Los indígenas reclaman ser incluidos en la política de drogas

Hoy, en Washington, el ministro de Justicia Néstor Osuna, y William Salamanca, el director general de la Policía, están reunidos con varios agentes de alto nivel del gobierno estadounidense. El objetivo: presentarles lo que será la nueva política de drogas de Colombia. 

De acuerdo con el documento, la política buscará dar un abordaje “inclusivo y multidimensional que pretende no solo reducir la producción y el tráfico de drogas, sino también abordar sus causas estructurales desde la protección de la vida y el medio ambiente”.

Sin embargo, tan sólo unos días atrás, los pueblos indígenas interpelaron a Gloria Miranda, la directora de la Política de Drogas, durante la Cumbre. Paulo Añokazi, secretario de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC), aseguró que el Gobierno Nacional no los ha incluido en la nueva conversación, pese a ser ellos unas de las principales víctimas de la guerra contra el narcotráfico en sus territorios. 

La posición de los indígenas

Además de reclamar el acceso al proceso de consulta previa, Añokazi señaló que es un derecho ganado internacionalmente y que Colombia firmó a partir de la Constitución del 91. Pero, asegura, no se ha practicado y, en su lugar, les han prometido hacer una preconsulta en el último trimestre de 2023, para luego complementarla con una consulta previa más amplia que se desarrollaría durante 2024. 

Añokazi asegura que, de acuerdo con la ley, la consulta previa debió efectuarse antes pues, para los indígenas, la política de drogas es determinante tanto para sus saberes, como para mitigar la violencia en sus territorios: “Somos hijos de la coca, somos hijos del tabaco y se lo hemos dicho desde hace varios años: esto amerita una consulta previa. Sin embargo, ustedes ya van a hacer público algo que es del corazón de los pueblos indígenas”.

Pedro Arenas, cofundador de VisoMutop, una organización enfocada en crear puentes de comunicación entre los indígenas y el Gobierno, dice que la inclusión de los pueblos indígenas es más que esencial para conseguir una política realmente congruente con la realidad nacional. 

“Los cultivos de coca están en 208 Resguardos Indígenas según el último reporte del SIMCI y casi toda la marihuana está en territorios indígenas. También tienen la Instancia Especial para Pueblos Étnicos para la implementación de los compromisos que quedaron en el Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo compromisos sobre política de drogas como el Punto 4. Pero como la nueva política abrió espacios de participación, ellos dicen que su voz no fue tenida en cuenta y que la política los toca en todos los eslabones de la cadena de drogas. Esperan ser incluidos con medidas diferenciales”, señala Arenas.

De acuerdo con la respuesta dada CAMBIO por la Oficina de Drogas, la preconsulta iniciará justamente con la MPC y, a partir de ahí, se determinará “la ruta metodológica (tiempo, modo, lugar, alcances, entre otros) de la consulta previa”.

Aseguraron, también, que ya se están adelantando las gestiones administrativas y contractuales necesarias para afianzar la consulta. 

¿Quién tendría que explotar la coca, la marihuana y el tabaco?  

En medio de la polémica por la consulta, también apareció un llamado por parte de los representantes indígenas para ser incluidos en los procesos de explotación de las plantas que, de acuerdo con algunos de los miembros de la MPC, les pertenecen. 

Fabiola Piñacué, fundadora de Coca Nasa, asegura que ellos llevan muchos años perfeccionando los usos de la coca, que es una planta milenaria para ellos, con el objetivo de aprender a darle nuevos usos. Por ello, asegura: “Nosotros somos quienes deberíamos estar en el centro de esta discusión. Lo mismo ocurre con la marihuana, que ha sido cultivada en nuestro territorio”. 

Sin embargo, para Arenas, esa explotación no puede reducirse a los indígenas: “En efecto, hay algunos líderes que sostienen que la coca es propiedad indígena por los estudios que dan cuenta sobre la presencia histórico cultural de ella en los Andes. Las prácticas culturales sobre coca son una cosa evidente en la Amazonia, por ejemplo, y en la Sierra Nevada. Pero la política de drogas no se refiere solo a esta parte. Mi opinión es que aunque alguna persona quisiera adueñarse de la coca en estos tiempos esa ‘propiedad intelectual’ es muy difícil, pues hay comunidades campesinas y afros que también están usando la hoja para otros fines distintos”.