Corrupción y mal servicio: Así cayó la licitación para la salud de los maestros

 “El Gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio” dijo, el pasado 18 de octubre, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Ese trino puso en alerta a todos los profesores del magisterio. Además, el presidente añadió que, por tal motivo, se suspendía el proceso licitatorio para los operadores de salud en diez zonas del país y quedaban prorrogados por seis meses los actuales servicios, mientras se llevaba a cabo una reestructuración del sistema para “lograr la mejor atención posible a los y las maestras de Colombia”. 

Aunque Petro no dio detalles sobre esa “red de corrupción” hallada por el Gobierno, lo cierto es que hay varios indicios que llevan a sospechar por dónde va la cosa. 

La salud y las prestaciones sociales del magisterio colombiano se rigen por un régimen especial, al que incluso los profesores aportan más que el del resto de trabajadores. Sin embargo, no funciona. La orden de citas médicas puede tardar semanas, así como el pago de los retiros parciales o totales de las cesantías.

El organismo encargado de administrar estas cuentas es el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) el cual, según un informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, enfrenta billonarias demandas por ineficiencia. Al 31 de agosto pasado tenía un total de 85.941 demandas activas, cuyas pretensiones sumaban 6,5 billones de pesos. De hecho, el Fomag es la segunda entidad del Estado con más demandas en su contra, después de Colpensiones.

Dichas demandas representan un riesgo latente para las finanzas de la Nación. Y ese riesgo ha aumentado. Mientras en 2021 se instauraron 12.389 procesos con pretensiones de 374.000 millones de pesos, en 2022 la cifra de procesos fue de 48.393 por un valor de 3.2 billones de pesos, es decir, que hubo un aumento del 390 por ciento en pretensiones económicas y de 855 por ciento en demandas instauradas.

A mediados de septiembre, la preocupación del presidente Petro por el problema de las prestaciones sociales de los maestros era evidente. Así que empezó a convocar reuniones con su equipo de ministros para analizar la situación, obtener un diagnóstico preciso y trabajar en el diseño de un modelo de prestación de servicios con el que se superaran las fallas actuales. Han sido al menos cinco reuniones, a las que han asistido los ministros de Salud, Educación, Hacienda y Trabajo; y, también, dirigentes de Fecode.

Una de las primeras decisiones fue, en efecto, suspender la licitación para la prestación de servicios de salud de los maestros, un proceso dividido por regiones, que proyectaba contratar 13 billones de pesos en un periodo de cuatro años. La razón era que, a pesar del tamaño de la licitación, el número de oferentes no era suficiente. En muchas regiones solo se presentó un oferente, mientas que en una de ellas, la licitación resultó desierta, lo que para el Gobierno era un claro síntoma de colusión.

La escasez de ofertas para la licitación hizo que el Gobierno suspendiera el proceso. Así se lo dijo a El Espectador el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla: “Después de escuchar la exposición sobre el estado del proceso a cargo de la Fiduprevisora, consideramos que no existe pluralidad de oferentes, lo que impide una sana competencia”

Pero además de la sospecha sobre los oferentes, que se repite licitación tras licitación, hay otros aspectos que preocupan al Gobierno: una posible industria del litigio, en la que abogados ganan espectaculares cifras demandando al Estado por errores que parecieran cometidos a propósito, y los vasos comunicantes entre funcionarios de la Fiduprevisora, abogados, políticos y dirigentes sindicales para que ello ocurra.

Una de las principales causas de las billonarias demandas contra el Fomag tiene que ver con el incumplimiento en el reconocimiento y pago oportuno en el retiro de cesantías. Ese error administrativo ha sido prácticamente acaparado por en un puñado de abogados, entre ellos el bufete López Quintero Abogados y Asociados, que representa a los profesores y se aprovecha de las irregularidades para sacar una buena tajada durante el litigio.

La firma fue creada por el abogado Yobany López y por su padre, Olverth López, exdirectivo de Fecode. Yobany López, a su vez, fue asesor de dicho sindicato, lo cual le ha permitido tener las suficientes relaciones para que dirigentes sindicales recomienden a sus afiliados contratar los servicios del bufete.

El Gobierno quiere ponerle un torniquete a esta vena rota y analiza la posibilidad de que las cesantías de los profesores sean manejadas por otras entidades con mayor experiencia y más eficaces como el Fondo Nacional del Ahorro.

Los otros cambios que se avecinan

El Gobierno no ha puesto en duda que los profesores sigan teniendo un régimen especial. Lo que busca es que los maestros tengan la oportunidad de elegir qué empresa les presta el servicio, y que en ese abanico de posibilidades se incluyan clínicas y hospitales de alto nivel. También trabaja en mejorar los sistemas de control y auditoría a dichos contratos e implementar sistemas de información fiable, para saber de qué se enferman los maestros y las causas en cada región del país.

Otra intención del gobierno es romper la integración vertical que existe en la prestación de salud del magisterio. De eso se encargaría una entidad –que bien puede ser pública, privada o mixta– que, en conjunto con la Adres (la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), defina las tarifas que se pagarán por cada servicio. Del diseño de ese modelo está encargado el director de la Adres, el viceministro de Salud Pública, el ministro de Salud y sus equipos técnicos.

