'La verdad se ha convertido en una mercancía': el doloroso reclamo a la JEP de las víctimas de falsos positivos en Casanare

“Nosotros sabemos quiénes son las víctimas. No basta con que los victimarios salgan a decir que nuestros familiares no eran delincuentes, guerrilleros o paramilitares. No basta con que salgan a decir que reconocen responsabilidad en 28 o 30 asesinatos. No era suficiente que dijeran: ‘sí, yo disparé contra su hermano, pero el que primero disparó fue otro’. ¿Cómo así? ¿Cuántas personas le dispararon a mi hermano? Cuéntenme qué le hicieron y cómo lo hicieron”.

Margarita Arteaga habla con firmeza. Lleva más de una década reclamando justicia para su hermano Kemel Mauricio Arteaga Cuartas, quien fue ejecutado extrajudicialmente por el Ejército de Colombia en Maní, Casanare, en la madrugada del 28 de marzo de 2007. Él es uno de los 303 falsos positivos que se investigan en el subcaso Casanare en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el que están imputados 22 exintegrantes del Ejército, encabezados por el general (r) Henry William Torres Escalante.

La indignación de Margarita tiene fundamento y se extiende a otros familiares del subcaso Casanare quienes no están satisfechos ni con el trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz hasta el momento, ni con la actitud de los denominados máximos responsables. No basta, explican, que hayan salido a reconocer los crímenes. No es suficiente que hayan pedido perdón, por más público que haya sido. Quieren verdad, quieren detalles, quieren saber dónde están los desaparecidos. No quieren verdades a medias, sino una verdad plena. Y eso no es lo que están escuchando.

De la mano del abogado José Hilario López de la organización DH Colombia, las familias de las víctimas del Casanare se le han plantado a la JEP y están exigiendo que el caso se maneje de otra forma, para garantizar que el paso por la justicia transicional sí cumpla los estándares que se contemplaron en el acuerdo de paz.

Sus reclamos quedaron consignados en un documental que acaba de salir a la luz y que se llama ‘Justicia Transicional: Siembras de impunidad’, que expone el tortuoso camino que han enfrentado las víctimas en un sistema que no les está funcionando y que, al contrario, estaría revictimizándolos.

CAMBIO habló con Arteaga y otros familiares, cuyas voces quedaron en el documental.

La audiencia y el dolor

El punto de inflexión fue una audiencia que se realizó entre el 18, 19 y 20 de septiembre de 2023 en Yopal. Allí, 21 militares de la Brigada 16 del Ejército y dos civiles se sentaron a un costado del escenario. En el medio estaba la mesa de los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz. Y al otro costado estaban algunos de los familiares de las víctimas usando camisetas que tenían plasmadas las fotos de sus seres queridos.

Fue doloroso.

Los exuniformados reconocieron que mataron a civiles inocentes, reconocieron que los muchachos no eran criminales, aceptaron que preferían las muertes sobre las capturas para mostrar resultados.

El general (r) Henry Torres Escalante dijo que asumía “con vergüenza” su responsabilidad. Dijo que la soberbia no le permitió ver las implicaciones de las órdenes que daba a sus subalternos, pero luego dijo que debió saber lo que pasó, que no revisó las circunstancias de los crímenes. Más adelante señaló que no sabía que se estaban asesinado inocentes. Es decir, su reconocimiento se dedicó a expresar una omisión en sus funciones, a decir que “patrocinó”, que “alcahueteó”, pero que no dio la orden.

Las víctimas reclamaron en ese mismo momento. Johana Torres le mostró la foto de su padre y le preguntó: “¿Por qué dio la orden? ¿Por qué tenía que ser mi padre? ¿Por qué dijo que era un bandido?”. Preguntas como estas se repitieron en un momento de tensión.

Para quien no conoce estos temas a fondo, podría parecer que estos escenarios son un avance significativo para descubrir la verdad de la atrocidad de las ejecuciones extrajudiciales y un logro de la justicia transicional, pero para las víctimas es claro que es insuficiente. De hecho, la audiencia inicialmente estaba pensada para dos días, pero por presión de las víctimas se extendió un día más.

