¿Gusanos en las comidas de las presas en El Buen Pastor?

“Es absolutamente indigno lo que está pasando con nosotras”, dice Irene, quien paga condena en el Buen Pastor. Muestra, a través de fotos y videos que envió a CAMBIO, que su comida está llegando con gusanos vivos. No es la primera vez que se queja: de hecho, desde hace varios meses –sobre todo desde diciembre– ella y otras mujeres de esta cárcel han solicitado la atención del Gobierno nacional frente a lo que ellas señalan como un trato inhumano. 

“No tenemos alimentación, no tenemos acceso a salud y las condiciones de salubridad en los pabellones simplemente no tiene presentación. Pero a nadie le preocupa, porque la población carcelaria no le preocupa a nadie”, asegura. 

En un comunicado publicado el 18 de enero, las mujeres encarceladas en el Buen Pastor aseguran que, entre otras cosas, la alimentación, servicios de salud y procesos de salubridad dentro de los pabellones, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), son deficientes y que con el cambio de Gobierno tampoco han recibido respuesta a sus peticiones. 

Las presas del Buen Pastor hicieron llegar a CAMBIO imágenes tanto de los alimentos que reciben, como de las condiciones dentro de las celdas, para evidenciar las características bajo las que viven. Sin embargo, la Unión Temporal, llamada Calidad y Vida, encargada de los servicios de alimentación, asegura que todo esto se trata de imágenes prefabricadas que no reflejan la realidad dentro de las cárceles. La USPEC, por su parte, dice que todo anda sobre ruedas y que los contratistas encargados de suplir estos servicios lo han hecho cumpliendo con todos los requisitos de ley.

No obstante, CAMBIO también tuvo acceso a un informe entregado por la Fundación Universidad del Valle, encargada de hacer veeduría a la calidad de los alimentos. El informe señala que este contratista ha tenido más de un problema en el cumplimiento de los contratos.

¿Qué denuncian las personas privadas de la libertad? 

“La alimentación en este momento es una burla, fétida, insuficiente, de mala calidad, impresentable, sin normas de higiene y control sanitario y con un menú improvisado que pasa por alto el menú aprobado en licitación pública; provocando enfermedades intestinales y otras; que tampoco pueden sanar por la ineficacia y el pésimo servicio médico sanitario, ni siquiera los traslados al hospital puesto que nunca tienen grupos de apoyo para una atención de urgencia”, aseguran en el comunicado las mujeres privadas de la libertad que están en el Buen Pastor. 

De acuerdo con los parámetros de la licitación, los alimentos entregados deben ajustarse a las medidas establecidas por la guía creada por el ICBF para una alimentación balanceada. Estos parámetros se rigen por la adecuación de los alimentos de acuerdo con la edad y las necesidades energéticas de quien los reciba, y deben, ante todo, ser alimentos en buen estado. 

“Pero acá, si tenemos una buena comida, ya sabemos que el resto del día va a ser pura basura. A nosotros nos llegan alimentos en descomposición, con cabellos de otra gente; incluso un día una de las dragoneantes encontró una aguja en una porción de arroz. ¿Cómo va a ser eso posible?”, asegura Irene. 

La segunda exigencia de la licitación pide al proveedor tener en cuenta las condiciones de salud de las personas privadas de la libertad y adaptar menús diversos que permitan atender a las distintas necesidades que puedan tener. Lo describen como “Dietas terapéuticas” que, según la licitación, debe cubrir: “los requerimientos nutricionales a la PPL (personas privadas de la libertad) con alteraciones en su salud debido a una enfermedad no transmisible, un estado patológico transitorio, crónico o condiciones especiales”.

Las mujeres privadas de la libertad denuncian que esto no es real. Al menos no en donde ellas están. Irene asegura que, pese a que varias de sus compañeras sufren de hipertensión, diabetes o problemas cardiacos, a todas les sirven exactamente lo mismo: una arepa con un trozo de queso, o una zanahoria rallada, queso y tomate. 

Además de la alimentación, las reclusas aseguraron a CAMBIO que no tienen acceso a una atención en salud adecuada. Dicen que, entre otras cosas, las citas con especialistas son remotas y que incluso si previamente traían alguna condición delicada de salud, en las cárceles no es posible recibir acompañamiento médico. 

