General Rodolfo Palomino: finquero por arte de mafia

La última decisión del gobierno de Iván Duque en la Sociedad de Activos Especiales, que administra los bienes incautados a la mafia, paradójicamente fue adoptada cuando el presidente ya era Gustavo Petro. El 17 de agosto, justo dos días antes de que el nuevo mandatario nombrara a Daniel Rojas en la dirección de la entidad, los funcionarios encargados entregaron en arriendo una codiciada hacienda del extraditado esmeraldero y narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas. Eso ya sería suficiente noticia, pero hay más. El beneficiario es el general (r) Rodolfo Palomino, quien por cuatro décadas vistió el uniforme de la Policía y era el director general de la entidad en el momento en que fue capturado el narcotraficante boyacense. A comienzos de este año, cuando ya el general Palomino estaba retirado, fue destituido de su cargo por la Procuraduría e inhabilitado por 13 años por haber usado su poder para silenciar a un oficial que lo denunció por acoso laboral y sexual.

Despierta inquietudes que un alto oficial termine disfrutando los bienes de un delincuente al que persiguió, sobre todo cuando el propio general Palomino viene siendo blanco de graves cuestionamientos. A la destitución por parte del Ministerio Público se suma la mención de su nombre en el carrusel de los carros blindados. Tanto el general Rodolfo Palomino, como su hermano, el coronel José Luis Palomino, han sido relacionados en investigaciones por su presunta participación en un cartel de contratación que sobornaba funcionarios para obtener los contratos de venta y mantenimiento de vehículos blindados en varias entidades del Estado, incluyendo la Policía Nacional.

CAMBIO revela el contrato de la SAE que le concede a una empresa familiar de Palomino el arrendamiento de cuatro fincas que conforman la Hacienda La Granada en Simijaca, Cundinamarca, donde Pedro Orejas criaba caballos de paso fino y pastoreaba ganado de carne y leche. Antes de la extinción de dominio la hacienda estaba a nombre de Salvador Rincón Castillo, hermano del capo extraditado, y quien, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hacía parte de la organización  delincuencial de Pedro Orejas. 

El contrato de arrendamiento fue firmado con la empresa PAAR Consulting Group SAS, una compañía que recibe su nombre de las primeras letras de los apellidos Palomino y Ardila. La esposa del general se llama Eva Ardila. La sociedad fue constituida el 26 de enero de 2016 cuando Palomino aún era director de la Policía. Inicialmente aparecían como socios sus hijos Iván Andrés, Juan Sebastián y José David Palomino Ardila. El 14 de diciembre de 2018, el ya retirado Rodolfo Bautista Palomino López presidió la asamblea de accionistas de la sociedad y asumió la representación legal de la compañía. 

El contrato con la SAE lo firma el general Palomino junto con  Karol Zulith González Prieto, como gerente regional de la SAE. Como deudora solidaria de la empresa de Palomino, quien también fuera director de carreteras, figura la ejecutiva de Flota La Macarena y expresidenta del concejo de Chiquinquirá, Ángela Marcela Cardona. La compañía pagará un poco más de 8 millones de pesos al mes por la joya de la corona de Pedro Orejas. El arrendamiento está pactado a cuatro años. 

Consultado por CAMBIO, el general Rodolfo Palomino inicialmente respondió: “¿Qué tengo que ver con eso?”, luego preguntó: “¿Es usted una autoridad administrativa o de control?”. Seguidamente explicó que “ya no soy un servidor público, por muchos años estuve 24 horas disponible”.  Luego admitió que existe el contrato, que está en proceso de recibir la propiedad, que no hay nada ilegal y que piensa dedicarla a lo que llamó su “microempresa de leche”. Explicó que las primeras vacas las compró con crédito de una entidad bancaria.   

La finca Granada hace parte de la llamada “lista de haciendas élite” que, según fuentes de información consultadas por CAMBIO, manejaba hasta hace unos días la entonces vicepresidenta de bienes muebles e inmuebles de la SAE, Leidy Constanza Cifuentes. De acuerdo con las personas consultadas ella misma le habría ofrecido la apetecida propiedad al general retirado. La abogada Cifuentes fue una de las funcionarias más cercanas al expresidente de la SAE Andrés Dávila, quien la nombró y mantuvo en su cargo a pesar de haber sido señalada por medios de comunicación de haberle entregado bienes a Jesús Antonio Martínez Goyeneche, con quien habría tenido una relación sentimental. Ella niega esos señalamientos y dice que jamás fue compañera afectiva del depositario, quien además es hermano de Diego José Martínez Goyeneche, excomandante del Bloque Tolima de los paramilitares. 

Según una fuente de la SAE cuando un funcionario le comentó al general Palomino que el gobierno Petro va a preferir a los campesinos para la entrega de tierras incautadas, el alto oficial respondió: “Por eso, es que yo soy campesino”.

*Este fallo salió frente a la información publicada por Gonzalo Guillén.