Los problemas crónicos del nuevo sistema de salud de los maestros

El pasado 29 de mayo, decenas de docentes bloquearon la calle 72 en pleno centro financiero de Bogotá. El tráfico estuvo interrumpido varias horas justo en frente del edificio de la Fiduprevisora. Los educadores allí apostados protestaban por las deficiencias en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, y pidieron la salida del presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, quien dejó su cargo al otro día.

Estas protestas, y otras que se presentaron en varias zonas del país, se han vuelto recurrentes y tienen una fecha de partida: el pasado 1 de mayo, día en que entró en vigencia el nuevo modelo de salud para los docentes. 

¿Por qué los maestros colombianos tienen un sistema de salud especial?

Los docentes, en su mayoría, se encuentran ubicados en zonas rurales o semiurbanas, donde el acceso a servicios de salud de calidad puede ser limitado. Además, su actividad profesional los expone a riesgos específicos, como enfermedades ocupacionales y estrés laboral. Por eso cuentan con un sistema especial.

Dicho sistema es administrado por el Fondo de Mitigación de Riesgos (Fomag), creado en 1994, y que tiene cerca de 800.000 beneficiarios. Entre sus funciones están:

• Brindar atención médica integral: Ofrecer a los docentes y sus familias acceso a servicios de medicina general, especializada, odontológica, hospitalización, urgencias y otros servicios de salud.
• Cubrir riesgos laborales: brindar a los profesores cobertura en caso de enfermedades o accidentes relacionados con su trabajo.
• Financiar subsidios para medicamentos: Otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos, tanto de venta libre como de fórmula médica.
• Apoyar en la prevención de enfermedades: El fondo también tiene como responsabilidad desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades para los docentes y sus familias.

Sin embargo, los problemas en la atención médica a los docentes, no iniciaron el pasado 1 de mayo. Durante décadas los profesores han sido víctimas de la deficiente atención, en un sistema que cuenta con recursos millonarios. En 2023, le fueron asignados al Fomag 18 billones de pesos.

Una gestión administrativa ineficiente, la falta de control y seguimiento a los recursos, y la atención desigual recibida por los profesores han sido identificadas como las principales falencias en el sistema. Falencias que se traducen en vidas.

Los indicadores son los peores del país, frente a otros prestadores de salud, según información recabada por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna entre beneficiarios del Fomag es más del doble que la media nacional: en 2021, la tasa a nivel nacional fue de 83,16 por cada 100.000, mientras que para el magisterio fue de 108,78. En 2022, la tasa de muertes por complicaciones obstétricas fue superior a la media nacional, así como la de mortalidad infantil por diarrea. 

Estas cifras, sumadas a sospechas de millonarios casos de corrupción, llevaron al gobierno Petro a la implementación de un nuevo modelo de salud para los docentes.

La historia no contada del nuevo modelo de salud del magisterio

Fuentes del Alto Gobierno le contaron a CAMBIO lo sucedido tras bambalinas en la implementación del nuevo modelo.

A su llegada, el 7 de agosto de 2022, el Gobierno Petro encontró en el Fomag una vena rota que había que cauterizar. De un lado, estaba un puñado de abogados que ganaban millonarias demandas en contra del Estado por errores en liquidaciones de prestaciones a los docentes, errores que parecían cometidos a propósito. Estos abogados, al parecer, contaban con información privilegiada de los docentes que podrían necesitar de su ayuda.

La situación no solo afanaba al Ministerio de Educación, sino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En su momento, Martha Lucía Zamora, la entonces directora de la Agencia, le dijo a CAMBIO que el impacto de las demandas en contra del Fomag podría costarle a la nación 2,3 billones de pesos, y aseveró: “el cálculo de la probabilidad de pérdida de los procesos activos indica que 21,4 por ciento de estos tiene una probabilidad alta de perderse”.

Sumado a esta situación, estaba en curso un nuevo proceso de selección para elegir a los operadores del sistema de salud del magisterio, licitación que venía del gobierno Duque.

La prestación de servicios de salud del magisterio se dividía en diez zonas y por años los operadores elegidos terminaban siendo los mismos, y los problemas también: costos altos, atención deficiente, y en general, ineficiencia.

