¿Diez mil millones de más? La historia de la nueva oficina de la Procuraduría en Barranquilla
- Noticia relacionada:
- Procuraduría
- Margarita Cabello
- Política
Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación están próximos a estrenar oficina en Barranquilla. Las instalaciones fueron compradas por más de 20.000 millones, el doble de lo que decía el avalúo que hizo la Universidad Nacional.
Por: Andrés Mateo Muñoz
En los más de tres años que Margarita Cabello lleva como procuradora, la entidad no ha escatimado en gastos para renovar su infraestructura. Muebles, remodelaciones, compra y mantenimiento de aires acondicionados y adquisición de nuevas oficinas han hecho parte de las inversiones del Ministerio Público bajo el plan de inversión llamado “Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la PGN Nacional”, creado en 2020.
frase-destacada
“La infraestructura de bienes inmuebles y la infraestructura tecnológica son aspectos centrales en los objetivos propuestos”, dice parte del plan.
La adquisición más reciente, una de las más onerosas de los últimos años, es la oficina 701, ubicada en el edificio Centro Ejecutivo II, en Barranquilla. La Procuraduría firmó una promesa de compraventa por 20.306 millones de pesos para adquirir el inmueble, que tiene un área de 2.183,42 metros cuadrados.
La compra empezó a planearse a principios de octubre de 2023, cuando el Grupo de Inmuebles de la Procuraduría emitió una resolución en la que se identificó la necesidad de adquirir un nuevo inmueble para apoyar las labores del Ministerio Público en la ciudad de Barranquilla, por la insuficiencia de las sedes ya existentes en la capital del Atlántico, ciudad natal de la procuradora Cabello.
Un turbio pasado
El millonario negocio se cerró por 20.306 millones de pesos entre la Procuraduría y la firma Inversiones Landazábal Daguer y CÍA, propietaria de la oficina. Esta empresa es representada legalmente por Ludwing Landazábal Molina.
Landazábal Molina es un exitoso empresario cartagenero que fue salpicado en el escándalo de corrupción de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, destapado en 2008. Landazábal fue señalado de ser uno de los beneficiados con las ventas irregulares que hizo el exfiscal Camilo Bula, quien fue condenado a 18 años de cárcel por vender por debajo de su precio varios bienes confiscados a la mafia. Los malos manejos de Bula le costaron al Estado más de 30.000 millones de pesos. Hoy se encuentra en libertad condicional por su colaboración con la Fiscalía.
Entre los bienes que Bula y otros altos funcionarios de la desaparecida DNE vendieron como gangas, están el centro comercial Villa Country (por el que también fue condenado el exdirector de la DNE Carlos Albornoz), la casa Bello Horizonte y el Centro Ejecutivo II, el mismo donde está la oficina que acaba de comprar la Procuraduría y en donde el clan mafioso Nasser Arana tenía varias oficinas. Los bienes de los Nasser, vinculados con el cartel de la costa, fueron unos de los botines más jugosos que el Estado le confiscó a criminal alguno en la historia. Una de las joyas es el mismísimo Hotel El Prado, en Barranquilla.
¿Sobrecostos en la compra de la oficina?
Pero más allá de la historia del edificio en el que están las nuevas oficinas de la Procuraduría, lo que ha inquietado a varios trabajadores de la entidad es lo que pagará la entidad, más si se compara con el avalúo que realizó la Universidad Nacional de Colombia por encargo de la misma Procuraduría.
En mayo de 2023, el Ministerio Público firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional con el objetivo de que realizara “estudios arquitectónicos y técnicos” para el reforzamiento de varias oficinas de la Procuraduría en departamentos como Bolívar y Cauca, así como para la compra de nuevas sedes.
En otras palabras, la entidad contrató a la Universidad Nacional para que, entre otras cosas, hiciera el estudio de mercado de cuatro inmuebles para conocer el historial de propietarios, los conceptos técnicos sobre los mismos y el avalúo. El valor del convenio fue de 12.298 millones de pesos, de los cuales 478 millones fueron destinados para los estudios de mercado.
En efecto, la Universidad Nacional le entregó a la Procuraduría el informe de los estudios técnicos que compararon dos opciones de inmuebles para comprar y trasladar allí las oficinas de la entidad en Barranquilla: el edificio Torre Terpel Vía 40 y el Centro Ejecutivo II.
Según concluyó el informe, la oficina 701 del Centro Ejecutivo II era la mejor opción de compra para la Procuraduría por sus instalaciones y ubicación. "Es evidente que la adquisición del séptimo piso del Centro Ejecutivo II en Barranquilla es una medida necesaria y beneficiosa para la Procuraduría General de la Nación. Esta acción permitirá superar los desafíos actuales y garantizará el adecuado funcionamiento de la Procuraduría, mejorando así la calidad y eficiencia del servicio público que se ofrece a los ciudadanos", dice el informe.
Además del análisis del inmueble, el informe también contenía el avalúo comercial de la Oficina del Centro Ejecutivo II por un total de 10.043 millones de pesos.
La diferencia de casi 10.000 millones entre el avalúo de la oficina y lo que pagará la Procuraduría por el inmueble, que supondría un sobrecosto del 102 por ciento, encendió las alertas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, que denunció penalmente a la procuradora Cabello ante la Corte Suprema de Justicia. El 25 de enero pasado se hizo traslado de la denuncia a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante ese alto tribunal.
La Procuraduría no ha emitido respuesta oficial ni al Sindicato de la entidad ni a este medio sobre la compra de la oficina en ese valor.
