La caída de la coca
16 Abril 2023

La caída de la coca

En meses recientes, los precios de la coca en Colombia han venido en picada. La sobreoferta de cultivos, el paso de los grupos armados a otros negocios y el aumento de cultivos en otros países ha llevado a que muchos cultivadores ya no puedan sobrevivir de esta economía. Los consumidores están sintiendo también el impacto del cambio.

Por: Maria F. Fitzgerald

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Durante su ponencia ante Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro dijo: “Qué es más venenoso para la humanidad, ¿la cocaína o el carbón?”, asegurando así que, ante la creciente crisis por el cambio climático, la guerra contra las drogas debía reencaminarse y cambiar las prioridades, para enfrentar las industrias que realmente están causando más daños. 

Este tránsito de coca a minería ilegal se ha convertido en uno de los nuevos incentivadores del conflicto armado en Colombia. Acompañado, además, del desplome en los precios de la coca y de la pasta base de coca. Hace un tiempo, el kilo de coca y de pasta de coca se pagaba en 2 millones y medio. Hoy en día, hay zonas del país en las que no pagan más de 400 mil pesos por el mismo kilo. Eso, cuando lo compran. 

En regiones como el Bajo Cauca antioqueño, el tránsito entre economías es una realidad; tanto, que los campesinos que antes vivían de la coca, han tenido que buscar mejor suerte en otros oficios. En zonas como Nariño y Putumayo, los precios de la hoja de coca y de la pasta de coca están por el suelo. En Catatumbo y Norte de Santander, la sobreproducción la ha llevado a que los campesinos casi tengan que regalarla.  

Esta dinámica del mercado ilegal parece responder a lógicas muy concretas: por un lado, un decaimiento en la calidad de la producción, además de una sobreproducción que no se reduce a Colombia, sino que se extiende a otros países; por el otro, la pugna de grupos armados por tomar control en los territorios, acompañado por un hecho que podría considerarse un triunfo del proyecto de la paz total. 

 

Para profundizar

Sobre la sobreproducción y la baja calidad

Pese a que cada región tiene particularidades, Sandra Bermúdez, directora de la Corporación Viso Mutop, asegura que uno de los principales factores es el incremento tanto de cultivos, como de producción de pasta de coca: “Hay sobreproducción de hoja en los tres países andinos con producción histórica conocida: Colombia, Perú y Bolivia. Perú es el país que más creció en los últimos años, con un incremento aproximado del 90 por ciento de las áreas con coca. Adicionalmente, ahora mismo también se está produciendo coca en Venezuela, Ecuador y Honduras”. 

El incremento en la producción mundial de hoja de coca ha significado una desventaja para el mercado que, anteriormente, era más seguro en Colombia. Sobre todo, cuando la guerrilla de las Farc era la principal reguladora. En esa época, tanto el precio como la calidad de la coca y de la pasta de coca eran altas. Luego de los Acuerdos de Paz, el mercado se desestabilizó, lo que causó que los insumos aumentaran en precio y, así, la calidad de la pasta se redujera significativamente. 

Así lo explica Salomón Majbub, investigador de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Actualmente, aunque en algunas regiones como el Catatumbo hay nuevos actores armados que están entrando a regular nuevamente la calidad, el producto que se conseguía antes ya no se ve hoy: “Algunos de los actores que antes funcionaban solo como compradores, hoy decidieron dejar de comprar a los campesinos, que entregaban pasta de muy mala calidad. Entonces, decidieron echar a andar sus propios procesos de producción y eso dejó, una vez más, relegados a los cultivadores en estas zonas”. 

 

Sobre los grupos armados y la paz total 

Yaned Holguín, una lideresa que acompañó los procesos de sustitución de cultivos en Briceño, Antioquia, explica que, ante la falta de cumplimiento por parte del Gobierno, muchos campesinos tuvieron que regresar a los cultivos ilegales. Sin embargo, las condiciones ahora son otras: si le venden a un grupo, sufren las represalias del otro. 

“Es muy difícil para los campesinos que han tenido que regresar a los cultivos. Esa sigue siendo una de las únicas formas de subsistencia que tenemos en esta zona, pero como aún hay peleas entre los grupos que se están tomando el territorio, todavía no tenemos un orden establecido”, asegura Holguín, para quien es claro que ese desorden lo único que causa es más problemas para ellos. 