En la audiencia pública no hay tiempo para todas las preguntas. Incluso, se hicieron algunos encuentros privados en los que han surgido cuestionamientos y afirmaciones que luego no se expresan ni ratifican públicamente. Encuentros privados que tienen un carácter extrajudicial y en los que no están presentes los abogados.

Andrey Betancourt, hijo de Beyer Eduard Pérez, ejecutado extrajudicialmente el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias de Hato Corozal, le dijo a CAMBIO que, en contraste con las diligencias de la justicia transicional, en la justicia ordinaria sí hubo avances considerables.

“Se pudo establecer cómo fue el móvil de cómo actuaban (los militares), pero los encuentros privados, que son diferentes a la audiencia pública, se han prestado para disminuir el estándar de verdad y confundir a las víctimas. En mi caso (su padre, un primo y un amigo de ellos) Medicina Legal estableció que hubo tortura, pero los victimarios han llegado a decir que los moretones que se aprecian en los cuerpos son producto del traslado (en carros) de los cadáveres", dijo. Además, explicó que la tortura no se reconoció ni salió a relucir en la audiencia del año pasado.

Margarita Arteaga, indignada, señaló que no es creíble que los militares aseguren que el maltrato en los cuerpos fue por el traslado en furgones a cementerios y que, si estos tenían quemaduras en el cuerpo, era por el sol. “Es que son versiones que uno dice: ‘no nos crean bobitas a las víctimas, no se sigan burlando de las víctimas’”, expresó.

“Las víctimas no podemos comernos el cuento de que en tres días que encerraron a uno de nuestros familiares en una escuela del DAS, lo tuvieron solo con tortura psicológica, eso no es cierto”, agregó.

Por su parte, Andrey, quien es presidente de Casa-Paz, una organización que reúne a 140 víctimas del Casanare, asegura que la falta de compromiso de los militares se puede evidenciar en otros episodios.

Por ejemplo, al finalizar la audiencia, se entregó información sobre el lugar en donde estarían los cuerpos de desaparecidos, lo que llevó a abrir una bóveda en un cementerio en Casanare. “Abrieron la bóveda, adentro había unas bolsas negras y estaban vacías. Imagínate, imagínate la frustración tan tremenda”, relató Margarita con molestia.

Para Andrey no es lógico ni tiene sentido que después de 18 años las familias sigan buscando a las víctimas y que no les puedan dar un entierro digno. “Eso repercute en el dolor que las víctimas tienen”, dijo.

'Esperábamos la verdad'

Ese dolor lo sienten profundamente. Así lo explica Astrid Sanabria, esposa de Eiver Isidro Mendoza Vargas, quien fue asesinado el 24 de marzo de 2008. En diálogo con CAMBIO, desde su casa de Aguazul, Casanare, la mujer manifestó su desilusión. “Nosotros como víctimas esperábamos verdad, esperábamos que nos entregaran a nuestros desaparecidos. Hay muchas víctimas que ya no quieren seguir con esto porque desafortunadamente ven como una pérdida de tiempo. La JEP lleva una rapidez, no sé si es que a ellos eso les va a ayudar para dar resultados, pero va tan rápido todo. Ellos son los que nos están imponiendo las reglas”, señaló.

José Hilario López, abogado de DH Colombia, ratificó que, en algunos encuentros privados, las víctimas han manifestado su intención de retirarse de los espacios de la JEP.

“Todo nos lleva a pensar que estamos frente a una puesta en escena en donde la verdad se ha convertido en una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Una mercancía en poder de los victimarios, una mercancía que los victimarios acaparan y especulan a su acomodo y en donde las víctimas casi que se ven en la penosa situación de estar mendigando que se les diga la verdad”, aseguró.

