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¿Qué puede afrontar Petro si no acata la orden de la Procuraduría?
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El presidente y la procuradora chocan de nuevo. Petro dijo que no suspenderá al alcalde de Riohacha, como lo pide la Procuraduría. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión del jefe de Estado?
Por: Sophia Cortes
Este 25 de julio, el presidente Gustavo Petro envió un documento de 24 páginas a la procuradora general, Margarita Cabello, devolviendo el requerimiento de la sanción en contra del alcalde de Riohacha, José Bermúdez, que impuso la Procuraduría.
Para profundizar
En la carta, Petro notifica que no acatará la orden de suspender al alcalde y recuerda que él es la máxima autoridad del administrativo. La posición frente a las decisiones de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular es la misma que asumió en mayo, cuando también ordenaron suspender a congresistas del Pacto Histórico.
“En mi condición de Presidente de la República de Colombia, suprema autoridad administrativa, […] de manera cordial y respetuosa devuelvo a su señoría el requerimiento […] que solicita se dé aplicación inmediata a la medida cautelar de suspensión al señor José Ramiro Bermúdez Cotes como alcalde del Distrito de Riohacha”, se lee en el documento.
La Presidencia sostiene que la Procuraduría no tiene las facultades para emitir este tipo de sentencias basada en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde establece que un funcionario elegido por voto popular no puede perder sus derechos políticos por cuenta de una autoridad administrativa.
A principios de este año, la Corte Constitucional tumbó las facultades jurisdiccionales que le daba la Ley 2094 a la Procuraduría, sin embargo, no las removió del todo. La sentencia C-030 de 2023 le da la posibilidad a la entidad de sancionar a los funcionarios siempre y cuando sean revisadas por el Consejo de Estado.
Pero el Consejo de Estado también está dividido. Mientras unos reconocen el fallo de la Corte otra parte está con el presidente y se niegan a ser los encargados de la revisión automática de estas sanciones, apoyados en lo dicho por la CIDH.
Una fuente de la Corte Constitucional le contó a CAMBIO que esta situación puede llegar a tener consecuencias para Petro y el Consejo de Estado. “Las consecuencias directas se pueden dar en dos niveles. El primero es que el presidente se expone a una acción de cumplimiento”, dijo. En la acción de cumplimiento se le solicita a un juez que ordene que el funcionario cumpla con una función a la que está obligado.
El segundo escenario, explicó, es que “se impongan tutelas contra el Consejo de Estado, que se niega a tomar una decisión sobre la sanción”.
La procuradora aprovechó para pronunciarse sobre la negativa del presidente en un evento al que asistió en Bogotá este jueves 27 de julio. Cabello dijo que, sin importar el cargo, todo servidor público debe acatar las órdenes del alto tribunal.
En respuesta, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, salió a respaldar la decisión del presidente: “La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del presidente aplicar en cualquier acto todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención americana”, expresó.
