Los 200.000 millones de pesos que podrían terminar en manos del grupo político de Julián Bedoya

Una de las últimas decisiones de la legislatura pasada fue la adición presupuestal solicitada por el Gobierno Petro. En total, se aprobaron 16,9 billones de pesos, que se sumarán al Presupuesto Nacional. De esos recursos, la Dian había pedido 300.000 millones de pesos para ampliación de planta, pero solo le llegarán 100.000 millones porque los restantes 200.000 millones fueron a parar a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD).

“El Gobierno está peligrosamente sobrestimando los ingresos tributarios y esto está relacionado con que 0,8 puntos del PIB que se espera recaudar en 2024 vienen del fortalecimiento de la Dian. Es grave que esa plata que le quitan a la Dian se la pasen a la UNGRD, porque esos recursos son la inversión que tenía que hacerse para recaudar la suficiente tributación para ese año”, le dijo a CAMBIO Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

¿Cómo se logró cambiar el destino de esa plata? Gracias a una proposición del senador liberal Juan Diego Echavarría, exalcalde de la Estrella, Antioquia, y fórmula del cuestionado exsenador Julián Bedoya, quien aspirará a la Gobernación de Antioquia.

La Estrella es uno de los fortines políticos de Bedoya. En 2018, de los 11.100 votos que sacó el Partido Liberal en ese municipio, 7.483 fueron para él.

Coincidencialmente, el pasado 28 de junio, el Fondo de la UNGRD firmó un convenio interadministrativo por 1.756 millones de pesos con el municipio de Entrerríos, Antioquia. El objeto es la construcción de la segunda etapa del Centro de Gestión Integral del Riesgo de la Subregión Norte de Antioquia. En pocas palabras, la entidad le dio a ese municipio dinero para terminar una infraestructura para los bomberos que se empezó a construir en 2014 y nueve años después está sin terminar.

Entrerríos, conocido como la “suiza colombiana”, no solamente es el lugar de nacimiento de la representante liberal y ficha de Julián Bedoya María Eugenia Lopera, sino el fortín político de ambos. Ahí pusieron al alcalde Weimar Villa Tobón. En 2018, Bedoya, quien solo en Antioquia obtuvo 52.884 votos, logró el 30 por ciento de los votos disponibles en Entrerríos; y en 2022, Lopera fue la congresista con más sufragios en ese municipio, al sumar 1.593 votos.

Después de que se rompió la coalición de gobierno, Lopera fue el salvavidas para que el 25 de abril no se hundiera la reforma a la salud en la Comisión Séptima, en contravía de la orden de su jefe de partido César Gaviria. El cuestionado político Julián Bedoya no solamente es útil para el petrismo por los votos que les puede poner junto a sus aliados en Antioquia, sino también porque tiene posibilidades reales de desestabilizar la hegemonía de César Gaviria en el Partido Liberal, propósito que lo une con el presidente Gustavo Petro.

Consultado Bedoya, a través de su abogado Jorge Perdomo, por su relación con la UNGRD y la plata que su grupo político ayudó a mover a esta entidad, respondió que no sabía lo que le estaban preguntando y aseguró que nada tenía que ver con ello. Aunque CAMBIO consultó insistentemente a Olmedo López, director de la UNGRD, nunca contestó.

Volviendo a la UNGRD, esta es una entidad que tiene aval para pasarse por la faja las normas de contratación pública con el argumento de los desastres naturales y demás emergencias, cuya respuesta no da espera. Solo en 2022, la UNGRD manejó un presupuesto por 4,1 billones de pesos, de los cuales más de 80 por ciento correspondieron a adiciones y traslados. En 2023, empezó con recursos por 658.000 millones de pesos, a los que se le acaban de adicionar 200.000 millones de pesos, una suma importante a solo tres meses de elecciones.

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Juan Pablo Contreras, del Instituto Anticorrupción, manifestó al respecto: “Estamos viendo con preocupación la falta de claridad de la destinación sobre esta adición presupuestal. Hacemos un llamado a la Contraloría para que vigile estos recursos de cara a las elecciones de octubre. Nos llama la atención el presupuesto adicional a la UNGRD porque es una entidad que en el pasado hemos denunciado por clientelismo político".

Contreras explica que esta es una entidad que abusa de la figura de contratación directa sin ningún tipo de vigilancia y eso constituye un riesgo mayor en tiempos electorales: "Estos recursos podrían terminar fácilmente en manos de actores políticos, que son los que se encargan de conseguir los votos a los clanes electorales”.

