La difícil travesía de Colombia para evitar la descertificación

Esta historia comenzó de forma brutal. El 8 de febrero de 1985, Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, de 38 años, un agente encubierto mexicano-estadounidense de la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue secuestrado a plena luz del día en Guadalajara, Jalisco, cuando iba a comer con su joven esposa, Mika.

Lo llevaron a un lugar donde lo torturaron durante 36 horas continuas. Le rompieron los huesos, le fracturaron todos los dientes, lo quemaron y lo empalaron, siempre con la ayuda de un médico que supervisaba que no muriera. Al final, según la autopsia del patólogo forense Jerry Douglas Spencer, le “atravesaron un destornillador en la cabeza”.

El crimen fue ordenado por Rafael Caro Quintero, apodado el “narco de narcos”, quien fue extraditado hace unos días a Estados Unidos junto con otros 28 capos, tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de México con la acusación de que Claudia Sheinbaum no enfrenta el tráfico de drogas y la migración masiva.

A los 33 años, Caro Quintero era dueño del rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde cultivaba marihuana en un terreno equivalente a 1.000 canchas de fútbol. Sin apenas saber leer y escribir, amasó una fortuna y contaba con un ejército de policías, militares, políticos y jueces en todo México a su servicio.

En noviembre de 1984, varios batallones allanaron su santuario, detuvieron a los trabajadores y quemaron unas 8.000 toneladas de marihuana. Kiki Camarena había reunido las pruebas sobre este emporio del narcotráfico, lo que llevó a Caro Quintero a jurar venganza contra él.

Un castigo con sabor político

A partir de este atroz hecho, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para sancionar a los países productores y de tránsito de drogas ilegales que no cooperaran en la lucha antinarcóticos: la descertificación. La medida, que ha tenido variaciones, se ha convertido en una herramienta más política que judicial, con la que Washington muestra su garrote.

Así, por ejemplo, Colombia fue descertificada durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, a quien se le retiró la visa debido al ingreso de al menos seis millones de dólares del cartel de Cali a su campaña, mientras que a México hasta ahora se le había perdonado, a pesar del poderío de los narcos que han logrado incluso controlar poblaciones enteras cerca del Río Bravo, que marca la línea fronteriza.

En los últimos días, Colombia ha empezado a moverse en varios frentes para evitar una mala calificación en este 2025. Sin embargo, como pocas veces, todos los factores conspiran en contra: incremento de los cultivos ilícitos, expansión acelerada de la producción de cocaína y un Trump decidido a castigar a quienes no se le someten. Por si fuera poco, al presidente estadounidense le susurra al oído Marco Rubio, secretario de Estado, quien ha hecho pública su animadversión hacia el presidente Gustavo Petro.

Fuentes con acceso a los círculos de poder en Washington dan por hecho que, en esta ocasión, a Colombia la van a rajar. El embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, cree que es posible revertir esta tendencia y recuerda que no existe otro país que haya hecho “tantos sacrificios” en la guerra contra las drogas.

“Ningún país como Colombia ha realizado mayores esfuerzos ni soportado mayores sacrificios en la lucha global contra los narcóticos ilícitos”, dice. El diplomático subraya que, solo en 2024, Colombia incautó 884 toneladas de cocaína, lo que marca la cifra de interdicción más alta de la historia, con el 65 por ciento de todas las incautaciones globales vinculadas directamente a la cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

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Para García-Peña, estas cifras “demuestran un avance indiscutible” en esta lucha. Una opinión que comparte Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico: “Yo creo que Colombia no está en peligro de una descertificación”, dice. Para el parlamentario, el gobierno de Petro es el que más droga ha incautado en los últimos años, el más exitoso en la destrucción de laboratorios de cocaína y en el decomiso de insumos para la elaboración del alcaloide.

Una pelea en varios frentes

Para Estados Unidos, sin embargo, se trata de mostrar resultados impactantes, como la imagen de Caro Quintero, ahora con 72 años, vistiendo un traje de presidiario beige y esposado de pies y manos. “No hay escondite posible para quien secuestre, torture y asesine a un agente”, celebraban las autoridades al mostrar su imagen.

En este escenario existen dos realidades. Por un lado, los enormes esfuerzos que se hacen en Colombia, como los vistos en las últimas horas. El jueves, el presidente Petro estuvo con su gabinete en Tibú explicando su plan para erradicar del Catatumbo 25.000 hectáreas de hoja de coca en la zona, el 50 por ciento de las plantaciones existentes en este municipio de Norte de Santander.

Fiel a su ideario político, Petro dijo que su Gobierno no logrará el objetivo “por los métodos tradicionales de fumigación”, sino a través de “pagos por erradicación voluntaria de cultivos”, en una tarea compleja por el acoso del ELN.