El abogado señala que los militares han salido a hablar con un libreto, dando a entender que se sumaron a un delito que venía ocurriendo, cuando en realidad deberían establecer cómo se organizó la empresa criminal: "Ahí debió haber reuniones en las que se pusieran de acuerdo, en las que se asignaron roles. Y no solo en Casanare, sino de ahí para arriba en las Divisiones y hacia la Comandancia del Ejército y no solo con relación al general (r) Mario Montoya".

Además, López explicó que las víctimas están en desacuerdo con varias declaraciones que hizo la magistrada Catalina Díaz en la diligencia en las que afirmó que el país no le debería dar la espalda a los uniformados a los que se les confió ganar la guerra. "No son ningunos monstruos ni ningunos psicópatas, no son la encarnación del mal", dijo Díaz.

Lo que falta

Un año después de esa audiencia y ante la insistencia de las víctimas, la JEP organizó un encuentro privado que se realizó a finales de septiembre de 2024 durante cuatro días.

A esa diligencia no fueron un militar que estaba enfermo ni el teniente (r) Marcos Fabián García Céspedes, quien estando preso recibió 45 millones de pesos de parte del general (r) Henry Torres Escalante. El exoficial dijo que ese dinero lo disfrazó como una ayuda y que supuestamente su intención no fue que el teniente mintiera.

El abogado López explicó que al encuentro privado no fue García porque, para la JEP, supuestamente no había garantías para su presencia. También manifestó que funcionarios de la jurisdicción que estaban en el encuentro le quitaron el celular y le hicieron borrar grabaciones a uno de los familiares de las víctimas, lo cual generó una nueva tensión. De hecho, hace unos días radicaron un “memorial de agravios” ante la JEP cuestionando lo que pasó.

De otro lado, pasado un año de la diligencia, la JEP no ha expedido su resolución de conclusiones. Se trata de un documento en el que los magistrados tienen que exponer si los exuniformados, que son comparecientes forzosos a esa justicia especial, dijeron o no verdad. Que este documento no exista todavía no necesariamente es una falla, según explica Andrey:

“No podemos tener una resolución de conclusiones tan vacía. No se ha tipificado la tortura, no se ha identificado de forma clara cómo otras organizaciones del Estado (aparte del Ejército Nacional) están relacionada, con los hechos, como el DAS. Y nos gustaría identificar a esos terceros civiles que estuvieron involucrados. Aquí tenemos también a personas de la política casanareña que han evitado que esto salga la luz, lo que también pone en riesgo la vida de las víctimas y la jurisdicción no ha sabido acatar esos llamados que las víctimas han hecho", apuntó.

Los TOAR: ¿siembras de impunidad?

Hay otro elemento más que tiene especialmente molestas a las víctimas: el hecho de que algunos de los señalados máximos responsables del subcaso Casanare hacen parte del proyecto de siembra en el Sumapaz. Esto es parte de un Trabajo, Obra y Actividad con contenido Reparador (TOAR) anticipado, que son las sanciones que impone la JEP a los comparecientes que reconocen responsabilidad y aportan verdad plena.

Andrey asegura que las víctimas no fueron consultadas y que no entienden por qué están haciendo estas actividades en territorios diferentes al Casanare: “No tenemos informe de cuántas horas están haciendo y por qué William Torres Escalante está sembrando árboles cuando sus delitos fueron en Casanare. No es que no sea importante, pero las víctimas del Casanare necesitan su aporte restaurativo en el territorio”.

Margarita señala que es válido resembrar territorios, pero que, para ella y otros familiares de víctimas, no se entiende cómo esta actividad repara el homicidio de 300 personas. “Eso no repara, eso no restaura, eso no alivia. A nosotros nos parece que, como se llama el documental, son siembras de impunidad”.

Por eso, su pedido a la JEP es claro: "que tenga cuidado de que los casos no queden en la impunidad. Esa es la convicción que tenemos: que estamos a las puertas de resultados que muestran impunidad. Eso suma al dolor". Astrid asegura que los funcionarios de la JEP deben, además, "tener humildad. No pueden venir a pasar por encima de las víctimas y hay que tener humildad".