Bermúdez señala que, efectivamente, las nuevas dinámicas del conflicto están llevando a que los campesinos queden, como siempre, relegados a la voluntad de los armados. En el país se han creado núcleos puntuales, manejados cada uno por un grupo diferente, que venden a los compradores internacionales y terminan dejando al pequeño y mediano cultivador resignados a la voluntad de quien le quiere comprar.

Felipe Tascón, director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, habla de un problema adicional: el paso a otro tipo de economías, principalmente la minería ilegal. “Hemos detectado que hay estímulos para que se cambie a la minería. En casos como sur de Bolívar y sur de Córdoba, hay orden explícita de los grupos ilegales de no sembrar para que haya un tránsito hacia la minería de oro”. 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que, efectivamente, el incremento de minería aluvial de oro –es decir, la que se hace sobre los ríos y los pequeños cauces de agua–, es una realidad. De ella, más del 66 por ciento es ilegal y altamente contaminante. 

Durante 2018, UNODC detectó 92.000 hectáreas afectadas en todo el país por este tipo de minería. Para 2019 ya eran 98.000 hectáreas. En 2021 fueron 98.500 y, aunque aún no pueden otorgar cifras oficiales, para 2022 saben que hubo un nuevo aumento. 

“Es importante notar que los grupos aprovechan las estructuras que ya tienen para incurrir también en otro tipo de negocios, como la trata de personas y el tráfico de armas. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos detectado, esto continúa siendo un negocio más circunstancial que central. En cambio, el tránsito hacia la minería sí se está haciendo central en zonas puntuales”, aseguró a CAMBIO Rocío Urón –coordinadora temática de Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

Por otra parte, Bermúdez señala que en ciertas zonas, donde las disidencias de las Farc habían tomado el control, el proyecto de la paz total ha propiciado que los grupos dejen de incentivar el cultivo de la coca. “Como señal de buena voluntad para las negociaciones con el Gobierno, esto es una muy buena noticia, pues es previo a la instalación de la mesa de negociación. Marca una buena pauta”. 

 

¿Y los consumidores qué? 

“Con la información que hemos logrado recolectar, sabemos que todo el mercado es muy dinámico y en este momento está un poco enloquecido. En Colombia, los consumidores estaban acostumbrados a la cocaína de muy baja calidad, porque la de buena calidad era la que se llevaban al exterior. Ahorita, en ciudades como Pasto y Cúcuta, los precios están bajísimos y la calidad altísima”, asegura Julián Quintero, director de Acción Técnica Social y de Échele Cabeza, quien señala que hay consumidores que les están reportando comprar gramos de cocaína pura a 7.000 pesos. 

No obstante, eso no responde a una falta de demanda de otros países pues, por el contrario, UNODC ha señalado que, luego de la pandemia, el consumo de cocaína ha aumentado alarmantemente en los países del Primer Mundo. La realidad es que la cocaína se está quedando en Colombia porque ya la producción se está yendo para otros países. 

Una investigación realizada este año por el medio Insight Crime demostró que, pese a que Colombia continúa teniendo la mayor cantidad de cultivos, ahora México, algunos países de América Central y España se han especializado en la cristalización de la pasta de coca, consiguiendo cocaína de mejor calidad. Por eso, una buena parte de la cristalización hecha en Colombia se está quedando para el consumo local. 

Quintero asegura que toda la dinámica para el consumidor es inestable y que es importante tener procesos de consumo informado, pues esa inestabilidad se puede prestar para afectar gravemente al consumidor: “En ciudades como Bogotá, algunas personas siguen sosteniendo el precio estable con sus dealers, es decir, el gramo sobre los 30.000 o 40.000 pesos. Hay otros casos en los que evidentemente no es cocaína, y se las están cobrando a 5.000 pesos el gramo. Pero tenemos otras regiones en las que ni siquiera están vendiendo la cocaína cristalizada, sino directamente la pasta de coca. Eso puede afectar gravemente al consumidor, que no sabe cómo manejar esta sustancia”.  

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