Yobany Alberto López, abogado que concentra el mayor número de demandas en contra del Fomag
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
La estrategia del Estado para enfrentar la avalancha de demandas de los profesores
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La nación enfrenta demandas cercanas a los 6 billones de pesos por demoras en el pago de cesantías a los maestros. La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado considera que estas demandas, lideradas por el abogado Yobany López, carecen de fundamento porque los profesores se rigen por un régimen de cesantías especial diferente al del resto de funcionarios.
Por: Iván Serrano
La mora en el pago de cesantías se ha convertido en un dolor de cabeza para los profesores. Algunos duran meses esperando a que se les consignen. A la vez, esa falta de diligencia se ha convertido en una vena rota para las finanzas nacionales.
Para profundizar:
Los maestros pertenecen a un régimen de prestaciones sociales diferente del resto de los colombianos. El régimen se llama Fomag.
A 30 de junio de 2023, el Fomag tenía 79.151 demandas activas, cuyas pretensiones económicas llegaban a los 5,8 billones de pesos. Esto convierte a dicha entidad en la segunda con mayor número de demandas en su contra. La primera es Colpensiones. La principal causa por la que se demanda al Fomag es el incumplimiento en el pago de cesantías.
El año pasado, esas demandas aumentaron de manera pasmosa. De 6.350 procesos en 2021, se pasó a 45.858 en 2022. Una maestra afiliada a Fecode, que pidió mantener su identidad protegida, le dijo a CAMBIO: “Parece que esos abogados todo lo supieran, no habían pasado cinco días de demora en el pago de mis cesantías y ya me estaban llamando para ofrecerme sus servicios”.
¿Quién se beneficia de las demandas?
Al Estado colombiano no le ha ido bien con esas demandas. De tres casos, pierde dos. Mientras tanto, los abogados que tienen los poderes de miles de profesores terminan ganando enormes cifras.
López Quintero abogados y asociados es el bufete que concentra el mayor número de demandas. Fue fundado hace 23 años por Olverth López Duque, exdirectivo de Fecode, y por su hijo Yobany Alberto López, un jurista de 44 años que gusta de los relojes lujosos, tiene un avión privado y cuyo número de identificación está asociado a 30 bienes inmuebles, según la Oficina de Notariado y Registro.
La firma de López tiene 27 oficinas en todo el país y 276 empleados. En una entrevista concedida a CAMBIO el pasado 18 de agosto, López dijo que el éxito en las numerosas demandas era el resultado de los incumplimientos sistemáticos a los profesores colombianos. López admite su cercanía a Fecode, federación a la cual prestó asesorías ad-honorem por siete años, entre 2012 y 2019. Incluso, a través de redes sociales, directivos de esa entidad han invitado a maestros afiliados a acudir a sus servicios para hacer sus reclamaciones e iniciar litigios en contra del Estado.
López también ofrece sus servicios a los profesores a través de su canal de Youtube y por medio de eventos en diferentes zonas del país. Un docente le envió a CAMBIO el video de una barra libre ofrecida a los maestros por López Quintero abogados. La atención tuvo lugar en el Centro Comercial Chipichape, en Cali, durante la pasada asamblea general de Fecode, celebrada el pasado 20 de noviembre.
¿Cómo espera frenar el Estado la avalancha de demandas?
Justamente por este cúmulo de inconvenientes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado espera tener el visto bueno del Consejo de Estado para que las demandas no prosperen.
Para este jueves 7 de septiembre, está prevista una importante audiencia pública en el Consejo de Estado en la que están citadas varias entidades del Estado, entre ellas el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Fiduciaria La Previsora, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El motivo de la audiencia es unificar la jurisprudencia con respecto a los litigios causados por las moras en el pago de cesantías a los maestros del país.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado espera que la sentencia de unificación de sentencias les dé la razón y, en ese sentido, que en las reclamaciones de los docentes por demoras en el pago de cesantías no se aplique la Ley 50 de 1990 –que reformó el código sustantivo del trabajo– sino la ley 91 de 1989, que fue con la que se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Eso le quitaría el sustento jurídico a las multimillonarias demandas, porque en la Ley 91 no están expresamente estipuladas las sanciones por el incumplimiento en el pago de las cesantías.
La sentencia de unificación será de obligatorio cumplimiento para todos los jueces del país.
