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La historia de los 71.000 millones de pesos contratados a dedo en la Procuraduría de Margarita Cabello
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Una denuncia en contra de la procuradora, Margarita Cabello, llegó a la Fiscalía General de la Nación. Gracias a procesos irregulares, en el Ministerio Público se habrían concentrado miles de millones de pesos en un solo proveedor de tecnología. CAMBIO conoció los detalles de la denuncia hecha por la senadora Esmeralda Hernández.
Por: Andrés Muñoz
Margarita Cabello lleva poco más de tres años en su cargo como procuradora general. Llegó con Iván Duque como presidente y terminará su periodo en 2025 con Gustavo Petro como jefe de Estado. Su protagonismo en el último año y medio ha sido creciente gracias a sus decisiones en contra de varios funcionarios del Gobierno, lo que le ha valido elogios de algunas voces por su labor de control, y críticas del petrismo, que alega persecución.
Sin embargo, más allá de las críticas a la gestión de Cabello y sus aparentes participaciones en la política, también existen cuestionamientos sobre su gestión en la Procuraduría.
En los últimos dos años, CAMBIO ha hecho seguimiento sobre irregularidades en los convenios con la OEI, la contratación de las remodelaciones en varias sedes y, recientemente, las contrataciones que favorecen a personas cercanas a Margarita Cabello.
El control hacia la Procuraduría también ha llegado desde el Congreso de la República. Es el caso de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. La congresista denunció penalmente a Cabello este 8 de abril por presuntos incumplimientos de las normas de contratación pública. CAMBIO conoció los detalles completos de la denuncia en contra de la jefa del Ministerio Público.
Los 70.000 millones de pesos que se han entregado a dedo
Desde enero de 2021, la administración de Margarita Cabello ha gastado 71.000 millones de pesos en la contratación de la mesa integral de servicios tecnológicos para la entidad. En la última década, no había existido un gasto tan alto en este rubro en la Procuraduría, ni tampoco se había adjudicado de manera directa.
Esta mesa sirve de puente entre los usuarios de los servicios tecnológicos y la organización que los presta. Va más allá de un servicio técnico, pues debe responder a solicitudes complejas.
Los 71.000 millones de pesos, representados en tres contratos entre 2021 y 2024, se han adjudicado sin licitación a la misma compañía: Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. (ERT). Esta empresa tiene sede en Cali y su mayor accionista es la Gobernación del Valle del Cauca, hoy en cabeza de Dilian Francisca Toro.
Las irregularidades señaladas en la denuncia están relacionadas con el contrato de 2023, que tuvo un valor total de 26.177 millones de pesos.
La adjudicación del oneroso convenio fue hecho a discrecionalidad de la Procuraduría. No se solicitaron cotizaciones a posibles proveedores y solo se verificaron precios mínimos y máximos en los acuerdos marco de la Tienda Virtual del Estado.
Por otro lado, en el proceso de contratación de ERT en 2023 tampoco hay un presupuesto detallado ni una estructura de costos, al menos en los estudios previos que soportan la inversión. Las anteriores irregularidades podrían ir en contra de los principios de planeación y selección objetiva para la contratación pública que están contenidos en la ley.
Pero quizás la irregularidad más grave está relacionada con la subcontratación que hizo ERT para la ejecución del contrato de más de 26.000 millones de pesos. Según el convenio administrativo, ERT podría subcontratar a otras empresas para cumplir el objeto del contrato siempre y cuando tuviera autorización previa de la Procuraduría. No obstante, según la denuncia y dos oficios respondidos por el Ministerio Público y ERT al equipo de la senadora Hernández, hay versiones contradictorias al respecto.
La Procuraduría respondió que no ha autorizado ninguna subcontratación de ERT en ninguno de los contratos que ha firmado:
Y ERT aseguró que sí le presentó a funcionarios de la Procuraduría los “aliados” que ejecutarían los servicios contratados:
En cualquier caso, ERT suscribió tres contratos con otras empresas para ejecutar el contrato de 2023: uno con Spain Software por 527 millones de pesos, otro con Computel Systems por 3.500 millones de pesos, y uno más con Comunicaciones, Redes y Sistemas por 15.899 millones de pesos. El total de los contratos representa el 90 por ciento del valor inicial del convenio. Según un concepto de Colombia Compra Eficiente de 2023, en los convenios interadministrativos puede haber subcontratación, pero para ejecutar una parte del contrato y no su totalidad.
Otros detalles llamativos se relacionan con presuntos sobrecostos. Por ejemplo, ERT contrató la interventoría del contrato por más de 600 millones de pesos. Esta inteventoría, además de ser particular, al haber sido contratada por el mismo contratista, no estaba contemplada en el presupuesto inicial del contrato. La denuncia también alerta sobre un remanente por encima de los 900 millones de pesos cuya destinación se desconoce.
Los nombramientos del círculo de Margarita Cabello
La denuncia de la senadora Esmeralda Hernández se suma a otras que ha hecho, así como a información revelada por CAMBIO en meses anteriores sobre contratos en manos de personas cercanas a la procuradora.
Por ejemplo, uno de los primeros contratos adjudicados por la Procuraduría en lo que va de 2024 le fue otorgado a una firma de abogados que ha sido cercana a Margarita Cabello. El convenio, por 252 millones de pesos, de nuevo quedó en manos de Carvajalino García Asesores Legales S.A.S, una empresa barranquillera que asesorará a la entidad hasta el 31 de diciembre de este año.
La representante legal de Carvajalino García S.A.S. es Adriana María Carvajalino, cuya hermana, Íngrid Carvajalino García, se desempeñó como asesora del despacho de la procuradora Cabello entre enero de 2021 y febrero de 2023.
Además, en 2021, el Consejo de Estado recibió dos demandas que buscaban anular la elección de la hoy procuradora. Yolanda García de Carvajalino, mamá de las dos abogadas hermanas, se hizo cargo de la defensa de Cabello en esa época. Los buenos oficios de García de Carvajalino le permitieron a Cabello salir indemne y permanecer en su cargo.
Otro de los casos es el de Clara Cecilia Dueñas, amiga personal de Cabello, quien hace unos meses firmó un contrato por más de 230 millones con la Procuraduría.
