Las señales de corrupción en la licitación para la prestación de salud del magisterio

El pasado 18 de octubre, el presidente Gustavo Petro, a través de  su cuenta en X, anunció la cancelación del proceso de adjudicación de los operadores de salud del magisterio.

En el mensaje, el mandatario aseguró que la cancelación del proceso se debía a una red de corrupción que había sido detectada. Así las cosas, a los actuales operadores se les prorrogó por seis meses los contratos mientras se estructura un nuevo proceso.

Aunque el gobierno no ha revelado los detalles que permitieron aseverar que en este proceso influía una red de corrupción, una denuncia conocida por CAMBIO da cuenta de las posibles irregularidades en el proceso. Fue enviada el 1º de octubre a la Fiduprevisora, firmada por Carlos Alberto Betancur, representante legal de la Unión Temporal Salud Humana.

Este consorcio estaba interesado en participar en la adjudicación de la zona 8, que corresponde a los departamentos de Antioquia y Chocó.
Sin embargo, su participación en igualdad de condiciones habría sido torpedeada por una serie de maniobras hechas por el actual operador de la zona.

Según la denuncia del representante legal de la Unión Temporal Salud Humana, durante la preparación de la oferta tuvieron múltiples inconvenientes que les impidieron presentar su oferta de manera oportuna.

Los interesados en este proceso de adjudicación deben contar con una red de atención médica. En consecuencia, se pusieron en contacto con empresas prestadoras de servicios de salud públicas en los municipios de El Santuario, Río Negro, San Roque, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe, Campamento y Yamrumal, para la suscripción de promesas de contrato, pero los gerentes de la entidades se negaron.

La razón, al parecer, es que el actual prestador de servicios de salud del magisterio en Antioquia y Chocó, Sumimedical S.A.S., habría amenazado a los gerentes de dichas entidades de cancelarles los actuales contratos si llegaban a suscribir promesas con otros interesados en la licitación.

Según la denuncia, el actual operador estaría ofreciendo incentivos para impedir que empresas prestadoras de salud firmen promesas con la competencia: “Presuntamente el actual prestador está entregando dádivas a los prestadores que se han negado a permitir que otros actores diferentes a Sumimedical puedan obtener los requisitos habilitantes, por lo cual hay prestadores que, a pesar de ofrecérseles mejores condiciones contractuales de las que les ofrece Sumimedical, se niegan a suscribir rotundamente y de forma grosera la promesa de contrato”.

En la denuncia, el representante legal de Salud Humana describió otras maniobras que configurarían una restricción a la libre competencia: “Enviar comunicados alertando sobre inexistentes suplantaciones, dando a entender que quienes pretenden la suscripción de promesa de contrato diferentes a Sumimedical son suplantaciones de dicho prestador, cuestión que está tomando eco entre los gerentes, quienes se niegan a firmar por esa razón”.

Los gerentes de las empresas prestadoras de salud que se niegan a firmar promesas de contrato con las firmas competidoras de Sumimedical son servidores públicos, lo cual estaría vulnerando el derecho de otros oferentes a participar en igualdad de condiciones.

Además de las presuntas vulneraciones a la libertad e igualdad de competencia, existirían otras anomalías. Quienes participan en este proceso de licitación deben garantizar un mínimo de IPS. Según la denuncia de Salud Humana, Sumimedical, actual prestador en Antioquia y Chocó, no contaba con el mínimo de instituciones de salud establecidas para participar en la invitación pública.

Un caso similar ocurriría con otro de los interesados en el proceso de adjudicación. Se trataba de Unión Salud, consorcio que estaba interesado en operar la zona 3, conformada por Caquetá, Nariño y Putumayo, el cual no contaría con la red suficiente para prestar los servicios de atención integral al cáncer.

La salud y las prestaciones sociales del magisterio colombiano se rigen por un régimen especial, al que incluso los profesores aportan más que el del resto de trabajadores. El organismo encargado de administrar estas cuentas es el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) el cual, según un informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, enfrenta billonarias demandas por ineficiencia.

El pasado 22 de octubre, en entrevista con CAMBIO, el viceministro de Educación, Oscar Sánchez, aseguró que, aunque no conocía detalles sobre los hechos de corrupción mencionados por el presidente Petro, sí había síntomas de colusión en el proceso : “Pero el hecho de que haya indicios de colusión, de monopolio, es algo que yo le he venido comentando desde hace varios meses a la revista CAMBIO. La dificultad que a veces generaba mover presupuestos para hacer ahorros es un indicio de que las cosas podían ser más competitivas y transparentes”.

Aunque se trata de una adjudicación de 13 billones de pesos, el número de oferentes es reducido. Incluso hay zonas que han sido declaradas desiertas. El objetivo del gobierno Petro es que las condiciones del contrato permitan a más interesados participar y poder así prestar un mejor servicio a los profesores quienes adolecen de un servicio de salud eficaz y oportuno.