Nuevas pruebas contra Carlos Edward Osorio, congresista investigado por la Corte

Carlos Edward Osorio fue elegido representante a la Cámara por Tolima en las pasadas elecciones regionales. Un total de 17.701 votos le garantizaron su regreso al Congreso, en donde ya había estado entre 2010 y 2018. En esos primeros ocho años estuvo legislando bajo las toldas del Partido de la U y posteriormente saltó al Centro Democrático, colectividad en la que milita actualmente.

Pero no es su trabajo en el Capitolio por el que ha sido reconocido recientemente, sino por un cuestionado contrato que celebró en 2021 con la Procuraduría General de la Nación.

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En octubre del año pasado, un informe publicado por Noticias Uno reveló que Osorio recibió un pago de 106 millones de pesos por unas asesorías que prestó al Ministerio Público entre mayo y diciembre de 2021. Meses más tarde lanzaría su candidatura y se convertiría, por tercera vez, representante a la Cámara. El medio de comunicación señaló que el objeto del contrato en cuestión fue motivo de controversia, por lo que se radicaron derechos de petición en las diferentes divisiones de la Procuraduría en las que Osorio, según el informe de gestión que él presentó, había asesorado en diferentes temas jurídicos. La respuesta de algunos jefes de esas divisiones fue contundente: ni ellos ni sus subalternos recibieron asesorías de Osorio.

La situación fue puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, que ahora investiga el contrato y a los implicados. CAMBIO tuvo acceso al expediente y encontró pruebas que, puestas en contexto, dejan en entredicho las supuestas asesorías prestadas por Osorio a la Procuraduría.

En cuatro actas se dejó constancia de las veces en las que el hoy representante se reunió con funcionarios de la entidad para asesorarlos respecto a procesos disciplinarios y seguimiento a otras medidas. Además de Osorio, en dichos encuentros participaron la asesora Mary Zoila González; Diana Negrette, jefe de división encargada de Gestión Humana; y Carlos Alberto Castellano, secretario general de la Procuraduría. Al final de cada acta están las firmas de cada uno. Curiosamente una de las actas tiene fecha del 29 de septiembre de 2022, a pesar de que el contrato se celebró un año antes.

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Pero esa no es la única particularidad. La Corte tiene en su poder un documento, expedido por el jefe de división de Seguridad de la Procuraduría, que indica los días en los que Osorio ingresó a las instalaciones de la entidad durante los meses que fue contratista. El tolimense entró a la sede del Ministerio Público en seis oportunidades (17 de marzo; 19 y 25 de agosto; 22 y 29 de septiembre; y 5 de octubre) y ninguna coincide con la fecha en la que se elaboraron las cuatro actas que CAMBIO conoció (19 y 27 de julio; 3 de agosto y 29 de septiembre). Así las cosas, no es claro cómo pudo Osorio reunirse con los funcionarios de la Procuraduría en dichas fechas sin que quedara registro en los filtros de seguridad que se aplican con la entrada y salida de visitantes.

“No conozco la información de la que usted me habla y que fue rendida por la Procuraduría. También le puedo decir que buena parte de la tarea que se desarrolló, usted recordará que estábamos en una época de pandemia. No sé qué fecha se haya reportado, muchos informes se rindieron de forma virtual y no le sé responder. Lo más preciso es que no conozco la información que remitió la entidad al órgano investigador. Si hay incongruencias, le corresponde a la entidad que rinde la información”, aseguró Osorio al ser contactado por CAMBIO.

Si efectivamente algunos informes se rindieron virtualmente, llama la atención que las firmas de las cuatro actas están en físico y, como se señaló previamente, las visitas del congresista a la Procuraduría no se dieron en las mismas fechas en las que fueron elaboradas.