El misterioso capítulo sobre el avión contratado para la campaña de Gustavo Petro que investiga el CNE
12 Mayo 2024

El misterioso capítulo sobre el avión contratado para la campaña de Gustavo Petro que investiga el CNE

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa y el presidente de la República, Gustavo Petro, deberán rendir cuentas sobre los supuestos gastos no reportados en la campaña.

Crédito: Foto: Colprensa - Presidencia

La lupa de las autoridades está puesta sobre la contratación y gastos de transporte aéreo para la campaña de presidente Gustavo Petro. Por un lado, el CNE dice que ocultaron pagos por 2.213 millones de pesos. Por otro, en la ejecución de ese contrato habría participado Carlos Eduardo Restrepo, quien terminó condenado por narcotráfico en EE.UU. Estos son los detalles.

Por: Sylvia Charry

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Esta semana que pasó el Consejo Nacional Electoral puso en la agenda uno de los temas más importantes del año: la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría ocultado en sus cuentas más de 5.355 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta. El rubro que más suma en los gastos no reportados es el de transporte aéreo pues, según la autoridad electoral, ocultaron pagos por más de 2.213 millones. El resto se distribuye en gastos de publicidad, de testigos electorales, donaciones de sindicatos, entre otros.

La historia de la empresa contratada para ese servicio y del avión que usaron para la campaña no solo genera suspicacias por los pagos ocultos sino por la relación que tiene con el narcotráfico y las criptomonedas.

Esta es la historia que está en la lupa de las autoridades y de la que aún no han dado explicaciones los responsables de la campaña presidencial.

Así fue la contratación del servicio aéreo

El capítulo sobre el transporte aéreo en la campaña del presidente Gustavo Petro está en la lupa de todos los entes de investigación: CNE, Comisión de Acusaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

El servicio aéreo que usaron en la primera y segunda vuelta presidencial fue contratado con la empresa Sociedad Aérea De Ibagué S.A.S. – SADI, que subcontrata las aeronaves que usa. El problema es que el avión que usaron para los traslados del entonces candidato Petro, de placa HK 5328, era de propiedad del prófugo Sebastián Betancourt, CEO de Daily Cop, y de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, quien se entregó el año pasado a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico. 
 

Según el CNE, Sadi entregó información en la que prueba que el avión que utilizó de manera exclusiva para el servicio de transporte aéreo de la campaña presidencial fue el de placa HK 5328, de propiedad del narco Restrepo y del prófugo Betancourt. 

Ese mismo avión, un tiempo después, fue el que usó el embajador Armando Benedetti para llevar a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, a Venezuela.  En ese momento, cuando el episodio fue revelado por El Reporte Coronell, Benedetti dijo que “unos amigos de Barranquilla” eran quienes le ayudaban con los costos de sus desplazamientos en ese avión.

Sin embargo, la relación entre Carlos Restrepo, Armando Benedetti y Ricardo Roa es lo que genera suspicacias en la historia del servicio aéreo, pues al parecer no es una simple coincidencia que la campaña haya contratado a una empresa que a su vez terminó contratando una aeronave del narco Restrepo.

Sobre la relación entre Restrepo y Roa, la única versión que tienen las autoridades es la de Ómar Hernández, quien está en la cárcel acusado de ser uno de los responsables de la captación masiva e ilegal de dineros de Daily Cop y quien está a la espera de que le otorguen un principio de oportunidad (inmunidad penal) en la Fiscalía porque quiere contar la verdad. El resto de involucrados aún no han declarado sobre el tema.

Hernández le dijo a la justicia que el negocio del avión para la campaña lo hizo el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, con el narco Carlos Restrepo y Sebastián Betancourt, de Daily Cop. Incluso, según Hernández, la empresa de transporte aéreo Sadi, fue “socia dura” de Daily Cop. En otras palabras, Sadi y Daily Cop trabajaban juntos en el negocio de las criptomonedas y de los aviones. 

Sobre el tema, asegura Hernández, en febrero de 2022 hubo una reunión en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá, en la que participaron Ricardo Roa, su asistente, Sebastián Betancourt, y él. Ahí, supuestamente, pactaron el aporte físico del avión.

-¿Ese aporte en especie consistente en la entrega del avión si se dio? –le preguntaron a Hernández los magistrados del CNE el pasado 7 de mayo.

- Sí señor, en la entrega del avión para su uso, no estoy diciendo que lo regalaron. Fue un apoyo en especie consistente en brindar transporte aéreo que le ayudara a la campaña.

Para soportar que el avión era de Restrepo y de Betancourt, Hernández pasó un informe al CNE en el que muestra el movimiento de dinero desde la plataforma Daily Cop a la empresa Sadi por la compra del avión. 

“En el presente informe se detallan las transacciones de Blockchain en la red de Polygon realizadas por Sebastián Betancourt, Carlos Restrepo y corresponsal Prisma Light, en el contexto de la compra de una aeronave Super King 300 HK-5328”, así lo reseña el CNE en su proyecto de ponencia.

