La disputa por uno de los lotes más atractivos de la sabana de Bogotá

Marcela Yepes, exfuncionaria de la Fiscalía y Nicolás Polanía, exsuperintendente delegado de la Supersociedades.

Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

23 Julio 2023

La disputa por uno de los lotes más atractivos de la sabana de Bogotá

Un lote tasado por un avaluador privado en 186.000 millones de pesos fue vendido por la Superintendencia de Sociedades en 14.000 millones. ¿Quiénes están detrás de la operación?

Por: Iván Serrano

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El lote conocido como La Estancia bien puede ser la joya de la sabana de Bogotá. Ubicado al lado de la Universidad Nueva Granada, sobre la doble calzada que comunica a Cajicá con Zipaquirá, tiene un área de 35 hectáreas y destila un enorme potencial tanto para desarrollo urbanístico como empresarial. Cuenta con acometidas de servicios públicos y robustas vías de acceso, ideal para obras de gran magnitud como centros comerciales, centros médicos e incluso universidades.

Razón de más para que haya más de un interesado en sacarle provecho. La dueña del lote fue, hasta 2012, la Sociedad Otilia Flowers, propiedad de Marco Antonio Gil, mejor conocido como el Papero, un comerciante de Corabastos que, para saldar deudas con un colega, le vendió el lote. Ese colega era Luis Alfredo Torres. 

El negocio de Torres con Otilia Flowers quedó protocolizado en una escritura pública que reposa en la Notaría 16 de Bogotá. Sin embargo, la mencionada escritura fue devuelta por la Oficina de Registros Públicos de Zipaquirá, porque sobre el inmueble había pendiente una deuda de 300 millones de pesos por plusvalía. Torres, el comprador, ha asegurado que no tenía la liquidez suficiente para pagar la deuda de manera inmediata y por eso se tomó un tiempo para pagar la obligación pendiente y volver a la Oficina de Registros Públicos a hacer el respectivo registro de la escritura. 

Mientras tanto, en 2013, Gil se sometió a la justicia: admitió haber exportado varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos, y en 2014, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que reconoció su responsabilidad en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito; purgó cinco años de condena, entregó bienes avaluados en un billón de pesos y se comprometió a declarar en contra de otros miembros de su organización.

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Entre los bienes entregados a la justicia no estaba La Estancia, porque el lote ya había sido vendido. Sin embargo, dos años después de que el Papero se acogiera a sentencia anticipada, un grupo de funcionarios de la Fiscalía pareció poner el ojo en el millonario lote.

Así se deduce de una respuesta que el juez octavo del circuito especial judicial de Bogotá le envió al fiscal especializado 38 de la Unidad de Antinarcóticos. El fiscal solicitó al juez Guillermo Sanabria incluir el lote en el globo de propiedades entregado por Gil. 

El juez Sanabria, que fue el que conoció el caso del Papero, respondió que no podía acceder a dicha solicitud porque el lote La Estancia no hacía parte del listado de bienes entregado por el Papero en su aceptación de cargos; y porque, además, existía un tercero (Luis Alfredo Torres) que alegaba haber adquirido el lote de manera lícita, antes de que se iniciara la investigación judicial.

Aparte del oficio enviado por el juez octavo del Circuito Penal

La respuesta del juez, fechada el 8 de enero de 2015, no fue suficiente para que funcionarios de la Fiscalía desistieran del decomiso del bien.

Tres meses después, Marcela María Yepes, directora del Fondo Especial para la Administración de bienes de la Fiscalía y esposa del excontralor Felipe Córdoba, le envió un oficio con el sello de “urgente” al entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, pidiéndole que bloqueara la matrícula inmobiliaria del inmueble, de tal manera que Torres no pudiera registrar la compra del lote. Dicho embargo quedó inscrito en el certificado de tradición y libertad del lote.

Para ese entonces, la sociedad Otilia Flowers ya se encontraba en liquidación, a cargo de un liquidador privado: Julián Herrera. Según le aseguró Pedro Hernando Bueno, apoderado de Luis Alfredo Torres, a CAMBIO, Herrera fue constreñido por funcionarios de la Fiscalía para que incluyera el lote La Estancia en el globo de propiedades de la liquidación. Dicha solicitud no fue acatada por el liquidador y por eso fue reemplazado por un liquidador nombrado por la Superintendencia de Sociedades.

