Pasaportes 2: La puja entre el Gobierno y el empresario Álvaro Rodríguez por el muelle 13 del puerto de Buenaventura

En entrevista con La W, el ministro de Transporte, William Camargo, se pronunció este lunes 15 de enero sobre el contrato mediante el cual se le prorrogó a un privado por 20 años la concesión del muelle 13 en el puerto de Buenaventura, y cinco días después le fue revocado, lo cual abrió la puerta a una demanda millonaria contra la Nación, como lo reveló CAMBIO en exclusiva. 

Camargo reconoció que, efectivamente, hubo una contradicción entre la decisión de la ANI de prorrogar el contrato al operador de la Unidad Operativa Muelle 13,  y la medida que cinco días después tumbó dicha prórroga. Sin embargo, agregó que, como no hay derechos adquiridos por el contratista, no habría riesgo de una demanda contra el país. 

Camargo explicó que, durante la sesión del Consejo Directivo de la ANI, dos de las cuatro entidades gubernamentales que lo conforman presentaron reparos a la solicitud que hizo el operador Grupo Portuario para que les dejaran el contrato hasta el 2045. Sin embargo, esas preocupaciones, que se referían particularmente a un tema ambiental, no fueron tenidas en cuenta a la hora de expedir la resolución que le otorgó a Grupo Portuario el nuevo permiso.  

“A la semana siguiente de que se expidiera la resolución con la prórroga, nos alertamos todos porque, claramente, no se tuvieron en cuenta las objeciones que presentaron el ministerio de Ambiente y el ministerio de Hacienda. Por un tema de principio de precaución y porque, evidentemente, se estaba concediendo una habilitación sin el cumplimiento de los requisitos, el Consejo tiene que reconsiderar la procedencia de la decisión y se expide un nuevo auto con las aclaraciones que fueron inmediatamente informadas a la concesión”, manifestó el ministro. 

Sobre los derechos adquiridos que tendría la empresa Ventura Group, dueña de Grupo Portuario, y que podrían dar lugar a un gran pleito con la nación, el ministro señaló que los derechos adquiridos solo se materializan cuando se firma el contrato y no con la decisión administrativa que se estableció a través de una resolución. 

“Sí hubo una falla de valoración por parte del Consejo Directivo, pero debemos acatar, por principio, las recomendaciones ambientales, no solo en lo que tiene que ver con el manejo de puertos, sino en las carreteras, terminales aéreas, los ferrocarriles y en todo el sector”, agregó. 

Asimismo, aclaró que la operación del puerto continuará con normalidad. Dijo que no hay ni habrá perjuicio porque el muelle 13 está bajo la administración de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el permiso para ellos fue renovado por un año más, es decir hasta el 6 de enero de 2025. En ese sentido, la Agencia podrá mantener el arrendamiento a Grupo Portuario durante ese tiempo y, además, hay otros dos contratos con esa empresa en esa misma terminal que vencen en un periodo de dos a tres años.

¿Qué dice el operador?

El presidente de Ventura Group, Álvaro Rodríguez, respondió a las afirmaciones del ministro de Transporte. En diálogo con La W, manifestó que el trámite de la prórroga de la concesión no surgió de la noche a la mañana, sino que duró más de dos años. 

Durante ese periodo, según Rodríguez, se hicieron todas las consultas con la ANI, la Dimar, la ANLA, entre otras entidades del Estado. Por eso, en diciembre de 2023 se tomó una primera decisión: dejar el contrato en manos de Grupo Portuario hasta 2045: “No entendemos por qué días después echan para atrás la resolución que el mismo Consejo Directivo había aprobado. Si el problema es ambiental, nosotros contamos con todas las aprobaciones en esa materia y no hemos incorporado el movimiento de nuevos productos o mercancía que pueda generar un problema adicional”.

El empresario advirtió que, en virtud de la prórroga, ya tenían inversiones previstas por más de 15 millones de dólares, las cuales se verían afectadas por la inseguridad jurídica. Aunque señaló que respeta las decisiones de las entidades del Gobierno, confirmó que el equipo jurídico está evaluando qué camino tomar evaluando, porque un acto administrativo no admite revocatoria.

“Lo que queremos es convencer al ministro de la importancia que tiene la prórroga del contrato. El Estado tendría el riesgo de caer en un proceso que podría perjudicar mucho a los colombianos porque no hay argumentos para decir que no contamos con los permisos. Ahí están, fueron aportados e incluidos en la primera resolución donde la misma ANI sí nos aprueba la adición; son posiciones jurídicas respetables, pero hubo una decisión que no se podía desestimar”, puntualizó el empresario.

Álvaro Rodríguez, propietario de Ventura Group, es es el principal accionista de la Alternativa, considerada como un medio de oposición al Gobierno. A propósito, el ex presidente Iván Duque escribió en su cuenta de X: