Minhacienda lanza alerta por aumento de deuda y desfinanciación del presupuesto de 2024

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró ante la Sala Plena de la Corte Constitucional que el presupuesto de 2024 quedó desfinanciado porque se esperaba contar con 3,4 billones de pesos que se esperaban recaudar y que ya no se tienen por cuenta del fallo que se dictó el año pasado sobre las regalías. 

En noviembre de 2023, la Corte tumbó un artículo que prohibía a las empresas dedicadas a la extracción de petróleo y gas que descontaran del impuesto de renta las regalías, que es la plata que se le da al Estado para poder operar. El Gobierno buscaba unos 3,2 billones anuales con esa medida y, tras la decisión judicial, se quedó sin ese dinero, estimado en 6,7 billones para 2023-2024, y tendría que devolver lo recaudado en 2023.

Por eso, el ministro de Hacienda interpuso un incidente de impacto fiscal en el que espera que la Corte module los efectos de la decisión a fin de que se pueda disminuir el impacto, especialmente para este año.

Según el Gobierno, el impacto es de 34,9 billones en total. De esos: 6,7 billones por las vigencias 2023-2024; 13,3 billones relacionados con el marco fiscal de mediano plazo 2025-2034; y 10,9 billones después de 2035.

Bonilla indicó que en el Plan Financiero de este año se tiene una fórmula que podría resolver la situación: 5,1 billones se podrían subsanar aumentando la deuda pública y 1,6 billones recortando gastos en el área de inversión. Pero, según el Gobierno, el problema de ese plan es que tendría impactos permanentes, ya que al aumentar la deuda, los intereses aumentan también 0,6 billones.

Bonilla indicó que esto sucede, además, en un panorama que es complicado desde 2020, ya que, en palabras sencillas, actualmente se está pagando los costos de sobrellevar la pandemia, emergencia que igualmente generó que el país perdiera la calificación de grado de inversión.

“Las actuaciones de 2022 y 2023 van en esa senda, pero en 2024 vamos a encontrar un desvío por tener que aumentar el endeudamiento y tener que financiar parte del gasto con deuda. Esa es la implicación de corto plazo más importante. No solo son los ingresos que se dejarán de percibir, sino que hacia adelante habrá implicaciones de aumento del costo de la deuda”, dijo.

En su presentación, Bonilla dijo que el impacto de reducir la inversión para solucionar el hueco que hoy tiene el Gobierno, “empeoraría el desempeño de la actividad económica en 1,2 pp del PIB”. Y, seguir utilizando el mecanismo de deuda implicaría que el Gobierno aumente sus “colocaciones de TES en más de 10% en 2024 y 5% entre 2025 y 2034. Esto podría generar dificultades para encontrar financiamiento a tasas competitivas”.

Ante las preguntas de los magistrados, Bonilla dijo que no se está discutiendo la sentencia, sino analizar una forma de resolver los problemas para su aplicación que hay en el corto plazo. Según el ministro, actualmente el servicio de la deuda representa el 4,5 por ciento del PIB: “Eso significó en 2022 pagar 76 billones. En el año 2023, 80 billones. Y que este año tengamos previsto pagar 95 billones de pesos y que esté previsto para el 2025 tener que pagar 115 billones de pesos en deuda”.

“Tenemos una regla fiscal que no nos garantiza de qué manera vamos a pagar la deuda, ni cómo vamos a garantizar el crecimiento económico”, dijo Bonilla.

En la diligencia, el magistrado Jorge Ibáñez preguntó si el Gobierno había previsto al momento de presentar el presupuesto la posibilidad de que saliera un fallo negativo a sus intereses. Bonilla dijo que sí lo tenían previsto.

“Siempre estuvo visible la posibilidad de la sentencia y desde entonces se plantó qué hacer en el plan financiero de 2024. Se trata de reconocer que hay una plata que tenemos que devolver y otra que no vamos a recaudar y que implica un desfinanciamiento del presupuesto del 2024”, precisó.

El congresista del Centro Democrático Carlos Edward Osorio, quien es uno de los demandantes de este caso, indicó que el pedido del Gobierno debe rechazarse porque no es cierto que haya un hueco de 6,7 billones.

“El impacto fiscal no existe, pues el plan financiero de 2024 de que se cumplirá con la regla fiscal incorporando los efectos de la sentencia. El verdadero problema de caja lo originó el Gobierno con un crecimiento exagerado del gasto. La presión desmedida del gasto se origina por el mismo Gobierno, por su falta de capacidad y reacción y no por efecto de la sentencia”, dijo.

“Los 6,7 billones nunca han sido consistentes. Si no existe claridad en el monto del presunto impacto fiscal, cómo podría accederse a lo solicitado por el Gobierno. Pero si, en gracia de discusión, partimos de los 6,7 billones; 5,1 billones no se podrían gastar, es decir, que el eventual impacto, solo podría versar sobre 1.6 billones”, dijo.