Una serie de exigencias en la licitación, como contar con sedes exclusivas para la atención de docentes, hacía que EPS y cajas de compensación ni siquiera participaran en la puja. Según le dijo a CAMBIO el viceministro de Educación, Óscar Sánchez, en ese proceso había síntomas de colusión.

El nuevo gobierno, con asiento en el Fomag, empezó a cambiar las condiciones para que las características de la licitación no fueran tan restrictivas y permitieran la participación de nuevos interesados. Durante ese proceso, el Ministerio de Educación identificó que en los contratos que buscaba asignar la licitación había costos injustificados de más de 1,6 billones de pesos. De tal manera, que replantearon los términos y la exorbitante suma de más, desapareció. Pero este hecho coincidió con que a los anteriores operadores se les reconoció un cuestionado pago, el cual, a juicio de algunos, merece toda la atención de los entes de control.

El amistoso pago millonario

Ganar con cara y ganar con sello no suele ser una cuestión de suerte. Una decisión “amigable”, tomada sin la correspondiente recomendación del Consejo Directivo del Fomag, le reconoció el pago de 1,1 billones de pesos a ocho operadores del servicio de salud de los maestros. Los hechos tienen que ver con los contratos suscritos en el proceso anterior. Los operadores interpusieron millonarias demandas por errores atribuidos a la Fiduprevisora, algunas de ellas por presuntos errores durante la estructuración del contrato, y otras por el incremento de los costos derivados de la atención a un mayor número de afiliados.
Estas demandas fueron resueltas mediante contratos de transacción, suscritos entre la Fiduprevisora y los demandantes.

Lo grave del asunto es que los recursos con que se saldaron las diferencias salieron de las cuentas del Fomag, es decir, de los dineros de los profesores, según un documento en poder de CAMBIO. El Consejo Directivo del Fomag solo fue informado y la decisión no fue sometida al análisis de los consejeros. Los contratos de transacción se realizaron sin que existieran certificados previos de disponibilidad presupuestal y tendrían otros graves vicios de legalidad. 

Un concepto jurídico conocido por CAMBIO advierte la gravedad de la situación: “Adicional a lo anterior, por tratarse de hechos que desconocen y contravienen normas imperativas de orden superior, se compromete la responsabilidad personal y patrimonial de los servidores públicos y de los contratistas, por lo cual es urgente poner estos hechos en conocimiento de las autoridades de control fiscal, judicial y disciplinario”, dice un aparte del documento.

Transformar un sistema en 210 días

Aunque los cambios que se hicieron en la licitación prometían mejoras, no fueron suficientes para garantizar la amplia participación de oferentes. 

Fue así como, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le anunció al país que la licitación había sido suspendida por sospechas de corrupción. Eso ocurrió el pasado 18 de octubre, fecha en la que se inició la contrarreloj para tener listo un nuevo modelo de salud que entraría a operar el 1 de mayo, justo en el Día Internacional del Trabajo.

Varios sectores, entre ellos la Procuraduría, insisten en que el proceso ha sido improvisado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, niega los señalamientos y en su defensa ha dicho que en él participaron 38 estructuradores de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Educación, y también de la Fiduprevisora y Fecode. Entre diciembre y marzo se llevaron a cabo 17 mesas técnicas, pero en el gobierno eran conscientes de los riesgos que esta transformación conllevaba.

En otro documento conocido por CAMBIO, de febrero pasado, expertos del Ministerio de Educación dieron cuenta de los inminentes riesgos de la implementación contra reloj del nuevo sistema.

Entre ellos se destacaban: 

• Disminución en la calidad de la atención
• Nuevas barreras de acceso a los docentes
• Aumento en los costos
• Descontento de los profesores

A estas alturas, todo indica que lo advertido en el documento se ha venido cumpliendo. El concepto hace advertencias aún más graves, en él se afirma que la sostenibilidad del modelo podría estar comprometida debido al incremento de los gastos y también advierte el posible aumento de casos de mortalidad de profesores con enfermedades crónicas: “la población con tratamientos en curso el 01 de mayo del 2024 a las 00:01 horas quedarán bajo la cobertura del Nuevo Modelo de Atención en Salud del Magisterio y, si no se garantiza la continuidad del tratamiento, existe una alta probabilidad de aumento en la carga de la enfermedad y de la mortalidad”.

