La Corte estudiará reclamo del Gobierno para no perder 6,7 billones de pesos de regalías

La Corte Constitucional aceptó estudiar un recurso con el cual el Ministerio de Hacienda busca reducir los impactos de un fallo que se tomó en 2023 sobre las regalías y que dejó un hueco en el presupuesto de la nación de 6,7 billones de pesos. ¿De qué se trata este caso?

En noviembre de 2023, la Corte le tumbó al Gobierno de Gustavo Petro un artículo clave de su reforma tributaria que le prohibía a las empresas que se dedican a extraer petróleo y gas que dedujeran, o descontaran, del impuesto de renta las regalías, es decir, la plata que dan al Estado estas empresas a cambio del permiso para poder realizar actividades extractivas.

Con esa medida, el Gobierno buscaba recaudar en promedio 3,2 billones de pesos anuales entre 2023 y 2026. Ante la magnitud de la decisión, el Ministerio de Hacienda pidió 'cacao' a la Corte y presentó un incidente de impacto fiscal en el cual piden que se module los efectos de esa decisión.

Luego de varios meses, la Sala Plena de la Corte optó por admitir para estudio esa petición del Gobierno. Así lo anunció el vicepresidente del alto tribunal, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien anunció que hacia mediados de mayo se realizará una audiencia pública en la que el Gobierno y todos los interesados podrán presentar sus puntos de vista sobre este asunto.

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En palabras sencillas, pasaron dos cosas: primero, el Gobierno tendrá una oportunidad de pedirle a la Corte que module la sentencia que tomó en 2023 bajo el argumento de que hay un impacto muy grande en materia fiscal para el país. Y la Corte deberá después tomar una decisión: si acoge esa pretensión, el Gobierno, entonces, puede recuperar algo de la plata que tenía prevista, o bien, puede que la Corte no lo haga y deje todo como está.

En segundo lugar, mientras se estudia y revisa esta petición, la sentencia C-528 de 2023 queda suspendida. Esto quiere decir que por lo menos por los meses de abril y mayo de 2024, el artículo que prohibía deducir regalías a las empresas extractivas cobrará vida. A pesar de ello, en la práctica, esto no implicaría un cambio en las reglas de juego.

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"Nos toca convocar a una audiencia pública con el actor del proceso (el demandante) y el ministro de Hacienda para verificar cuáles son las alternativas que el Gobierno propone para diferir la sentencia 2024 y 2025", dijo el magistrado Ibáñez. La audiencia inicialmente se haría el 17 de mayo.

Esta decisión que, aún no se ha notificado al Gobierno porque se tomó ayer (miércoles 24 de abril de 2024), plantea escenarios claves porque lo que se está proponiendo es modular los efectos de una decisión que se tomó en noviembre de 2023 y que ya es cosa juzgada.

Al ser preguntado al respecto, el magistrado Ibáñez dijo que uno de los temas que precisamente se revisarán será ese: si se puede modular una decisión que se entendía que estaba en firme varios meses después, bajo el argumento de que lo que se decidió tiene un impacto fiscal importante para el Gobierno.