¿Por qué Gustavo Petro no puede comprarles coca a los cultivadores de El Plateado?

La propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar la hoja de coca a los cultivadores del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, es actualmente imposible. No existe un marco regulatorio que lo permita: su venta es ilegal según el Código Penal. De hecho, en el acto en el que hizo el anuncio, el jefe de Estado afirmó:

“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron”. A renglón seguido, se justificó: “Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos”.

La declaración del presidente Petro sorprendió a los expertos en cultivos ilícitos del país. Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y una de las mayores estudiosas del tema, expresó:

“Él no debería hacer un anuncio de semejante calado sin un respaldo técnico sobre lo que significaría para el país una decisión de esta magnitud. Si se implementara de manera repentina, es posible que muchos se animen a cultivar coca, al tener un comprador asegurado”.

Aunque la propuesta del presidente estaba dirigida a los cultivadores del Cañón del Micay, Rueda advierte que esta iniciativa podría generar grandes expectativas en otros departamentos, como Nariño, Putumayo y Norte de Santander. “Ellos pensarán que también tienen derecho a que les compren su producción y a recibir después alguna alternativa económica”, señaló.

La idea del presidente coincidió con la publicación del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reporta que en Colombia los cultivos de coca crecieron 10 por ciento en 2023, al alcanzar las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022.

Unodc también señala que la producción de cocaína aumentó 53 por ciento. El área sembrada con coca al 31 de diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, en comparación con las 1.738 toneladas de 2022.

El informe detalla que, a diferencia del incremento concentrado en Putumayo entre 2021 y 2022, el crecimiento en este periodo fue más generalizado. “Dieciséis de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento, siendo Cauca y Nariño los más afectados”.

Estas cifras representan un serio desafío para el Gobierno, lo que quizás motivó el anuncio del presidente. Sin embargo, el exministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza advirtió:

“Petro anunció la compra estatal de cosechas de coca en el Cauca. Los funcionarios públicos solo pueden actuar dentro de los límites que la ley permite. La coca es un estupefaciente, y Colombia tiene compromisos internacionales en esta materia. Comprar coca viola la ley”.

En efecto, la hoja de coca está incluida en la lista de sustancias sujetas a fiscalización internacional. Esto significa que solo puede utilizarse con fines médicos y científicos, según la Convención de Viena de 1961, que Colombia se ha comprometido a cumplir.

Incluso si se encontrara un mecanismo legal para implementar la propuesta, quedarían muchas interrogantes por resolver: ¿Cómo se llevaría a cabo la compra? ¿A quién se le compraría? ¿Cuánto se pagaría? ¿Es viable financiar esta medida en un momento en que el Gobierno invita a las entidades del Estado a reducir gastos por la falta de recursos?

El senador independiente Humberto de la Calle Lombana comentó: “La propuesta busca eliminar el comercio ilegal, que es un semillero de violencia y delincuencia, pero me parece utópica porque los presupuestos no alcanzan”.

La idea de Petro guarda cierta similitud con lo que ocurre en Bolivia y Perú, donde la hoja de coca se comercializa legalmente en diversas formas, como té o en hojas sueltas. Allí, la venta está controlada por la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que monopoliza su distribución en mercados autorizados para usos tradicionales o como materia prima industrial transformada.

¿Por qué en Bolivia y Perú es posible y en Colombia no? En ambos países, la decisión se basa en un argumento cultural, relacionado con la tradición ancestral de los pueblos incas. Sin embargo, en Colombia, los gobiernos anteriores no han defendido este enfoque, principalmente porque la mayoría de los cultivos están controlados por organizaciones criminales.

Esas fueron algunas de las dificultades que en su momento tuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando también la planteó: “Vamos a ofrecer, en esa área, que los campesinos que tengan coca la traigan y el gobierno les paga una recompensa económica para que la entreguen”, dijo en un Consejo Comunal en Villavicencio (Meta),

Además, en El Plateado, el mismo presidente Petro ha ordenado a la fuerza pública tomar el control del territorio, demostrando un cambio de enfoque en su política de 'Paz Total' debido a la peligrosidad del grupo de disidentes que allí comanda Iván Mordisco.

En efecto, Eduardo Pizarro, en entrevista con Patricia Lara Salive para CAMBIO, señaló: “Analistas militares, basados en el Plan Ayacucho que las Fuerzas Militares vienen implementando desde 2023, plantean que se trata de un viraje global en la estrategia de seguridad de la administración Petro. Este plan piloto busca recuperar el control territorial mediante una mayor presencia del Estado y las Fuerzas Militares. Muchos sugieren que estamos ad portas de un cambio en la estrategia de paz de la administración”.

Sin un marco legal claro, implementar la propuesta sería complicado. Como señaló el analista Luis Ernesto Gómez: “El mercado de la hoja de coca funciona como cualquier otro: por oferta y demanda. La propuesta del presidente Petro solo podría funcionar si, al mismo tiempo, se golpea la demanda de las disidencias de las Farc con acción militar y se reemplaza con la compra estatal. De lo contrario, la demanda del Estado se sumaría a la de los ilegales, incrementando tanto la oferta como los cultivos”.

Incluso si se superaran los obstáculos legales y presupuestales, surge otra pregunta: ¿Qué se haría con la coca comprada? La opción más viable sería destruirla, ya que no podría utilizarse con fines terapéuticos.

A diferencia de la coca de uso tradicional en Perú y Bolivia, los cultivos en El Plateado probablemente han sido tratados con fertilizantes y productos químicos bajo el control de organizaciones criminales, no de las autoridades ambientales o sanitarias. Un auténtico riesgo para posibles usuarios que quieran usarla.

Por último, aun si el Gobierno lograra superar todos los obstáculos, queda el reto de definir qué hacer con los terrenos una vez erradicada la coca. Hasta ahora, ningún gobierno ha presentado un plan sostenible que garantice la subsistencia de los campesinos tras la sustitución del cultivo. ¿Se les ofrecería acceso a mercados o subsidios que aseguren su sustento? 

La situación es compleja, ya que muchos municipios en Colombia dependen económicamente de la hoja de coca. No basta con eliminar un cultivo ilegal; se requiere un plan de acción riguroso y detallado, que hasta el momento no se ha dado a conocer.

A pesar de todo, el Gobierno insiste en seguir adelante. “Apenas vamos a evaluar la propuesta. Supongo que la directora de cultivos ilícitos de la Presidencia tendrá el plan, y seguramente será motivo de evaluación. Lo estudiaremos”, afirmó este lunes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Aunque la idea está sobre la mesa, parece difícil que pueda implementarse en los 22 meses que le quedan al Gobierno, incluso superando todas las dificultades mencionadas.