A eso se suma que las paredes de varias de las celdas están cubiertas por moho, y muchas reclusas deben dormir sobre colchonetas en el suelo. pues no hay suficientes camas disponibles. 

¿Qué dicen los proveedores? 

La licitación para garantizar la alimentación de las cárceles en el país fue asignada a la Unión Temporal Calidad y Vida el 23 de diciembre de 2022. Es un contrato de más de 548.000 millones de pesos destinados, específicamente, a cubrir una alimentación de calidad. 

Pese a las denuncias de las personas privadas de la libertad, el representante legal de la Unión Temporal, Jairo Humberto Becerra, asegura que todas son denuncias falsas. En un comunicado publicado el mismo 18 de enero, Becerra señala que ellos se han ajustado a las exigencias hechas por la licitación y que, en todo caso: “No es cierto que estén aguantando hambre, pues los gramajes establecidos y los menús son diseñados por nutricionistas de la USPEC, bajo los lineamientos de las tablas nutricionales del ICBF y con suficiente aporte nutricional, máxime que tiene en cuenta que se trata de población sedentaria y prueba de ello son los tamizajes realizados cada seis meses por nutricionistas de los servicios de alimentación y donde la población se mueve entre los parámetros normales y algunos casos de sobrepeso pero jamás ha arrojado índices de desnutrición”.

La Unión Temporal, que está conformada por las empresas Inversiones Alipror S.A.S. y Proalimentos Liber S.A.S., aseguró a CAMBIO que la denuncia interpuesta por las personas privadas de la libertad es un engaño: “Esas fotos no obedecen a la verdad, no es toda la comida que suministramos. Esas fotos las toman en los patios, les quitan gramajes, componentes como frutas, postres y las toman con celulares ilícitos. Es el caso de la denuncia donde pasan una foto que no corresponde a la alimentación que se suministró ese día. Al parecer era una imagen de archivo que ellos guardan para indisponer”.  

No obstante, un informe presentado a CAMBIO por la Fundación Universidad del Valle –la encargada de hacer procesos de veeduría mensuales a la calidad del servicio de alimentación dada a las personas privadas de la libertad–, señala que ya se le han hecho advertencias a este proveedor por sus incumplimientos. En una ocasión anterior, este proveedor tuvo un presunto incumplimiento en la cárcel de Cómbita, Boyacá. 

Puntualmente en el Buen Pastor, la Fundación solicitó 47 acciones puntuales de mejora al servicio otorgado en la alimentación de las mujeres presas, porque el proveedor no está cumpliendo con las condiciones de la licitación en términos de higiene, ni tampoco de calidad en los alimentos. El informe muestra que el proveedor ya se había comprometido a cumplir con estas mejoras durante 2022 y que, además, se les impusieron descuentos al contrato por más de 800 millones de pesos, dados los incumplimientos. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) también les ha hecho seguimiento a las denuncias. La abogada Angie Gordillo asegura que el CSPP lleva años pidiendo a los gobiernos mayor atención a las pésimas condiciones de los reclusos. “Todos los años acompañamos nuevas denuncias por alimentación deficiente, por condiciones precarizadas, por hacinamientos y malas condiciones de salubridad. Hemos solicitado en diversas oportunidades que se dé atención a esta población que, dadas sus condiciones, se encuentran en riesgos muy altos. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos conseguido acciones efectivas”, asegura Gordillo. 

Además, señala que todos los años ocurre un nuevo escándalo relacionado con los servicios otorgados a las personas privadas de la libertad. Solamente en 2021 –recuerda– más de 500 personas, en distintas cárceles del país, denunciaron haberse intoxicado por los alimentos que les entregaron y que no pudieron recibir atención médica efectiva para tratar sus síntomas. 

Por su parte, la USPEC aseguró a CAMBIO que la calidad de estos servicios está en manos de los proveedores asignados y aseguraron acogerse a las respuestas entregadas por ellos. Respecto al moho que denuncian las reclusas, la USPEC aseguró a CAMBIO: “La USPEC ha venido trabajando en los daños hidráulicos, humedades del patio 6 principalmente y en el jardín infantil, esto con el fin de atender las causas principales del hongo y dar mayor claridad al INPEC de la obras complementarias que necesitan para implementar en el plan de necesidades y a su vez mejorar las condiciones de habitabilidad y suministro de agua potable para las privadas de la libertad”.