuánto puede verificar dentro de las funciones autorizadas. Máxime cuando la Corte Penal Internacional (CPI) anunció esta semana que abrirá una oficina en Colombia para apoyar y fortalecer el trabajo de la JEP. Máxime cuando está en marcha el proceso de paz con el ELN y el papel de Naciones Unidas sería ahí también determinante. 

Los dos casos expuestos deberán ser evaluados en Nueva York por la oficina de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

¿Qué opinan los expertos?

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, trajo a colación el artículo 122 de la Constitución que describe “que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.

frase-destacada

Para Hernández, funcionarios de la ONU no pueden ejercer funciones que correspondan a servidores públicos porque ello vulnera la independencia que tiene el Estado colombiano y desconoce su soberanía. “Pueden contribuir y asesorar, pero nadie puede convertirse en funcionario o ejercer sus tareas sin haber tomado juramento”, agrega.

Enrique Prieto-Ríos, experto en derecho internacional y profesor de la Universidad del Rosario, explica que la ONU es una organización internacional gubernamental con su propia personalidad jurídica y tiene que respetar la autonomía de los Estados y eso implica que no puede hacer nada sin su autorización.

Prieto-Ríos manifiesta que “los estados soberanamente pueden pedir asesoría de la ONU y en ningún momento dicha asesoría afecta el principio de neutralidad, pero si las personas que envían a entidades públicas no están ejerciendo su labor de funcionarios de la ONU, es decir, que incluye mantener la paz y seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad y promover la cooperación Internacional,  sino encargándose de agendas privadas y demás asuntos que no están relacionados con una asesoría o un convenio establecido, se podría estar hablando de una malversación de fondos de la ONU”.

Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir, experto en temas internacionales, considera que en el afán de quedar bien con Naciones Unidas ha habido una intromisión indebida que es contraria al mandato de las Naciones Unidas.  “Hay unos poderes paralelos que son inconstitucionales porque quien responde ante la Constitución por política exterior son el presidente Petro y el canciller Leyva, y este último permitió que una persona ajena a la Cancillería asumiera funciones de la entidad”, agrega.