El 25 de julio de 2016, Marcela Yepes le envió un oficio al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes. En el documento, en poder de CAMBIO, Yepes le pide al superintendente que admita a la sociedad Otilia Flowers en un proceso de insolvencia por liquidación judicial. También le solicita nombrar un liquidador de confianza de la Fiscalía para que se encargue del proceso, y sugiere el nombre del señor Gilberto Naranjo Ramírez, quien, según la funcionaria, es el profesional más idóneo y quien a la fecha había dado inmejorables resultados a la Fiscalía.

La solicitud fue, cuando menos, exótica, porque la selección del agente liquidador es función exclusiva del Comité de Selección de Especialistas de la Superintendencia de Sociedades.

La petición de Yepes fue acatada a medias. Otilia Flowers fue admitida en proceso de liquidación judicial en la Superintendencia de Sociedades, pero el agente liquidador no fue el recomendado por la señora Yepes sino el señor Carlos Alberto Sánchez.

El señor Sánchez contrató a un perito para que hiciera el avalúo del lote. El análisis del profesional dictaminó que La Estancia tenía un valor, para enero de 2017, de 12.418 millones de pesos.

Así las cosas, en 2018, y sin que se le hubiera levantado un embargo a favor de la Fiscalía, el lote fue vendido por el agente liquidador a tres inmobiliarias: Decobe S.A.S., Decopa S.A.S. y AZ inmobiliaria, por 14.500 millones de pesos.

Por años corrió en Cajicá el rumor de que el predio había sido adquirido a muy bajo costo por los afortunados inversionistas. La suma que aparece registrada en el certificado de tradición del lote es muy inferior a la del avalúo privado que contrató Luis Alfredo Torres, quien reclama la propiedad del inmueble: 196.247 millones de pesos, realizado por el economista y perito Germán Peña Ordóñez.

Existe un tercer avalúo, contratado por la Fiscalía y hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tasó el inmueble en 13.810 millones en 2017.

Roberto Charris, apoderado de Luis Alberto Torres, le pidió a un juez declarar nula la venta del lote, según él porque ha habido intereses ilícitos en este proceso.

Antes de la venta, otro apoderado de Torres había enviado varios oficios a la Superintendencia de Sociedades solicitando que el lote La Estancia fuera sacado del globo de propiedades de Otilia Flowers, solicitud que fue negada por el juez del proceso en la Superintendencia de Sociedades. Los jueces, en ese escenario legal, tienen la función de admitir los procesos de insolvencia y decidir sobre los bienes admitidos en el globo de la liquidación.

El juez no reconoció la validez de la escritura de la venta de Otilia Flowers a Luis Alberto Torres porque la misma no fue registrada ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. El juez es Nicolás Polanía, quien salió de trabajar de la Supersociedades para constituirse como socio en DLA Piper Martínez Beltrán, bufete de abogados de los hijos del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

La discusión sobre la legalidad de la venta del lote

CAMBIO contactó a Nicolás Polanía, exsuperintendente delegado, y a Marcela Yepes, exdirectora nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía. Los dos profesionales defendieron sus decisiones en torno al caso del millonario lote y dijeron haber actuado conforme a la ley.
Roberto Charris, apoderado de Torres, sostiene que es cuestionable que Polanía haya insistido en dejar el lote en el globo de propiedades de Otilia Flowers, a pesar de que había una escritura anterior a la colaboración del el Papero con la justicia:

“Es cuestionable porque la escritura pública es un contrato de dación de pago que, según el artículo 1602 del Código Civil, establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado, solo si se hace de común acuerdo por causas legales. Entonces ya existía un contrato que se conocía y la obligación del señor Polanía era excluir ese inmueble”.

Polanía contradijo los argumentos esgrimidos por el abogado Charris: “Es claro que si una escritura que transfiere el dominio de un activo no se inscribe en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues no ha habido transferencia del dominio. Usted no puede pretender transferir el dominio de una propiedad a través de una escritura sin registrarla”.

Marcela Yepes le dijo a CAMBIO que los bienes entregados por Gil no habrían resultado ser ni tantos ni suficientes para reparar a las víctimas. Incluso, citó el caso de un carro Mercedes Benz entregado por Gil, el cual estaba inservible.

Yepes explicó que, justamente buscando la reparación, fue que se persiguió al lote La Estancia, que,  en el momento de la liquidación, aún seguía siendo parte de Otilia Flowers, de acuerdo con lo que constaba en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Con respecto a la petición al superintendente de Sociedades de nombrar un liquidador sugerido por ella, aseguró que ella no fue quien proyectó dicho documento.

En manos de un juez está decidir si declara nula la venta del lote hecha por la Supersociedades. En manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa está decidir si funcionarios de la entidad y de la Supersociedades actuaron de manera indebida.

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