Las explicaciones pendientes de Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol

Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, eligió a Ricardo Roa Barragán como su nuevo presidente. La elección se llevó a cabo el pasado martes durante una reunión laboral de la junta directiva. 

La petrolera informó que la elección de Roa Barragán se dio luego de un riguroso análisis de candidatos, "de conformidad con la Política de Sucesión del Presidente de Ecopetrol y demás normativa aplicable".

"El proceso de evaluación y selección de los candidatos se adelantó con el apoyo del Comité de Compensación, Nominación y Cultura de la junta directiva y contó con el acompañamiento de una firma internacional experta en selección de ejecutivos de alto nivel", explicó la principal compañía petrolera del país y cuyo mayor accionista es el Estado, con el 88,49 por ciento de la participación. 

Ricardo Roa fue presidente de la Transportadora de Gas Internacional, del Grupo de Energía de Bogotá, y gerente de la Empresa de Energía de Honduras. Ahora, a su historial laboral se le sumará la presidencia de Ecopetrol.

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¿Cómo fue el proceso de elección de Ricardo Roa?

Ecopetrol informó que el proceso de selección y nombramiento del nuevo presidente se dio en tres etapas:

1. La firma internacional experta identificó un número de candidatos que reunían las condiciones definidas en el perfil del cargo.
2. Se presentó un número reducido de candidatos que fueron entrevistados por la junta directiva.
3. Luego de amplias deliberaciones, la junta designó al ingeniero Roa Barragán por consenso.

A más tardar, el 30 de abril de 2023, Roa Barragán reemplazará a Felipe Bayón, quien dejó la Presidencia el 31 de marzo de 2023.  

¿Violación de topes en la campaña Petro presidente?

En la Casa de Nariño ven con buenos ojos la llegada de Roa, a fin de cuentas, fue el gerente de la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro, lo cual lo convierte en un hombre de confianza de la administración actual. 

Pero es justamente el hecho de que Roa haya sido el gerente de la campaña presidencial del jefe de Estado ha levantado suspicacias entre sus detractores, pues Roa todavía no ha salido a explicar las extrañas cuentas que llevaron, casi por arte de magia, a no volarse los topes de la campaña.

El informe que Nexia Montes & Asociados, firma contable colombiana, vinculada a una red mundial de compañías de contabilidad y auditoría con sede en Gran Bretaña, le presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) fue sorpresivo. La firma encontró donaciones en especie no declaradas, pagos a empresas que no existían para el momento del desembolso y el reemplazo a última hora de una factura que evitó que se volaran los topes de financiación de la campaña presidencial.

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La campaña reportó haber gastado el 99,93 por ciento de las sumas legalmente autorizadas. El tope eran 28.536 millones y el gasto reportado fue de 28.517 millones. Esto quiere decir que estuvo apenas a 19 millones de pasarse. Los auditores encontraron que, para mantenerse dentro de ese margen, la campaña anuló una factura de una empresa de vigilancia y la integró a la contabilidad por un valor menor.

La empresa contratada se llama Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad y el objeto del contrato era el suministro de escolta privada entre el 2 y el 29 de mayo de 2022. Dicho contrato tuvo un valor cercano a los 77 millones de pesos, IVA incluido. Tres días después del inicio del contrato, el 5 de mayo, Olimpo Seguridad envió una factura cobrando el monto pactado, pero un mes más tarde, el 10 de junio, cuando ya había pasado la primera vuelta y los servicios habían terminado, Olimpo Seguridad le envió a la campaña de Petro una nota crédito con la devolución parcial de dicha factura. El reembolso fue por 38,6 millones de pesos. Es decir, la mitad del valor del contrato.

Esa diferencia de 38,4 millones, pequeña entre los grandes números, significó mantenerse dentro de los topes, según el informe de auditoría: “Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en resolución 694 de 2022 del CNE (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”.

Pagos a empresas que no existían

Otro asunto que llamó la atención de los auditores no tiene que ver con la cuantía, sino con un tema puramente cronológico. Dos contratistas del Área Metropolitana de Bucaramanga recibieron pagos de la campaña de Petro antes de haberse registrado en la Cámara de Comercio, es decir, antes de existir legalmente.

Se trata de Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño. La cuenta expedida por la señora Velásquez suma 110 millones de pesos. El documento no es una factura electrónica y tiene fecha del 18 de abril de 2022. Curiosamente, la señora Velásquez expidió la factura dos días antes de haberse registrado como empresa unipersonal ante la Cámara de Comercio.

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Lo mismo ocurrió con el señor Diego Fernando Londoño, quien expidió facturas por 328 millones de pesos. Entre esas facturas se encuentran dos que suman 163 millones y fueron expedidas entre el 18 y 19 de abril, días antes de que su empresa fuera inscrita ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Al igual que en el caso de Mónica Slendy Velásquez, las facturas no eran electrónicas y las dos empresas fueron registradas el 20 de abril de 2022. Londoño le expidió a la campaña una tercera factura por 155 millones de pesos sin discriminar el IVA, lo cual es una obligación en cobros superiores a los 133 millones de pesos.