Es muy difícil establecer si los recursos asignados a la UNGRD se estén destinando para maquinaría amarilla, para cambiarle el colchón mojado a una familia o para que terminen en manos de políticos. Existen antecedentes que demuestran la forma clientelista en la que se ha regido esa entidad. Durante el Gobierno Duque, el exsecretario de presidencia, Camilo Enciso, denunció a principios de 2021, en una columna titulada “La vacuna del Delfín”, que funcionarios vinculados a la campaña de Miguel Uribe, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y hoy congresista, obtuvieron contratos millonarios por cuenta de la lucha contra la pandemia, a través de la subcuenta covid administrada por la UNGRD.

Por esa fecha, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) fue más allá. Tomando como muestra 36 contratos que la UNGRD firmó desde mayo de 2020 por un valor total de 347.248 millones de pesos, en el marco de la subcuenta covid, encontró que el 72 por ciento tenía cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. (Ver documento)

Carlos Arias, analista político, aseguró que la llegada de importantes recursos a la UNGRD puede derivar en que muchos de esos dineros lleguen a alimentar campañas políticas en regiones vulnerables, ante necesidades básicas insatisfechas que son fácilmente cooptadas por la compra de votos.

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“Sin embargo, afirmar que eso estaría sucediendo o que ese dinero tiene esa destinación, sin que se tengan pruebas, es peligroso. Lo que sí es posible afirmar es que esos dinero sin destinación especifica o sin relación con atención inminente a riesgos ambientales o de otro tipo, puede ser usado para dinámicas asistenciales y asociadas a prácticas que alimentan el populismo", precisó Arias.

 

La maleta y el puesto más atractivo de la UNGRD

La semana pasada, Caracol Radio dio a conocer la aparición, hace dos meses, de una maleta con dinero en la sala de juntas de la UNGRD. La maleta fue relacionada con Diego Enrique Vargas, quien para ese entonces era subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD. Unas versiones hablan de cinco millones de pesos y otras de 500 millones, mientras él, que tuvo un paso efímero por la entidad, dijo que ese dinero era de un amigo. Más allá de lo que las autoridades deben investigar sobre el monto y la procedencia de la plata, es relevante mencionar por qué es tan atractivo el cargo de Vargas dentro de la UNGRD.

Esa subdirección coordina y ejecuta las actividades cuando sucede una tragedia o emergencia en distintas zonas del país, desde la contratación para ayudas humanitarias hasta el manejo de la emergencia, por ejemplo, la contratación de maquinaria para remover escombros. Es decir, es la dependencia encargada de ejecutar la plata cuando sucede una calamidad pública a través de contratación directa.

Además de la Subdirección para el Manejo de Desastres, sobresale la Subdirección para la reducción del riesgo, que desde el el pasado 19 de mayo fue asumida por  Alethia Carolina Arango, ficha de Daniel Quintero y quien fungió como su subsecretaria de despacho y directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD). 

Llama la atención que desde que Quintero asumió como alcalde, ha tenido cuotas de Julián Bedoya en su gabinete y, a través de su partido político, Independientes, ha estado acercándose a Bedoya para unir fuerzas de cara a las elecciones regionales. 

Calamidad pública y el Fenómeno de la Niña

Con el argumento de las consecuencias del Fenómeno de la Niña, en noviembre del año pasado se expidió el Decreto 2113 de 2022 y se declaró la existencia de una situación de desastre de carácter nacional en todo el territorio por el término de 12 meses, que se culminarían coincidencialmente un mes después de elecciones regionales.

Esto le dio aval al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para transferir recursos a agricultores que estuvieran en vulnerabilidad por condiciones del clima, y a entidades para la ampliación de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar, madres cabeza de familia, adultos mayores, y la población vulnerable en general. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia demandó dicho decreto ante el Consejo de Estado.

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 “A través de la UNGRD se puede gestionar recursos de manera inmediata para impacto social y cuando eso ocurre por razones naturales tiene todo el sentido, pero cuando se usa políticamente es inapropiado. Demandé porque ese decreto de emergencia se argumentaba en el invierno y a través de este estaban tomando decisiones de subsidios y otros asuntos que nada tiene que ver con ello”, explicó.

Todavía es pronto para saber si los recursos de la UNGRD serán usados para riesgos como el Fenómeno del Niño o si terminan en manos de políticos con fines electorales, pero esos 200.000 millones de pesos que, de buenas a primeras, pasaron de la Dian a la Unidad, son un campanazo de alerta para que el Gobierno ejerza una rigurosa vigilancia de los recursos, de manera que el dinero destinado a las calamidades no termine financiando a los candidatos.