La extraña historia de cómo la Supersociedades vendió un millonario lote que no se podía vender

El lote es conocido como una de las joyas de la sabana de Bogotá. Está ubicado en el costado oriental de la doble calzada que conduce de Cajicá a Zipaquirá y tiene un área de 35 hectáreas. Su potencial es enorme, tanto para proyectos industriales como para proyectos urbanísticos y empresariales, incluyendo centros comerciales, empresariales y clínicas.

Sobre este lote existe un pleito que se ha prolongado por más de diez años. Hasta 2012 fue de propiedad de la Sociedad Otilia Flowers, firma de Marco Antonio Gil, conocido como el Papero. Gil es un comerciante ligado a Corabastos que, luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, fue condenado  por narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En su negociación, Gil entregó bienes avaluados en un billón de pesos, se comprometió a declarar en contra de otros miembros de su organización y purgó una pena de seis años.

Un año antes de que se iniciaran sus líos judiciales, Gil vendió el lote La Estancia en 2012 a otro comerciante, el empresario Luis Alfredo Torres. Sin embargo, Torres, quien le pagó el lote a Gil, no pudo registrar el negocio en la Oficina de Instrumentos Públicos por cuenta de unos impuestos prediales pendientes.

Dos años después de que el Papero entregara los bienes, unos funcionarios de la Fiscalía parecieron ponerle el ojo al millonario inmueble, La Estancia, que no hacía parte del globo de bienes entregados por el condenado en su colaboración con la justicia.
Así se lo dijo el juez octavo del circuito especial judicial de Bogotá, Guillermo Sanabria, al fiscal 38 de la Unidad de Antinarcóticos, luego de que el funcionario de la Fiscalía le pidiera al togado incluir el lote La Estancia en los bienes entregados por el procesado Gil.

El juez Sanabria, que fue el que conoció el caso del Papero, respondió, en enero de 2015, que no podía acceder a la solicitud de la Fiscalía porque el lote La Estancia no hacía parte del listado de bienes entregado por el Papero en su aceptación de cargos; y porque, además, existía un tercero (Luis Alfredo Torres) que alegaba haber adquirido el lote de manera lícita, antes de que se iniciara la investigación judicial.

Tres meses después, Marcela María Yepes, directora del Fondo Especial para la Administración de bienes de la Fiscalía y esposa del excontralor Felipe Córdoba, le envió un oficio con el sello de “urgente” al entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, pidiéndole que bloqueara la matrícula inmobiliaria del inmueble, de tal manera que Torres no pudiera registrar la compra del lote. Dicho embargo quedó inscrito en el certificado de tradición y libertad del predio.

Posteriormente, en julio de 2016, la señora Yepes le envió un oficio al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, pidiéndole que admitiera a la sociedad Otilia Flowers en un proceso de insolvencia por liquidación judicial. También le solicitó a Reyes que nombrara un liquidador de confianza de la Fiscalía. La solicitud fue acatada a medias. El liquidador que la señora Yepes proponía no fue nombrado, pero la sociedad sí fue admitida en proceso de liquidación.

El lote, que según un avalúo privado puede valer 196.247 millones de pesos, fue vendido por el liquidador de la Superintendencia de Sociedades en un precio inferior, 14.500 millones de pesos. Los compradores de tan apetecido inmueble, a un precio aparentemente bueno, fueron las inmobiliarias AZ y Dacobe.

Sin embargo, esta compra podría estar en entredicho.

Al revisar el certificado de tradición y libertad de La Estancia, existe una anotación, la número 47, que tiene especial relevancia. En ella, la Fiscalía sacó del mercado el lote La Estancia, por medio de una figura jurídica llamada "suspensión del poder dispositivo", que significa que el poder que tiene el propietario para disponer del inmueble queda suspendido.

Esa anotación sigue vigente hoy. Así se lo confirmó el juez tercero especializado de extinción de dominio a Roberto Charris, apoderado de Luis Alfredo Torres.
En la respuesta, del pasado 25 de octubre, el juez aseguró lo siguiente: “Que hasta este momento procesal (etapa de juicio), la medida cautelar decretada [suspensión del poder dispositivo], y que fuera registrada sobre el predio de matrícula inmobiliaria N° 076- 7524, subsiste, y como tal se mantiene vigente, hasta tanto sea emitida la sentencia que defina de fondo su situación jurídica de los bienes vinculados al trámite”.

La pregunta ahora es: ¿cómo hizo el liquidador de la Supersociedades para vender un inmueble que no estaba en el mercado?

La respuesta a esa pregunta está en manos de la justicia. “Aquí ha pasado una cosa supremamente grave: un fiscal pide que se suspenda el poder dispositivo del folio de matrícula inmobiliaria de La Estancia, eso se hace en 2017, y el inmueble queda fuera de comercio. Y posteriormente, en 2018, el lote es vendido. A mi juicio, aquí hubo un fraude procesal y una falsedad”.  El abogado ya interpuso acciones judiciales por este nuevo hecho, que hace parte de una vieja disputa por uno de los lotes más valiosos de la sabana de Bogotá.