El lío de la licitación de pasaportes podría repetirse con un millonario contrato en el puerto de Buenaventura

El pasado 28 de diciembre, justo el Día de los Inocentes, el Gobierno Nacional tomó una decisión que podría costarle a Colombia decenas de miles de millones de pesos. Ese día, el Ministerio de Transporte echó para atrás la decisión que había tomado cinco días antes de prorrogar el contrato para la operación del muelle 13 del puerto de Buenaventura. El reversazo del Gobierno y las consecuencias de su decisión hacen vislumbrar un enredo que recuerda el de la Cancillería con Thomas Greg and Sons por los pasaportes: ¿Pondrán de nuevo las posturas ideológicas de Petro en líos jurídicos al país en los que tiene todas las de perder?

La historia comienza con el contrato de concesión para la operación y mantenimiento de una de las terminales más importantes del puerto: la Unidad Operativa Muelle 13, que a diario recibe alimentos y minerales importados. Hoy esa terminal es operada por la Sociedad Grupo Portuario, cuyo principal accionista es Ventura Group.

En noviembre del año pasado, en el Congreso Nacional de Infraestructura de Cartagena, el presidente Gustavo Petro intentó desvirtuar las versiones de los medios de comunicación, que alertaban sobre una restructuración en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la intención de acabar con las concesiones para delegar el manejo de los puertos en la Armada Nacional. 

Un mes después, se confirmó que las versiones de los medios eran ciertas. Aquel 28 de diciembre, el objetivo de acabar con las concesiones para devolverlas a la Nación empezó a vislumbrarse como una realidad. 

CAMBIO conoció que, luego de una larga negociación entre el Gobierno Nacional y el Grupo Portuario, la cual se remonta al 2021 y que buscaba prorrogar por 20 años más el contrato 002 de 2005 para la concesión el puerto, el pasado 23 de diciembre la ANI expidió la resolución con la que, por fin, aceptó la adición. Así, la Unidad Operativa del Muelle 13 de Buenaventura quedó en manos del operador privado hasta el año 2045. 

Grupo Portuario celebró la decisión. Sin embargo, apenas cinco días después, la empresa recibió una sorpresiva noticia que expertos consideraron absurda y que, podría darle una estocada a la inversión privada en los puertos de Colombia. 

A pesar de los derechos adquiridos, y de que la resolución con la prórroga estaba en firme, el ministro de Transporte, William Camargo, ordenó a su equipo en la ANI revocar la decisión. En una reunión del Consejo Directivo de esa entidad se estableció: “no aprobar la modificación de las condiciones del Contrato de Concesión Portuaria No. 002 de 2005 celebrado con la sociedad Grupo Portuario S.A, teniendo en cuenta la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”.

El año terminó en medio de reuniones en las que el operador privado le pidió al Gobierno reconsiderar su postura. Pero los esfuerzos fueron vano, pues el sábado 6 de enero de 2024, el Día de Reyes, el Ministerio reconfirmó su decisión en una nueva resolución que determinó que el contrato de concesión del muelle 13 en Buenaventura no seguiría en manos de la empresa que opera esa terminal desde hace 33 años. 

La excusa ambiental 

De nada valieron los dos años de negociación con el contratista. Para la ANI, en el documento conocido por CAMBIO, es claro que la solicitud de prórroga de la concesión por 20 años puede generar importantes afectaciones ambientales al territorio de Buenaventura. Esto debido a que se incluye la carga de carbón. Por eso, dice la ANI: “es necesario antes de emitir aprobación, verificar el estado del instrumento ambiental y la necesidad de Licencia Ambiental, lo cual debe ser consultado a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales, ANLA”.

Según la agencia gubernamental, la promesa de descarbonizar el país debe mantenerse, en concordancia con la postura de Colombia en la cumbre COP 28 sobre cambio climático. 

¿Por qué si el argumento del Gobierno es una preocupación ambiental no se tomó la primera decisión en ese mismo sentido y, por el contrario, se concedió la adición hasta el 2045? ¿El equipo jurídico de la ANI desconoce que no se puede decidir administrativamente y luego revocar con una justificación que en cualquier instancia se puede tumbar? ¿Qué va a pasar con la operación del puerto dada la nueva postura del Gobierno frente al futuro de esa concesión?

Fuentes consultadas por CAMBIO indicaron que la motivación no es lógica, ya que desde 2005, cuando se firmó el contrato con Grupo Portuario, el muelle 13 del puerto de Buenaventura transporta grandes cargas de carbón con todas las licencias ambientales que, desde ese entonces, exigía la ley. 

Además, este medio pudo establecer que, en el periodo de negociación de ese otrosí, Grupo Portuario tramitó la licencia ambiental para operaciones de exportación de “carbones coquizables y descargues de graneles sólidos”. Además, presentó el plan de manejo ambiental, que incluía la operación de almacenamiento, carga, descarga y transporte de carbón y otros materiales, así como otros permisos y requerimientos solicitados.

Todo eso lo tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para tomar la primera decisión del 23 de diciembre, que aprobaba la adición por 20 años al Grupo Portuario, la misma que después fue revocada. El tema ambiental, según las fuentes, sería la excusa para empezar a cumplir el deseo del presidente Petro de acabar con el modelo de concesión y que todo el muelle 13 quede en manos de la Armada Nacional. 

La molestia por tal arbitrariedad hizo que la presidenta de la ANI, Carolina Barbanti, y el gerente de puertos de esa entidad, Fernando Hoyos, manifestaran su intención de abandonar sus cargos. Ambos aparecen como firmantes, tanto de las resoluciones de prórroga como del documento que la tumbó, no obstante los riesgos que ello podría acarrear.

A pesar de esa situación, el ministro Camargo los ha persuadido para que se queden. Tanto así que, una vez firmado el último documento, el sábado 6 de enero mandaron a Barbanti a una semana de descanso, y a Hoyos a tomar su periodo de vacaciones. Todo con el fin de calmar las aguas.  

Con respecto a la nueva decisión del Gobierno sobre el futuro del muelle 13 en la costa del Pacifico, se aclaró que, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015, el procedimiento para la modificación de los contratos de concesión portuaria indica que se deben someter a recomendación del Consejo Directivo del sector. 

Así, según la cartera de Transporte, “en virtud del principio de precaución y por recomendación del Ministerio de Ambiente, los miembros del Consejo Directivo por unanimidad, no recomendaron la prórroga de la modificación sustancial, en el entendido de que no se cumple con los requisitos de ley”. 

Lo cierto es que se está generando una tormenta perfecta, pues hoy la mayor preocupación del sector y de conocedores del tema es la consecuencia legal del reversazo. Aunque aún hay espacio para negociar nuevas condiciones de la prórroga, la Nación podría recibir una multimillonaria demanda por parte del contratista que, como en el caso del contrato de los pasaportes en la Cancillería, tendría todas las de ganar.