La megaobra inconclusa de Char que será investigada por la Fiscalía: sobrecostos y amistades
Álex Char, alcalde de Barranquilla.
Crédito: Foto: Yamith Mariño
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La Fiscalía le pondrá la lupa a una megaobra que se firmó en la segunda administración de Álex Char y que, ocho años después, no ha culminado. Además, los sobrecostos superan el 50 por ciento del valor del contrato. La representante de la entidad que contrata, y el contratista, son de la entraña del alcalde.
Por: Sylvia Charry
En Barranquilla es casi imposible encontrar un proyecto en el que el contratista no sea amigo de la casa Char. Y este no es la excepción. Uno de los programas bandera de la segunda alcaldía de Álex Char (2016-2019) fue modernizar la red hospitalaria de los llamados Puntos de Atención en Salud Oportuno (Paso) y los Centros de Atención Médico Integral en Salud Oportuno (Camino). Aunque esos centros hospitalarios fueron creados como una idea para acercar los servicios de salud a la gente, hay una percepción de cierta parte de los barranquilleros de que no son más que grandes edificaciones con insuficientes servicios de salud.
El contrato para modernizar la red comenzó en 2016, pero ocho años después, las obras están inconclusas y hay sobrecostos por unos 100.000 millones de pesos. Allí, los protagonistas también son amigos de Char. Eso es precisamente lo que ahora va a investigar la Fiscalía.
La historia empezó cuando, ese mismo año, el concejo de la ciudad le autorizó a Char transferir anualmente a Edubar, una sociedad mixta conocida como “contratadero”, el 80 por ciento de los recursos recaudados por la estampilla prohospitales de primer y segundo nivel de atención de Barranquilla. Esa estampilla es un gravamen que se aplica por la prestación de un servicio y el recaudo se usa para la modernización de los servicios de salud.
La razón por la que se decidió transferir esos recursos a Edubar es que esa sería la manera de financiar las obras y dotaciones de las instituciones hospitalarias de primer y segundo nivel de atención de Barranquilla.
Así las cosas, el 27 de septiembre de 2016 se le adjudicó la licitación al contratista Consorcio Iconho, representado legalmente por Virginia Ochoa Sosa. El valor del contrato era de 152.000 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 27 meses. Es decir, las obras tenían que estar listas a más tardar el 14 de marzo de 2019.
El contrato lo firmaron Edubar, representada legalmente en ese momento por Ramón Antonio Vides Galván, y Virginia Ochoa, como representante del consorcio.
Las particularidades y adiciones al contrato
Según expertos en contratación consultados por CAMBIO, lo llamativo de ese contrato es que la cuantía es indeterminada. Es decir, el valor que inicialmente se pactó no es el definitivo y en la medida en que se vaya desarrollando la obra se pueden estimar nuevos costos.
Con ese cheque en blanco, la obra pasó de costar 152.000 millones de pesos a 245.000 millones de pesos por cuatro adiciones que se hicieron entre diciembre de 2019 y mayo de 2024, que sumaron más de 95.237 millones de pesos.
Esto quiere decir que esas adiciones superaron con creces el 50 por ciento del valor del contrato, algo que, según la ley 80 de 1993 (el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), está prohibido.
También se incumplió la cláusula quinta del contrato en la que se pactó la forma de pago. Según se estableció, se pagarían cuotas trimestrales hasta 2024 y sin que sobrepasara los 230.743 millones de pesos. En otras palabras, se volaron ese tope por 15.000 millones de pesos.
El contrato contemplaba la modernización de diez centros de salud en los barrios más populares de la ciudad. Específicamente, la construcción de cuatro Puntos de Atención en Salud Oportuno (Paso) en los barrios Los Olivos, Galán, La Pradera y El Ferry, y la intervención de los Centros de Atención Médica (Camino) Ciudadela 20 de Julio, Camino Nuevo Barranquilla, Camino Nazareth y la construcción del hospital mental.
El meollo del asunto no es solo la millonada que sumaron las adiciones, sino que hay obras que no se terminaron.
Fuentes con conocimiento del proceso de contratación le dijeron a CAMBIO que falta un 20 por ciento de las obras que se pactaron, las cuales deben culminar el 31 de diciembre de este año, el nuevo plazo después de múltiples aplazamientos. Incluso, aseguran, la ejecución del 20 por ciento restante podría tardar entre uno y seis años.
