Gustavo Petro, el hombre de las tempestades

Alejar, paralizar y evitar decisiones para que funcionen sectores que dependen del Estado, es parte del método Petro para convertir sus puntos de vista en políticas públicas. Con este sistema angustia, desgasta y debilita a las contrapartes que, si quieren salvar sus actividades, deben ceder. Muchas de las reglas establecidas en gobiernos anteriores están en suspenso porque el Gobierno considera que impiden avanzar en la dirección deseada. El viejo orden pierde su eficacia y es desconocido como norma, lo cual provoca una cadena de tempestades que mantiene al país en crisis y que le permite al Gobierno avanzar a pesar de ser minoría y contar con poco apoyo popular. 

Petro adora los atajos, las emboscadas, el ataque sorpresa. Por peligrosas que sean, son tácticas que ayudan a forjar los cambios. En una sociedad acostumbrada a defender sus intereses y creencias por vías legales e irregulares, como lo demuestran 20 años de paramilitarismo y 50 de guerrillas, el riesgo de desatar las pasiones contenidas hasta ahora es considerable. El saldo positivo de los acuerdos de paz disminuye, si en vez de avanzar en gobiernos participativos de exguerrilleros, estos tratan de imponer por la puerta de atrás reformas que una parte de la sociedad no está dispuesta a aceptar. Si bien están de moda los regímenes autoritarios, la baja aceptación de Petro y sus minorías tanto en el Parlamento como en las cortes, hacen insensato gobernar como si fuera Bukele, Ortega o Maduro.

El truco de eludir debates, aplazar decisiones o dilatar nombramientos afecta el funcionamiento de sectores que nutren la sociedad. Afecta los ciclos económicos, la calidad de vida de la ciudadanía, la inflación, el empleo, el costo del crédito y la deuda. Creer que las dilaciones y los incumplimientos de compromisos estatales afectan solo a los empresarios que administran concesiones o servicios públicos privatizados, o a quienes se han beneficiado de estímulos y subsidios en el pasado, es una simplificación. 

El argumento es que los empresarios “ya ganaron suficiente” y ahora les toca a otros ganar, al pueblo que el Gobierno cree representar. Desconoce el daño social que produce al provocar parálisis y desbarajustes en el aparato productivo y al llevar a las contrapartes a la desesperación para que se entreguen a la voluntad del Gobierno.  Así empieza la construcción de un régimen arbitrario. Por evitar que unos pocos ganen “mucho”, el Gobierno lleva a que todos pierdan mucho. Así ocurrió en Venezuela, donde cambió un régimen corrupto y que repartía mal la riqueza, por otro régimen corrupto que destruyó el aparato productivo, incluyendo la industria petrolera, para repartir peor la menor riqueza que produce. 

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Crear tempestades para que las contrapartes acepten lo que el régimen ofrezca a cambio de dejarlos funcionar, es insensato. Cuando el Gobierno deja de girar recursos a las EPS, las pone al borde de la iliquidez y les crea condiciones negativas en una mesa equilibrada, los primeros afectados son los accionistas; pero los siguientes son los millones de afiliados que ven decaer la calidad del servicio y los miles de servidores y proveedores. Este atajo es una tempestad innecesaria porque no hay nadie que se oponga a mejorar el sistema de salud. El atajo de la imposición elude el sano debate que permita mejorar las fallas del sistema actual.

Con los Juegos Panamericanos Petro usó el mismo método de la tempestad. Al incumplir los compromisos para realizarlos, logró que se cancelara la sede sin pagar y culpando a los demás. Sin importar el daño al sector deportivo y a lo que moviliza a su alrededor (son torneos apetecidos por las ciudades dados los beneficios colaterales que generan) el Gobierno tomó el atajo de incumplir. Hubiera podido discutir con los defensores del torneo, con las autoridades de Barranquilla, con los desarrolladores de espectáculos deportivos, en vez de tomar una decisión arbitraria por la puerta de atrás para crear la cancelación irreversible. 

