La preocupación de la Corte por las personas en situación de discapacidad que están presas

La Corte Constitucional estudió el caso de Milena*, una mujer detenida que debe recibir tratamiento psiquiátrico en la cárcel por orden judicial, ya que está en situación de discapacidad psicosocial. Ella pedía que la internaran en un establecimiento de salud mental para que le hicieran un dictamen médico que definía si podía o no estar en una cárcel, pero fue trasladada de la prisión de Jamundí a la de Picaleña en Tolima.

La Corte falló a su favor el caso y ordenó que se le hiciera un control completo de medicina general, psiquiatría y psicología, a fin de garantizar su acceso a los servicios de salud mental mientras ella esté afiliada al Régimen Especial del Magisterio. También ordenó que se le haga un dictamen que defina en qué tipo de prisión debe estar y llamó la atención de las autoridades carcelarias por la forma en que manejaron este caso.

Pero, más allá del caso concreto de Milena, la Corte Constitucional aprovechó para hacer un pronunciamiento de fondo sobre como viven personas como ella y tomó varias medidas estructurales.