Martha Rocío Alfonso, directiva de Fecode, le dijo a CAMBIO que estaba de acuerdo con la decisión del presidente Petro de suspender la licitación ante alertas de corrupción.

También aseguró que las amenazas de paros y movilizaciones ya no tenían sentido, pues ya es claro que el gobierno respetará la existencia de un régimen especial de salud y prestaciones sociales del magisterio.

La dirigente sindical se mostró de acuerdo con la eliminación de la integración vertical del sistema: “Esto lo que hace es que restringe la atención en salud. Hay un número restringido de citas, especialistas y clínicas. En Bogotá o en Medellín, por ejemplo, no se tiene acceso a buenas clínicas y hoy sabemos que en el sistema de salud es mayoritario el número de quejas de los profesores, a pesar de que se cuenta con recursos de 13 billones de pesos para nuestra atención”.

“El Fomag va a continuar, pero tiene que funcionar”: es lo que quiere el Ministerio de Educación

En entrevista con CAMBIO, Óscar Sánchez, viceministro de Educación, profundizó sobre la necesidad de darle un vuelco al sistema de salud y prestaciones sociales del magisterio.

CAMBIO: ¿Cuál es la discusión que han tenido con respecto al sistema de prestaciones sociales de los maestros?

Oscar Sánchez: Nosotros hemos venido alertando durante meses sobre la necesidad de que el sistema de salud de los profesores cambie y que exista un mercado más abierto. En la licitación que veníamos estructurando, logramos que hubiera algunas cosas buenas, pero en otras fuimos derrotados; por ejemplo, en incluir clínicas acreditadas y redes de farmacias. Aunque pudimos introducir algunos cambios, como que en la licitación se contemplara el sistema de riesgos profesionales, no tuvimos la posibilidad de que entraran nuevos prestadores de servicios. Esa falta de pluralidad nos indicó que el servicio no iba a mejorar sustancialmente. Logramos introducir la salud ocupacional y bajar el presupuesto. Sin embargo, ese presupuesto no estaba sustentado en estudios epidemiológicos.

CAMBIO: ¿Qué va a pasar en estos seis meses de prórroga de los actuales contratos?

O.S.: El Ministerio de Salud está trabajando en el fortalecimiento de la propuesta y en disponer de la información: cuántas entidades de salud hay en el país, cuáles son las mejores... Y, sobre esa base, organizar una red de oferta, tanto de especialistas como de medicina general, farmacias y centros quirúrgicos; y, a partir de ahí, determinar quién prestaría el servicio y cómo se remuneraría.

CAMBIO:  ¿Puede haber una interpretación de que se les está prorrogando el contrato a unos prestadores que brindan un servicio bastante malo, como si fuera un premio?

O.S.: En efecto, lo están prestando bastante mal. Hay más de 30.000 quejas en la Superintendencia de Salud y lo ideal sería poder contratar otros operadores, incluso de manera inmediata. Pero eso no es realista porque es una operación muy compleja. Solo recabar las historias clínicas no es algo de días o de semanas, es de meses.

CAMBIO: Los profesores temen que el régimen especial se desmonte.

O.S.: Ese temor es infundado. Primero, porque la normatividad, desde 1989, establece ese régimen. El Fomag va a seguir. Lo más importante es que funcione y esa es la intención del presidente, y de las ministras de Educación y Trabajo.

CAMBIO: Explíquenos el trino del presidente, porque aquí es evidente que el proceso se suspendió por sospechas de corrupción.

O.S.: Yo no soy capaz de conocer los detalles de los asuntos relacionados con corrupción. Pero el hecho de que haya indicios de colusión, de monopolio, es algo que yo le he venido comentando desde hace varios meses a la revista CAMBIO. La dificultad que a veces generaba mover presupuestos para hacer ahorros, es un indicio de que las cosas podían ser más competitivas y transparentes.

CAMBIO: ¿Cómo están las relaciones entre el gobierno y Fecode?

O.S.: Usted sabe que Fecode ha demostrado tener diferencias de criterio. Hay un sector que estuvo publicando unas comunicaciones muy críticas del gobierno y otro sector que le manifestó su apoyo. Ayer, que tuvimos reunión del comité del Fomag, los dos representantes de Fecode votaron en contra de la prórroga y de la cancelación de la licitación. Al final, dieron una declaración en donde reconocieron que hay que conversar y que las cosas se hicieron de manera amistosa.

¿Quiénes están detrás?

Ahora lo que falta es que el gobierno revele quiénes están detrás de la “red de corrupción” denunciada por el propio presidente. Afiliados a Fecode –que pidieron mantener su nombre en el anonimato– le dijeron a CAMBIO que es urgente saber en qué consistieron los hallazgos sobre corrupción y los nombres de los implicados, para que no caiga un manto de duda sobre toda la organización.

La otra pregunta que ronda en el ambiente es qué hará el gobierno con la administración de la Fiduprevisora, una entidad sobre la que hay sospechas y en la que incluso su presidente, John Mauricio Marín, ha sido cuestionado por posibles irregularidades en contratación pública.