 

La declaración de la coordinadora de vuelos de la campaña

Sin embargo, Hernández no puede darle más detalles a la justicia porque solo estuvo en esa primera reunión en la que se ofreció el “aporte en especie” que consistía en poner a disposición del entonces candidato Petro el avión de propiedad de Betancourt y Restrepo.

El resto es lo que Hernández dice que le dijo Sebastián Betancourt, quien le habría afirmado que sí se hizo un aporte en especie de vuelos y que Andrea Maya, contratista de Sadi, hizo la coordinación.

Efectivamente, CAMBIO conoció la declaración que dio Andrea Maya sobre el tema en la Corte Suprema de Justicia, en la cual explicó que sí coordinó todos los vuelos de la campaña, pero que, aunque pasaba la lista de los que volaban, no estaba enterada de sus cargos o aspiraciones políticas, es decir, no sabía quién era el candidato.
 

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Andrea Maya es importante en la investigación porque entregó a la Corte las conversaciones en las que se coordinaban los vuelos del entonces candidato Petro a través de un grupo de WhatsApp. En el grupo estaban Armando Benedetti, una de las piezas clave de la campaña; Laura Sarabia, quien le manejaba la agenda a Petro en ese momento, y un contacto “Carlos”, quien, se presume, era Carlos Restrepo. 

Sobre el tema, Sarabia dijo en la Corte que no sabía quién era Carlos. Es decir, los únicos que pueden dar explicaciones sobre la relación de Restrepo con el servicio aéreo prestado para la campaña del hoy presidente son Benedetti o Ricardo Roa, pero aún no han dado esas explicaciones.

CAMBIO consultó al entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pero dijo que es un capítulo que explicará cuando corresponda en las instancias judiciales. Lo cierto es que en el capítulo del servicio aéreo para la campaña presidencial, la relación de Carlos Restrepo con Roa y Benedetti es clave y está siendo investigada por la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones.

En todo caso, días después de la supuesta reunión de Roa y Betancourt, el 30 de marzo de 2022, Roa firmó el contrato con Sadi para la prestación del servicio aéreo para la primera vuelta.

La presunta manipulación del número de horas de vuelo

Lo que está un poco más claro en la historia del servicio aéreo en la campaña es lo que explica el CNE sobre la anulación sistemática de facturas para modificar las horas de vuelo y bajar el precio del servicio. 

Dice el proyecto de ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, de los partidos Centro Democrático y Liberal, respectivamente, que encargados de las cuentas de campaña omitieron el pago de 1.249 millones de pesos en los gastos reportados en la primera vuelta, específicamente sobre el servicio aéreo. Habrían manipulado facturas bajando las horas de vuelo para pasar de reportar 4.019 millones de pesos a solo 2.770 millones de pesos.

Sobre este punto, el CNE revisó la facturación electrónica emitida por la SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – Sadi y concluyó que existió una manipulación sistemática a los valores pactados en la factura y que, incluso, borraron de los libros varias horas de vuelo para justificar la facturación falsa.

Explica la autoridad electoral que Sadi generó la primera factura el 28 de mayo de 2022, es decir, un día antes a las elecciones de primera vuelta, por 4.014 millones de pesos. Luego, la anularon y generaron una nueva el 29 de mayo de 2022 por 2.270 millones de pesos. Después, esa también la anularon y generaron una final, el 30 de mayo de 2022, por 2.770 millones de pesos. Las 120 horas mínimas contratadas, como había quedado estipulado en el contrato, terminaron siendo solo 60.

“Por lo tanto, se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura inicial SA 4862, esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación”, dice el documento.

La manipulación, o el error, se repitió en la segunda vuelta. Dice el CNE que en la segunda vuelta eliminaron horas de vuelo con relación a las inicialmente pactadas en la factura y que, entonces, no reportaron 962 millones de pesos.

El cambio de las facturas fue el siguiente: el 10 de junio de 2022 Sadi emitió una factura por 605 millones de pesos, el 16 de junio la anularon y generaron otra por 1.157 millones de pesos, y finalmente, el 17 de junio de 2022 esa también la anularon y generaron otra por 799 millones de pesos. 

“Se concluye una presunta omisión del reporte de gastos por la suma 962 millones de pesos”, dice la ponencia.

La información que dio Sadi al CNE sobre las horas voladas en el contrato tampoco coincide con la que dio la Aeronáutica Civil. Mientras en la segunda vuelta Sadi reportó 14 permisos para volar, la Aeronáutica dice que fueron 28. 

Si la ponencia que abre investigación y corre pliego de cargos por la presunta financiación irregular y/o la violación de los topes es aprobada por la mayoría de la Sala Plena del CNE, se da inicio formalmente a una actuación administrativa sancionatoria, en la cual, los involucrados podrán presentar sus argumentos de defensa y aportar o solicitar las pruebas que consideren necesarias para desvirtuar los cargos.

Para eso tienen un término de 15 días hábiles siguientes a su notificación y; una vez surtido este trámite, se les dará traslado para que presenten sus alegatos de conclusión. Luego, la autoridad electoral procederá a emitir la sanción o archivar el proceso.

Queda pendiente la versión de la campaña sobre este capítulo del servicio aéreo que aún no se conoce.

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