El posible conflicto de intereses en un millonario contrato del Ministerio de las TIC

Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, cuando en la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), todavía estaba al mando la exministra Sandra Urrutía, llegaron a esa entidad, en forma de donación, tres estudios sobre conectividad en Colombia provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

En Colombia es normal que las entidades que definen política pública reciban en diferentes periodos, o con la llegada de nuevos gobiernos, esa asistencia técnica por parte de los bancos de inversión internacionales. Con ese insumo se pueden estructurar planes y proyectos que posteriormente serán financiados por ellos mismos a través de préstamos que le hacen al país. 

Los estudios entregados al MinTic en esa oportunidad por parte de los tres organismos mencionados, contenían información muy completa y un análisis detallado sobre la conectividad en Colombia, la brecha digital, las necesidades urgentes y prioritarias y hasta planteaban las soluciones de banda ancha en localidades, cabeceras municipales y zonas rurales de difícil acceso. 

Con esa consultoría, que recibió de forma gratuita la entidad, se podía empezar a trabajar en el plan de conectividad para el país.

No obstante, solo hasta seis meses después, es decir en noviembre de 2023, y cuando ya estaba en la entidad el ministro Mauricio Lizcano, se decidió poner en marcha dicho trabajo.

El problema es que lo hicieron a través de una nueva contratación que buscaba obtener la misma información que ya estaba documentada en aquellos estudios donados un año atrás por el Banco Mundial, el BID y la CAF, valorados en 1.400 millones de pesos cada uno, y que al parecer fueron ignorados. 

Fue así como a finales de 2023, el ministro Lizcano y su viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, le entregaron de forma directa un contrato interadministrativo al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel), que por 5.000 millones de pesos, que salieron del presupuesto de la entidad, se encargaría de hacer durante seis meses más lo que aparentemente ya estaba hecho. 

El presunto conflicto en Cintel 

Las alarmas por el nuevo contrato para elaborar el plan nacional de conectividad y los estudios sobre brecha digital en Colombia se prendieron en una primera oportunidad cuando se conoció que se entregaría a dedo, es decir, sin adelantar ningún proceso de selección, y que se escogería a otra empresa con capital público, que en este caso fue Cintel, para hacer el proceso más expedito. 

En la propuesta entregada por Cintel al MinTic y conocida por CAMBIO, justifican ese punto del proceso asegurando que se trata de una corporación con participación mixta, mayoritariamente pública, lo que quiere decir que cumple con el principal requisito para la suscripción de un contrato interadministrativo y por eso lo podían adelantar así.
 
Sin embargo, ese no es el único cuestionamiento que tiene esta contratación. Cuando Gabriel Jurado llegó al Viceministerio de Conectividad incluyó en el equipo de asesores a su amigo Josué Manuel Acosta González, a quien contrató con unos honorarios de más de 26 millones de pesos mensuales. 

El lío es que el señor Acosta González, meses antes de entrar a prestar sus servicios en el MinTic, estuvo vinculado con Cintel, la firma que se ganó el millonario proceso para realizar el estudio del sector de telecomunicaciones en Colombia.

Josué Manuel Acosta González no incluyó la experiencia que recientemente había tenido en Cintel en la hoja de vida que le entregó al ministerio cuando se adelantó su proceso de contratación. Por lo menos así lo evidencia el documento conocido por CAMBIO en donde no aparecen sus años de trabajo en dicha empresa.

No obstante, este medio pudo establecer que en el perfil de LinkedIN del asesor del viceministerio sí se registra su paso por esa entidad en cargos como coordinador de algunos proyectos que Cintel tuvo con la Agencia Nacional del Espectro. 

Josué Manuel Acosta González es además esposo de Ana María Trimmino, quien también está vinculada a Cintel como gerente sénior, lo que configuraría un claro conflicto de intereses.

Este medio pudo conocer que es justamente el señor Acosta González quien debería aprobar el estudio que entregue Cintel cuando se acabe el plazo del contrato, pero si su esposa es una alta ejecutiva de esa compañía, en teoría él no podría intervenir. 

Los problemas con la ejecución 

Al presunto conflicto de intereses en el contrato interadministrativo que Cintel firmó con el Ministerio de las TIC se suman también los problemas en la ejecución del mismo. 