El debate en el Congreso

El pasado 27 de mayo la implementación del nuevo sistema se discutió en la Comisión Primera del Senado de la República, el citante fue el senador de Cambio Radical, David Luna.
La discusión transcurrió en tono tranquilo y todas las partes tuvieron la oportunidad de participar, asistieron los ministros de Salud y Educación, el presidente de la Fiduprevisora y voceros de Fecode.
De la discusión quedaron claras varias cosas, entre ellas las diferentes cifras manejadas por ministerios y la Fiduprevisora, la incipiente puesta en marcha de un plan de contingencia, los enormes problemas en el suministro de medicamentos y las delicadas observaciones de la Procuraduría.

Uno de los temas centrales, expuestos por Luna, tuvo que ver con la competencia de la Fiduprevisora para encargarse de la operación de la salud de los maestros. Por ese mismo tema ya fue instaurada una demanda, que de prosperar, podría tumbar el nuevo modelo de salud del Magisterio.

La demanda en curso

El pasado 15 de abril, el abogado Germán Calderón España demandó ante el Consejo de Estado el nuevo modelo de salud.

El argumento no es menor, al ser la Fiduprevisora una sociedad de economía mixta, vigilada por la Superintendencia Financiera, no tiene entre sus funciones prestar servicios de salud.
Así las cosas, la Superintendencia de Salud, entidad encargada de vigilar a los prestadores de este servicio, no ejerce control sobre la Fiduprevisora y de esta manera los pacientes no tendrían a quien acudir para que sus derechos les sean resguardados.

Hay quienes creen que la demanda tiene suficientes argumentos para ser fallada a favor del demandante, pero en el gobierno están convencidos de que la ley le otorga a la Fiduprevisora la potestad de encargarse de la salud de los maestros.

La piedra en el zapato soy yo

Hace unos días se conoció la salida de Mauricio Marín como presidente de la Fiduprevisora. Esto sucedió después de las protestas de los maestros, y luego de las revelaciones de unas discusiones en las que el ministro Jaramillo se refería en tono fuerte a Marín y otros miembros del gobierno.

En junio del año pasado, la periodista Laura Ardila publicó en Vorágine una semblanza del presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín. En el artículo titulado “Las sombras del regalo burocrático que Petro le dio a La U”, se daba cuenta de la cercanía de Marín con la parapolítica Eleonora Pineda y con el controvertido embajador Armando Benedetti.

Durante el debate en el Congreso este 27 de mayo, el senador Ariel Ávila le preguntó a Marín por sus procesos en Fiscalía y Procuraduría y por su cercanía con cuestionados personajes de la vida política nacional. Marín dijo que Procuraduría le archivó recientemente su proceso y dijo desconocer que hubiese una investigación en su contra en la Fiscalía. También negó haber llegado a su cargo por amiguismo.

Sin embargo, su presencia siempre causó interrogantes en sectores del gobierno, Marín cuyo paso por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales no estuvo exento de cuestionamientos, le generaba dudas a funcionarios que se preguntaban por qué Petro le había entregado un cargo con tanto poder y billonarios recursos a una figura con aparentes nexos con políticos cuestionados.

En una reciente entrevista al Canal Caracol, Marín dijo ser la piedra en el zapato del ministro Jaramillo. Todo indica que vendrán más cambios en la Fiduprevisora.

La sombra de un paro nacional

El nuevo modelo se inició sin contratos firmados con IPS, aunque en su lugar hubo cartas de intención. Para el gobierno dichos documentos son vinculantes, pero la Procuraduría tiene una opinión diferente.

La situación es apremiante, el pasado viernes, directivos de Fecode buscaban una reunión urgente con la ministra de Educación, Aurora Vergara. Los docentes están pidiendo soluciones totales e inmediatas a los problemas que se han presentado en la implementación del nuevo sistema. Sectores de la Federación anunciaron más movilizaciones durante los próximos diez días y hay un grupo que está promoviendo la idea de un paro nacional.

El gobierno ha manifestado tener todas las intenciones y las energías puestas en que el sistema esté implementado al 100 por ciento lo antes posible, pero parece que arreglar el modelo en el camino, puede ser igual de complicado que reparar un barco en el medio del mar.