Las facultades extraordinarias del presidente Petro en el PND avanzan a paso de tortuga

El pasado 19 de mayo el presidente Gustavo Petro sancionó desde Guainía el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, la hoja de ruta del Gobierno para los cuatro años de su administración. Entre las muchas discusiones que enfrentó el PND para su aprobación en el Congreso, uno de los puntos álgidos fueron las nueve facultades extraordinarias que pidió el mandatario al Legislativo.

Con estas facultades el presidente Petro buscaba atender asuntos claves en nueve campos distintos, desde la creación de una agencia nacional de seguridad digital hasta la regulación de los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis. 

La Constitución de 1991, en el artículo 150, abre la posibilidad para que el presidente sea dotado por el Congreso de facultades extraordinarias por un periodo máximo de seis meses, durante el cual el mandatario podrá expedir decretos que tendrán fuerza de ley sin que estos tengan que discutirse en el Legislativo.

Petro no ha sido el primero ni el único presidente que ha solicitado facultades extraordinarias a través de proyectos de ley o el Plan Nacional de Desarrollo. Tanto Juan Manuel Santos como Iván Duque también le pidieron potestades especiales al Congreso en sus años como presidentes.

Después de tres meses de álgida discusión, en mayo pasado el Congreso le tumbó a Gustavo Petro la mitad de las facultades que había pedido a través del PND y solo le aprobó cuatro: 

• Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional.
• Modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias.
• Adquirir a título gratuito u oneroso, la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios.
• Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros, es decir, el Grupo Bicentenario.

Desde ese entonces empezó a regir el periodo de seis meses durante el cual el jefe de Estado ha tenido estas cuatro facultades extraordinarias, periodo que culmina en apenas dos semanas y media. Sin embargo, a la fecha los avances en esos cuatro aspectos no han sido precisamente expeditos.

Sobre la creación de una entidad pública para el fomento de caminos vecinales, no hay registro de ningún decreto presidencial al respecto y más bien el Gobierno se ha enfocado en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, una iniciativa que pretende la rehabilitación de las vías terciarias mediante en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte y las Juntas de Acción Comunal, que se están fortaleciendo como contratistas del Estado. El Gobierno espera rehabilitar y conservar con este programa 33.102 kilómetros de vías con una inversión cercana a los 8 billones de pesos.

La iniciativa empezó a andar apenas en septiembre pasado con la rehabilitación y construcción de 36 km de vía en el corredor Neiva - San Luis - Palermo, en Huila.

El caso de las transferencias y los programas de asistencia social, el Departamento para la Prosperidad Social -hoy encabezado por Laura Sarabia- viene en un periodo de transición para transformar programas vigentes como Familias en Acción y convertirlo en un nuevo programa con un nuevo enfoque llamado Renta Ciudadana.

Desde julio pasado el Gobierno estandarizó la entrega en un monto de entre 120.000 y 500.000 pesos mensuales, pero en desembolsos bimestrales, con base en los registros de Familias en Acción. Eso sí, el plan piloto llamado Tránsito a Renta Ciudadana no ha estado exento de controversias principalmente relacionadas a la decisión de la exdirectora del DPS de concentrar todas las operaciones monetarias en un solo operador: el Banco Agrario, lo que generó largas filas hace un par de meses a las afueras de esa entidad en ciudades como Quibdó y Barranquilla. Por ello, para evitar estar en el ojo del huracán nuevamente como Rusinque, Laura Sarabia ha iniciado conversaciones desde hace unas semanas con la banca privada para integrarla a la operación de las transferencias.

Finalmente, sobre la adquisición del Hospital San Juan de Dios tampoco han habido avances significativos, mucho menos en la creación de una nueva entidad dedicada a la prestación de servicios de salud e investigación utilizando la infraestructura de este centro hospitalario. La recuperación del San Juan de Dios ha sido un viejo anhelo del presidente Petro desde su época como alcalde de Bogotá, pero en los últimos seis meses el avance en este tema ha sido escaso.

La complejidad de la recuperación de este hospital aumenta por el contrato vigente para la construcción del Hospital San Clara, que se proyecta en sus terrenos, incluida la demolición de su icónica torre central. El Gobierno le ha puesto el palo en la rueda al proyecto. De hecho el mes pasado el Ministerio de Cultura frenó cualquier intervención en esa torre.

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"La Torre Central del Hospital San Juan de Dios, por ser patrimonio nacional, por Ley de la República, no se va a demoler, no se va a dinamitar, se tiene que restaurar como el patrimonio nacional que es. Eso lo prometimos en campaña y eso se tiene que cumplir”, dijo Petro en octubre pasado.

En conclusión, el balance de la ejecución de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente Petro después de una acalorada discusión en el Congreso no es positivo y abre la discusión sobre la pertinencia de tramitar poderes que causan incomodidad en el Legislativo que al final no sean utilizados.