Mientras él hacía su exposición, al otro extremo del país, en El Plateado, Cauca, se producía el secuestro de casi una treintena de uniformados que venían a quitarle los cultivos a los disidentes de las Farc. Las dramáticas imágenes que los colombianos vieron por televisión muestran en toda su dimensión la dificultades para arrancar los cultivos de los territorios. ¿Es justo descertificar al país cuando está peleando en tantos frentes simultáneamente?

En la Casa Blanca, sin embargo, hay cifras que no gustan. Según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el 97 por ciento de las muestras de cocaína recolectadas en Estados Unidos provienen de Colombia.

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Lluvia de cocaína

Los resultados del informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también generan desazón. Colombia nunca había producido tanta cocaína. El país es el primer productor mundial del alcaloide y un atractivo mercado para las organizaciones criminales internacionales.

Según el informe, los cultivos de coca crecieron un 10 por ciento en 2023, alcanzando 253.000 hectáreas, 23.000 más que en 2022, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 por ciento, pasando de 1.738 a 2.664 toneladas. Expertos creen que, de continuar esta tendencia, pronto se alcanzarán las 300.000 hectáreas sembradas.

Al nivel de Caro Quintero, en la historia de Colombia, está Pablo Escobar. Durante la época del jefe del cartel de Medellín, no se disponía de estadísticas tan precisas, pero se estima que la producción anual de cocaína no superaba las 250 toneladas. Hoy, esa cifra se ha multiplicado por diez.

En cuatro departamentos —Norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo— hay mínimo 30.000 hectáreas sembradas en cada uno. Los traficantes de drogas han perfeccionado sus métodos de producción a niveles asombrosos.

Candice Welsch, representante regional de la UNODC, dice que hay puntos donde la productividad alcanza hasta 14 toneladas por hectárea, cuando hace cinco años el promedio nacional era de seis toneladas por hectárea. “Vemos la continuidad de la tendencia observada en los años recientes de una industrialización del sector agrícola en la producción de coca en el país”, afirma.

¿Qué se puede hacer?

De ahí que el fantasma de la descertificación siga su avance. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, reconoce que “el país tiene unos números que no están aportando positivamente”, por lo que, para ella, las posibilidades de una descertificación son altas.

Según Lacouture, en caso de que esto ocurriera, habría tres efectos: se afectarían las ayudas económicas que el país recibe como parte de los programas de cooperación bilateral, con una pérdida de cerca de 400 millones de dólares anuales destinados a la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo rural y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, se abriría la puerta a la imposición de fuertes restricciones comerciales, entre ellas la limitación del tráfico aéreo entre ambos países, una medida que podría afectar gravemente al turismo. Y, además, la financiación internacional enfrentaría obstáculos.

“Hay que trabajar con firmeza y unidad en el sector empresarial para poder mostrar lo que Colombia está haciendo y lo que está aportando a cada una de las variables que han sido importantes para el gobierno de Estados Unidos”, dice ella.

Una tarea en la que está empeñado el embajador García Peña, quien se ha movido por los círculos de poder en Washington para explicar la complejidad del problema. No hay otro país en el mundo en el que tantos policías y soldados hayan perdido la vida en la guerra contra los narcotraficantes. 

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Hace una semana, la embajada, en colaboración con la Facultad de Derecho de la American University de Washington, convocó una discusión de alto nivel sobre la política de drogas para mostrar los aspectos positivos del esfuerzo bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional, con la esperanza de seguir por este sendero.

En manos del impredecible Trump

El problema está en que las cifras pueden ser irrelevantes para el impredecible Trump. “Estamos ante un nuevo paradigma y es muy complejo determinar lo que va a pasar”, dice Daniel Rico, experto en economías ilícitas.

Este analista recuerda que la descertificación ha sido principalmente un proceso político, no un proceso técnico de evaluación de resultados, en el que en esta ocasión intervendrán otros factores, como Venezuela, donde el Cartel de los Soles se mueve a sus anchas, y la seguridad regional. Sin embargo, en este nuevo tablero geopolítico con Trump y Petro, resulta difícil vaticinar lo que pasará.

Pero, ¿se podría haber hecho más? La investigadora Carolina Varela señala que un aporte habría sido cumplir a cabalidad el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que, recuerda, fue pensado como una “zanahoria” acompañada de un “garrote” al que el Gobierno no renunciaba. “Este Gobierno, en parte, ha renunciado a ese garrote, que era la erradicación manual y forzada, no solo la voluntaria”, dice.

Los analistas consideran que en esta travesía es posible que surjan escenarios inesperados. “¿Debe la lucha centrarse hoy en la marihuana y la cocaína, o, como ha manifestado el presidente Donald Trump, enfocarse en otras drogas como el fentanilo?”, pregunta el analista internacional Enrique Prieto Ríos.

De ser así, es posible que Trump, en esta ocasión, mire para otro lado, como hacia China, donde se produce la mayor cantidad de esta droga que llega a Estados Unidos y no raje a Colombia, un país que al margen de la calificación lleva medio siglo sumido en las tragedias provocadas por el narcotráfico.