Se profundiza el choque interno en el Consejo de Estado por sanciones a elegidos por voto popular

Las diferencias internas en el Consejo de Estado sobre la facultad de la Procuraduría de sancionar, incluso con destitución, a los funcionarios elegidos por voto popular, se están profundizando cada vez más.

Esta vez, al admitir para estudio una tutela que presentó la Procuraduría, el magistrado Martín Bermúdez decidió suspender 11 decisiones que el mismo Consejo de Estado había tomado, anulando sanciones disciplinarias. Esta es la historia.

Los antecedentes

Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijera que a estos servidores solo se les puede afectar sus derechos políticos por decisión de un juez penal, la Corte Constitucional dijo en 2023 que esa decisión no se aplica automáticamente, sino que se debe adecuar a las leyes internas.

Por eso, optó por tomar una fórmula intermedia: la Procuraduría sí puede investigar y sancionar los elegidos por voto, pero esa sanción queda suspendida hasta que el Consejo de Estado, que es un juez administrativo, la revise, quedando como la última palabra.

Pero el Consejo de Estado no ha acatado la decisión de la Corte Constitucional. Al contrario, los 31 magistrados del alto tribunal están divididos entre quienes creen que la Procuraduría nunca tuvo realmente la facultad de sancionar con destitución a los elegidos por voto y quienes consideran que sí pueden hacer esa revisión judicial de las sanciones de la Procuraduría, como ordenó la Corte.

Por eso, se está a la espera de que la Sala Plena del Consejo de Estado, saque una decisión unificada al respecto y solucione el lío jurídico. Pero, los magistrados no se han puesto de acuerdo y la demora está trayendo más caos.

Los problemas

En los últimos meses, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha optado por anular sanciones dictadas por la Procuraduría, incluso unas muy viejas, que fueron dictadas antes del fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro. Así pasó con casos conocidos como los de Rodolfo Hernández, Juan Francisco 'Kiko' Gómez, Juan Carlos Abadía, Eduardo Carlos Merlano, entre otros.

Y la Procuraduría optó por presentar tutelas ante el propio Consejo de Estado, buscando que las sanciones que dictó en el pasado se revivan. Una de esas tutelas involucra a un grupo de concejales de Yopal, de Ibagué, de Soledad (Atlántico) y de Cúcuta, así como a exalcaldes de Calarcá (Quindío), Hispania (Antioquia) y Tibasosa (Boyacá), entre otros. 

Ellos fueron sancionados por la Procuraduría, demandaron y el Consejo de Estado falló a su favor revocando las sanciones. Al admitir la tutela, el magistrado Martín Bermúdez del propio Consejo de Estado decidió suspender esos fallos que los beneficiaba como una medida cautelar, mientras estudia de fondo el caso, señalando que para el momento en que esos funcionarios fueron sanciones no había duda sobre las competencias de la Procuraduría.

"Desconoce que, para el momento en que se expidieron los fallos disciplinarios enjuiciados, no existía duda acerca de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar y destituir a servidores públicos elegidos por voto popular, por lo que dicha entidad actuó con apego a la Constitución y la Ley, garantizando el debido proceso. Pasa por alto la línea jurisprudencial unificada y pacífica de la Corte Constitucional que respaldaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilidad a servidores públicos elegidos por voto popular", dijo el magistrado Bermúdez.

Lo curioso es que mientras el magistrado Bermúdez opta por tomar esta decisión, uno de sus colegas, el magistrado Milton Chaves, al estudiar otra tutela que también presentó la Procuraduría, se pronunció de una manera completamente diferente.

Esa tutela la presentó también la Procuraduría sobre diez casos que involucran a exalcaldes y exconcejales y el pasado 8 de agosto, ya en fallo de fondo, el magistrado Chaves decidió declarara improcedente. Es decir, no le dio la razón a la Procuraduría y dejó intactas las decisiones que revocaron las sanciones dictadas a esos exfuncionarios elegidos por voto.

Este debate, que es técnico, solo se solucionará cuando el Consejo de Estado unifique jurisprudencia. Pero, por el momento, esa decisión sigue embolatada.