Cuando redujo los subsidios de vivienda, Petro desapareció la demanda VIS y paralizó el sector. Los empresarios que habían desarrollado sistemas para ofrecer viviendas dignas con los recursos disponibles salieron del negocio de manera automática. El argumento oficial es que ya habían ganado sumas enormes. La idea nueva es subsidiar la mejora de viviendas en condiciones inaceptables –pisos de tierra, paredes de tabla o cartón–. Tal vez sea mejor invertir en este esfuerzo que en ofrecer apartamentos de 45 metros cuadrados como los de Ciudad Verde en Soacha. Pero lo sensato es discutir, valorar, proyectar la otra política, hacer estimados, comparar y acordar un camino que se decida entre los que saben construir vivienda popular. Destruir el valor creado entre el Estado y el sector privado para resolver el déficit era innecesario.

El mismo método Petro se refleja cuando dilata los nombramientos de funcionaros como los comisionados de las entidades reguladoras de servicios públicos o del Invima, entre muchos. Esa demora impide tomar decisiones. Ante los comisionados el problema es que las reglas diseñadas no le sirven para bajar tarifas o desprivatizar esos servicios. Sin discutir ni revisar cifras o estudios, Petro provoca la tempestad que puede hundir el modelo actual, sin medir el daño. Bajar la calidad de los servicios públicos por falta de inversión en mantenimiento, o en nuevos desarrollos, aumenta el riesgo de apagones tan comunes en Venezuela y otros países del espejismo socialista al que Petro se acerca cada vez más.

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Cuando el Gobierno se abstiene de otorgar licencias ambientales para los desarrollos minero-energéticos –o de infraestructura– logra que los inversionistas desistan. El Gobierno evita la discusión sobre si cumplen o no normas ambientales, si se van a asociar y convivir con artesanales e informales o sobre las compensaciones que deben realizar. Petro, sin prohibir la minería, la frena con su método: no otorgar licencias. Los mineros artesanales e informales y las bandas criminales que los protegen y extorsionan, ocupan los territorios disponibles para la explotación, sin cumplir normas ambientales o laborales, sin pagar impuestos ni regalías. Por la puerta de atrás entra un modelo con menos beneficios sociales que el vigente y sin que Petro explique a sus electores cómo se concilia la protección del ambiente con el desastre que provoca la minería ilegal. 

Cuando bajo la nueva doctrina de seguridad, la fuerza pública no reacciona para desbloquear vías, retirar invasores o proteger la infraestructura, provoca otra tempestad. Los bloqueos llaman la atención sobre las demandas de comunidades olvidadas, aunque usen vías de hecho. Sin embargo, al legitimar la obstrucción vial como si los transportadores fueran responsables de aplicar políticas para mejorar la calidad de vida de comunidades pobres y olvidadas, el Gobierno elude su tarea de llevar soluciones, y afecta la cadena logística para el adecuado funcionamiento de la economía social de mercado.

Los ejemplos son muchos. Pensemos en dos no más: cuando el Gobierno aplazó el alza de peajes descuadró la caja de los concesionarios y desestimuló la inversión en vías; y cuando removió a centenares de altos mandos militares y de policía alteró las prioridades de las políticas de orden público. Claro, una parte del cambio era “depurar” los mandos corruptos y violadores de los derechos humanos que estuvieron amparados por los gobiernos anteriores, y que se sustentan en la JEP y en las confesiones de los oficiales comprometidos. Pero el cambio de orientación en las políticas de seguridad coincide con un aumento generalizado de la inseguridad urbana. Y también afecta las actividades empresariales sobre todo en la agroindustria. Los ciudadanos y las empresas se ven obligadas a concentrarse en su defensa, a resguardarse y a minimizar la presencia pública. La nueva política de seguridad es inefectiva y solo consolida un miedo colectivo, que es un ingrediente para estimular los modelos autoritarios. “Necesitamos mano dura”. El auge de las bandas criminales, de las guerrillas, de las pandillas, genera zozobra, desestimula la acción y llama a la arbitrariedad. Esta tempestad es más delicada.

Las tempestades que provoca Petro son la esencia de su Gobierno. Es su manera de lograr cambios que no necesariamente aceptaría la sociedad si fueran resultado de debates serios, preparados, tanto con ideólogos como con técnicos. La crisis de la que tanto se habla no es nada más que la forma de gobierno de Petro, que debe llegar hasta 2026. Ni más allá de su período constitucional –que incumplieron Chávez y Maduro en Venezuela– ni más acá como ocurrió con Pedro Castillo en Perú y que acabó encarcelado por ingenuo y arbitrario. O como Bukele que adapta las normas a su medida para reelegirse. Petro distrae diciendo que no lo dejan gobernar, que le quieren dar un golpe. La realidad es que el golpe lo viene dando él.