Así quedó consignado en cinco informes de interventoría realizados entre enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024 que dicen que “el contratista continúa presentando retrasos en la ejecución de sus actividades y es muy poco el avance que presenta en obra, la interventoría les ha solicitado presentar un plan de contingencia para recuperar el retraso, pero a la fecha no se ha presentado ningún documento”.
Pero hay más. Fuentes cercanas al proyecto le dijeron a CAMBIO que hoy sería prácticamente imposible para los investigadores identificar si las obras civiles reportadas realmente se hicieron. Es decir, podrían cuantificar las dotaciones, pero es casi imposible verificar si, por ejemplo, las obras de remodelación descritas realmente se hicieron.
¿Nadie quiere investigar?
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, viene poniéndole la lupa al tema porque hay indicios de que nadie se atreve a investigar semejante contratación que involucra a Char y a su círculo cercano.
Un ejemplo de ello es que el 18 de abril de este año se realizó una mesa de trabajo con la Contraloría Distrital de Barranquilla, la Auditoria General de la República y algunos veedores, y se socializó el estado actual de la obra. Allí, concluyeron que “el cronograma de trabajo se encuentra al día con los compromisos establecidos y se espera la culminación de la obra para el mes de diciembre de 2024”.
Esa conclusión va en contravía de lo que dicen los informes de supervisión del contrato que advierten de los retrasos en la ejecución de la obra. Esos reportes dicen, explícitamente, que la interventoría les ha solicitado presentar un plan de contingencia para ponerse al día, pero que a la fecha no se ha presentado ningún documento para el caso.
La Contraloría General tampoco se le ha metido al tema porque “no han encontrado merito para intervenir frente al posible incumplimiento porque los hechos no han sido declarados de impacto nacional”.
Los amigos de Char
El consorcio Iconho fue el encargado de ejecutar los 245.000 millones de pesos. En el momento de la suscripción del contrato el consorcio estaba así: 50 por ciento por la Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A. (Coinses), representada legalmente por Gary Espitia Camargo; otro 20 por ciento por Ingecmaq S.A.S., representada legalmente por Camargo (suplente); un 15 por ciento por Assignia Infraestructuras S.A. Sucursal Colombia, representada por Ángel Miguel Tascan Blanco; y el 15 por ciento restante por Soluciones de Infraestructura y Logística S.A.S., representada por José Antonio Sánchez Vanegas.
La perla del asunto es que el accionista mayoritario del consorcio, Gary Espitia Camargo, es íntimo amigo de Char y además, ha estado envuelto en múltiples escándalos de corrupción que no han terminado en nada y que están relacionados con obras como la de la Vía de la Prosperidad; la construcción de hospitales de mitigación del fenómeno de remoción en masa en la ladera del cerro Sevilla, donde se encuentra ubicado el Megatanque; obras de remodelación y dotación de las instituciones de salud de Cartagena; construcción de los megacolegios en Barranquilla, entre otros.
Y como si no fuera suficiente, la actual gerente de Edubar, que además de ser la entidad que recibe las obras y que ha debido iniciar el procedimiento sancionatorio al consorcio por incumplimiento, es Angelly Criales Anibal, mediohermana de Miguel Char Criales, primo de Álex Char. Todo queda entre amigos.
A pesar de los incumplimientos y de que las obras debieron terminar en 2019, Edubar ni siquiera ha impuesto las multas y las sanciones pactadas en el contrato.
Los supervisores del contrato advirtieron de los incumplimientos del contratista y le solicitaron a la Alcaldía iniciar el correspondiente proceso de sanción, pero no se ha puesto en marcha. Es más, se aprobaron modificaciones, prórrogas, suspensiones y adiciones.
Por eso, la Fiscalía deberá establecer si es por esa cercanía que los involucrados tienen con Char que nada le ha pasado al consorcio, que ha quedado mal con las obras y si, realmente, todo lo descrito se hizo.
CAMBIO se puso en contacto con la jefe de prensa de Alex Char, pero hasta el momento de la publicación de este texto, no obtuvimos respuesta.
La justicia deberá determinar si los funcionarios han omitido sus obligaciones y existen favorecimientos por esas relaciones entre los involucrados. Además, y aún más grave, deberá establecer peor si los 245.000 millones de pesos sí se invirtieron en el proyecto o si podrían haber terminado en bolsillo de funcionarios y particulares.
