Odebrecht: el proceso archivado contra el megacontratista de Barranquilla Javier Torres

Según lo documentó Pizano, en la Ruta del Rol hubo una larga lista de contratos fachada que solo comenzaron a ser investigados en Colombia cuando el escándalo de los sobornos de Odebrecht se destapó en el mundo. La justicia determinó que muchos de esos contratos sirvieron para lavar dineros y para pagar sobornos a funcionarios que beneficiaron con sus decisiones a Odebrecht. Algunos de esos contratos fachada fueron con las empresas SION, Profesionales de Bolsa y Consultores Unidos. Hoy, los representantes legales de esas empresas están condenados por los hechos. Sin embargo, hubo otros muchos contratos que no se tocaron.

En los hallazgos de Pizano aparecía un jugoso contrato de Consol con la megaempresa de construcción costeña Torrosa, representada por Javier Torres. En el documento aparecía “sin avances”, lo cual hizo sospechar que se trataba de una especie de contrato fachada.
 

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“Ejecución de explanación, estructura y drenaje y puente en el tramo 7” de la obra, por un valor de 9.389 millones de pesos. La factura al consorcio está emitida por la firma Asesores y consultores Presoam. Según el informe, “de esta obra no se ha realizado ningún tipo de actividad”, decía el hallazgo de Pizano.

En 2019, la Fiscalía encontró que ese contrato realmente no se había ejecutado y que había servido para que el representante legal se enriqueciera ilegalmente. Aunque se ha afirmado públicamente que se sacaron los sobornos para pagar a políticos de la costa, la Fiscalía no encontró el lavado de activos, por lo que tomó la decisión de citarlo a imputación de cargos como presunto responsable solo de enriquecimiento ilícito.

En ese momento, se empezó a hablar en distintos medios de comunicación de la cercanía de Torres con los Char, especialmente, de su relación de amistad íntima con Álex Char, y de su importancia en la costa, al ser uno de los megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla. Esa conexión entre la amistad con los Char y el presunto enriquecimiento por ese contrato no fue investigada por la Fiscalía.

Aunque pasaron casi cuatro años de citaciones a una audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía solicitaría al juez una medida de aseguramiento contra Torres, los nuevos fiscales determinaron que no había delito y a finales del año pasado archivaron el proceso. Es decir, para la Fiscalía no hubo nada ilegal con ese contrato y hoy el caso está cerrado.