La Fiscalía imputó cargos a Pierre García, exdirector del DPS, por escándalo de corrupción

Ante el Juzgado 42 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, por supuestamente haber hecho parte del entramado de corrupción que llevó a la detención del senador Ciro Ramírez Cortés. En concreto, le endilgó los delitos de concierto para delinquir y de interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Fiscalía, García Jacquier (quien acudió a la cita de manera virtual, pues está fuera del país), participó en varias reuniones en 2021 en las que cuadró, junto con otras personas, la contratación de una gerencia especial que finalmente se hizo por 49.000 millones de pesos, de la cual salieron 13 contratos por 24.000 millones de pesos, que fueron entregados a dedo a personas por parte de Ramírez.

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La fiscal del caso indicó que hay evidencias de que García hizo un acuerdo previo con el congresista y que, aún si no conocía a todos los involucrados, dio lineamientos sobre los proyectos que se iban a priorizar. "Ni dentro de la documentación publicada, ni la contractual, se encuentra la información sobre cuáles fueron los criterios de priorización", dijo al indicar que tampoco se encontraron razones sobre por qué se priorizaron unos departamentos sobre otros.

Cabe indicar que, según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, esos departamentos se escogieron por ser del caudal político de Ramírez. En el caso de García, la Fiscalía insistió en que el 13 de octubre de 2021 se hizo una reunión con Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, y con Alejandro Noreña para hablar del contrato citado que inicialmente se pactó en 170.000 millones de pesos pero que finalmente quedó en 49.000 millones.

La fiscal aseguró que el 20 de diciembre de 2021, en una reunión en el DPS, García hizo los direccionamientos a Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, la empresa con la que se hizo el contrato de gerencia. "Se tiene como fecha clara de una concertación para la exploración de negocios ilícitos al menos desde el 13 de octubre del año 2021", dijo la fiscal del caso, que indicó que el supuesto acuerdo criminal con senadores, no solo Ciro Ramírez, habría sido previo a esa fecha.

"Acá lo relevante para entender el rol, las directrices y sobre todo las tareas escalonadas que cumplían los miembros de la organización criminal, es cómo una entidad estatal, el DPS, teniendo la obligación de indicar cuáles eran los ejercicios de priorización, no lo hizo. Contrario a eso, a puerta cerrada, entre la semana previa a la suscripción del convenio 670 de 2021, esto es, entre el 8 y 12 de noviembre, lo que se hizo por parte de la entidad estatal fue realizar diferentes ejercicios presupuestales que se hicieron mediante hojas de cálculo de Excel, los cuales eran entregados de manera directa a Proyecta Quindío para que modificaran (la propuesta entregada)", dijo la fiscal del caso.

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La fiscal  indicó, además,  que lo que realmente pasó es que se dio prevalencia al interés de particulares de senadores de la república y que la información se daba a Alejandro Noreña, en las instalaciones del DPS.

"Dentro de la instrucción escalonada y en el marco de su rol funcional, usted estaba entregando directrices que eran acordados previamente con senadores de la república", dijo la fiscal del caso al indicar que García también tuvo un rol de subordinación de los senadores al pasar el mensaje de a quiénes les tocaba cada contrato a Herrera, quien es el testigo central en este caso y que ha contado a la justicia las múltiples reuniones que se hicieron para concretar la trampa.

La Fiscalía mencionó que un contrato, por ejemplo, fue considerado como de "propiedad" de García, quien a su vez se lo habría entregado a Anderson González y este a Andrés Ospina Rosales. Y aseguró que García "instrumentalizó" a Pablo César Herrera.

Ahora, en este proceso, el testigo Pablo César Herrera dijo que Anderson González le comentó que le pagó 1.000 millones de pesos a García y a Ciro Ramírez como anticipo de las coimas por los contratos recibidos. En la audiencia, la Fiscalía dijo que sigue haciendo recolección de pruebas sobre ese hecho y como todavía no tiene claro si esto sucedió, en dónde y cuándo, por eso no le endilga el delito de cohecho. En ese sentido, dijo la fiscal, en caso de encontrar elementos para hacerlo, podría realizar una adición a la imputación.

La defensa de García se mostró en desacuerdo con el hecho de que la Fiscalía haya mencionado la supuesta coima cuando no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes que integraron la imputación. Y el propio García dijo: "Los hechos no son claros y están llenos de contradicciones". Luego, ante la pregunta de la jueza, el exdirector del DPS no aceptó los cargos imputados.

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Mientras avanza el caso, García no podrá enajenar bienes de su posesión por seis meses. La audiencia en la que se solicitará la medida de aseguramiento en contra de García se hará a mediados de enero, al regreso de la vacancia judicial, por petición de la Fiscalía.