Aunque el viceministro Jurado decidió contratar un estudio por 5.000 millones de pesos para establecer cómo conectar a Colombia y, para algunos expertos consultados por CAMBIO, eso no era necesario porque ya había tres estudios gratis que decían cómo hacerlo, todos coincidieron en que quizás una cuarta visión sobre el tema podría venir bien.

Sin embargo, lo que ahora se conoce y que podría abrir la puerta a un detrimento patrimonial, es que para el análisis que adelanta Cintel se estarían utilizando los insumos principales de los estudios que la CAF, el BID y el Banco Mundial le regalaron a Colombia.

Fuentes en el interior del Ministerio de las TIC le dijeron a CAMBIO que básicamente le pagaron una millonada a Cintel para que compilara en un solo estudio las conclusiones más importantes de los documentos que donaron los tres organismos multilaterales.

Además, según el cronograma de ejecución, el pasado 29 de febrero de 2024 Cintel debía entregar la propuesta de proyectos y las fuentes de usos, pero a la fecha eso no ha pasado. 

Por otro lado, los entregables con los que debía cumplir Cintel en el marco de la ejecución del contrato recibieron varias observaciones por parte del equipo supervisor y por ende fueron devueltos a la empresa para que los ajuste. El plan de conectividad para Colombia debe ser entregado el próximo 5 de abril. 

En la lupa de la Presidencia 

Las denuncias por este presunto carrusel y el posible detrimento causado al pagar millonarios recursos por un estudio que ya existía llegaron hasta la oficina del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

CAMBIO conoció que desde esa dependencia ya requirieron información sobre el proceso y están a la espera de respuestas por parte del Ministerio de las TIC. 

Cuando se preguntó por el conflicto de intereses del asesor Josué Manuel Acosta González, el MinTic le dijo a la Secretaría de Transparencia que sí fue declarado por parte del contratista. No obstante, no se entiende cómo lo declaró si, como se mencionó anteriormente, la experiencia en Cintel no fue reportada en la hoja de vida que hoy reposa en el ministerio. 

Por esa y otras inconsistencias encontradas en el proceso adelantado por la entidad, desde Presidencia se podría estar preparando un oficio dirigido al ministro Mauricio Lizcano, con el objetivo de que entregue todas las explicaciones del caso que, claramente, genera mucha preocupación e incluso podría dar pie a actuaciones de las autoridades competentes. 

La respuesta del MinTic

CAMBIO habló con el viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, quien explicó, en primer lugar, que no es cierto que se haya contratado algo que ya existía porque eso no lo pueden hacer como entidad pública. El funcionario aclaró que los estudios de las multilaterales son solo una parte de lo que debe hacer Cintel y que dentro de sus obligaciones tiene también el compromiso de adelantar un diagnóstico completo para formular el plan de conectividad del país. 

“Aunque Cintel sí utilizará como insumo los documentos que las bancas entregaron, eso no es todo lo que deben hacer. Son estudios complementarios, cosas diferentes”, manifestó Jurado. 

Sobre el posible conflicto de intereses del asesor Josué Manuel Acosta González, el viceministro le dijo a CAMBIO que es una persona que durante muchos años ha trabajado con el MinTic y por eso tenía muy claro que debía abstenerse de participar en todo lo que tuviera que ver con el contrato con Cintel y así lo ha hecho. 

Señaló que Acosta González no trabajó directamente en Cintel sino que ha sido consultor, pero como su esposa sí trabaja allá, cuando firmó su contrato dejó claro por escrito que no intervendría en nada que tuviera que ver con el proceso contractual entre ambas partes.

Sobre los altos honorarios que recibe el señor Acosta, el viceministro dijo que la razón es que es una persona altamente calificada, tiene muchos años de experiencia, es un gurú del sector,  técnico y, además, experto en los temas de tecnología y telecomunicaciones. 

Finalmente, explicó que la ejecución del proyecto no ha tenido retrasos y que, por el contrario, están haciendo un trabajo intenso, ya que la condición que les puso el ministerio para entregarles el contrato es que lo hicieran en menos tiempo, teniendo en cuenta que el plan de conectividad que elaboren será el soporte de dos documentos Conpes que definirán la hoja de ruta del país en esa materia.  

“Cintel está corriendo con la ejecución y estamos seguros de que entregarán el informe en la fecha establecida que es el próximo 5 de abril de este año” puntualizó Jurado.