Procuraduría: aumenta presión por fallo que se prepara por sanciones a elegidos por voto popular
Margarita Cabello y Gustavo Petro.
En 2023, la Corte Constitucional dictó que la Procuraduría podía seguir sancionando a elegidos por voto popular, pero dijo que los jueces tienen la última palabra. El Consejo de Estado no ha podido ponerse de acuerdo sobre si cumplirá o no y algunos de los magistrados están tumbando sanciones como pasó con Rodolfo Hernández. El asunto está a punto de explotar. CAMBIO le explica las implicaciones.
En este momento se está cocinando una de las decisiones esperadas para este año y que es crucial porque enfrenta tanto al presidente Gustavo Petro con la procuradora Margarita Cabello, como al Consejo de Estado con la Corte Constitucional: Se trata de la revisión de las sanciones que impone la Procuraduría a las personas que ocupan cargos de elección popular como alcaldes, gobernadores o congresistas, que puede llegar incluso a la destitución e inhabilitación de hacer política.
Como se sabe, el presidente Petro tiene el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al fallar a su favor, dijo que solo un juez penal puede hacer esa clase de afectación a los derechos políticos de una persona. Y esa es la idea que ha venido defendiendo para criticar a la Procuraduría desde que era alcalde de Bogotá hasta ahora, ratificando que una autoridad administrativa como la Procuraduría no puede tomar tales decisiones.
La Corte Constitucional dijo en 2023 que ese fallo de la Corte IDH no aplica de manera inmediata en Colombia, sino que es un mandato que debe armonizarse con las normas internas, e hizo un remedio para la situación: la Procuraduría puede seguir sancionando, incluso con destitución, pero esa sanción queda en suspenso hasta que un juez administrativo (no penal, pero juez) la revise.
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