Casas y vallas

La campaña presidencial de Gustavo Petro no pagó arrendamiento por sus sedes en Montería y Cali. “En trabajo de campo adelantado por el grupo de auditores, establecimos que existieron sedes de campaña en las ciudades de Cali y Montería, no reconocidos en el gasto por concepto de pago de arrendamientos o servicios; o sin reconocer como donaciones mediante el registro de actas y valoración de los bienes al servicio de la campaña”, señala el informe.

La ley establece que la donación es la única figura para recibir efectivo o bienes y servicios gratis. Esa figura puede ser en dinero o en especie, pero de ninguna manera puede ser excluida de la contabilidad, como dicen los auditores que pasó en la campaña del presidente Gustavo Petro.

La auditoría también detectó inconsistencias en la instalación de 20 vallas, con un costo de 178 millones de pesos. El servicio fue contratado por la campaña con la empresa Hanford SAS, pero no se adjuntó el contrato de prestación de servicios ni se especificó dónde habían sido instaladas dichas vallas. Al revisar el expediente que reposa en la Cámara de Comercio de Hanford SAS, CAMBIO pudo determinar que dicha compañía está constituida por cinco empresas cuyos representantes legales son los hermanos Eduardo, Sergio, Álvaro, María Cecilia y Ana Eugenia Arango Saldarriaga, todos ellos socios de Valtec, una de las empresas más reconocidas en el negocio de publicidad exterior.

Curiosamente Hanford SAS fue liquidada en septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia.

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¿Qué dijo Roa?

Las respuestas de Roa, al ser contactado por CAMBIO, presentaron varias inconsistencias. El exgerente afirmó que los costos y gastos reportados correspondientes a la consulta interpartidista y la primera vuelta ya han sido reintegrados por el CNE. Respecto al contrato con Olimpo Seguridad para el servicio de escolta –y a diferencia de lo dicho por el informe de auditoría–, señaló que la posibilidad de violar los topes de la primera vuelta era “absolutamente inviable” porque los gastos reportados por la campaña estuvieron 276 millones por debajo del límite fijado por la ley. Es decir, mientras Roa aseguró que la campaña gastó 28.259 millones de pesos, la firma auditora concluyó que habían sido 28.517 millones.

Pero esa no es la única diferencia entre la auditoría y la versión de Roa frente a la modificación del valor del servicio de escoltas. El gerente explicó que el contrato se modificó mediante otrosí el 11 de mayo de 2022 debido a que se “evidenció la posibilidad de reducir a la mitad la operativa del servicio de asesoría en seguridad al pasar de 10 a 5 escoltas”. Sin embargo, la auditoría resalta que casi tres semanas después, para el 29 de mayo, día en que se llevó a cabo la primera vuelta, la nota crédito con la que se corrigió la diferencia de valores no había sido aportada al aplicativo Cuentas Claras. Roa indicó que cuenta con comprobantes de egresos y documentos que reafirman su versión y que están en poder del CNE, pero no los compartió a este medio de comunicación.

Respecto de las facturas para impresos emitidas antes de que las empresas fueran constituidas, Roa dijo que los empresarios (Diego Fernando Londoño y Mónica Slendy Velásquez) habían actuado como proveedores en un contrato que la campaña suscribió con el periódico regional Vanguardia. Sin embargo, Londoño le dijo a CAMBIO que él se había entendido directamente con el equipo de gerencia de la campaña de Petro, incluyendo al propio gerente Roa, y agregó que los pagos hechos a la pareja como personas naturales fueron en razón de un anticipo. Después de la entrega de los impresos, les fue solicitado generar las respectivas facturas electrónicas.

A raíz de este cruce de versiones, Galvis Ramírez, la firma propietaria de Vanguardia, envió una carta al presidente de CAMBIO, Daniel Coronell, para aclarar que el periódico no tuvo ninguna relación con las dos empresas fantasma y, de paso, desmentir al gerente de la campaña del hoy presidente.

“De manera respetuosa agradezco a usted aclarar a la opinión pública que el señor Ricardo Roa Barragán faltó a la verdad cuando afirmó a la revista CAMBIO que los señores Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño ‘actuaron como proveedores dentro de un contrato que la campaña tuvo con el periódico Vanguardia de Bucaramanga”, dice el comunicado.

Frente a las sedes de campaña de Cali y Montería, Roa explicó que “pertenecieron a aspirantes a la Cámara por diferentes partidos (...) por lo cual, en ningún momento fueron ni arrendadas, ni contratadas por la gerencia nacional de la campaña, como tampoco recepcionadas a modo de donación en especie”. En el caso de Cali, sus palabras fueron contradichas por Julián Zapata, excandidato a la Cámara por el Partido Alianza Verde y quien usaba el inmueble en cuestión. Dijo que “el espacio pertenece a un empresario” al que sí se le debía cancelar un canon de arrendamiento.