UNGRD: las reuniones, visitas y conceptos que enredan a seis congresistas en la Corte Suprema
Aunque los integrantes de la Comisión de Crédito Público investigados formalmente por el escándalo de desvío de recursos de la UNGRD han optado por no declarar ante la Corte, la Sala de Instrucción del alto tribunal avanza en sus pesquisas. CAMBIO les explica en detalle cuánto se sabe de este caso.
El pasado martes 10 de diciembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo una inspección en el Ministerio de Hacienda, en medio de las pesquisas que adelanta por el escándalo de desviación de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD). Los investigadores buscaron el computador de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, quien fue coordinadora de los enlaces legislativos del ministerio como asesora, y a quien se le concedió una licencia de maternidad para la época en la que se habría fraguado una especie de alianza criminal en la cual el Gobierno obtenía conceptos favorables para créditos de la nación. A cambio, un grupo de congresistas recibían, presuntamente, contratos a modo de coima.
Cuatro días antes, el 6 de diciembre, la Sala realizó otra inspección, esta vez a la oficina de la congresista Karen Manrique, una de las investigadas y quien optó por guardar silencio en la diligencia de indagatoria a la que fue citada dos días antes. Según su defensa, la mujer decidió acogerse a su derecho a guardar silencio porque no habían podido contrainterrogar a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, testigo estrella en este escándalo y quien fue llamado a juicio por la Fiscalía General esta misma semana.
Las inspecciones se realizaron al mismo tiempo que el magistrado instructor de este caso, Misael Rodríguez, recibía a los congresistas involucrados para sus diligencias de indagatoria. Todos asistieron: Karen Manrique el 2 de diciembre, Wadith Manzur al día siguiente, y luego Liliana Bittar. El lunes 9 acudió Julián Peinado, y Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz terminaron las citas. No obstante, ninguno dio las explicaciones ante el magistrado, pues optaron por guardar silencio, hasta donde se conoce públicamente. Todos aseguraron a los medios de comunicación que esperaban en el Palacio de Justicia de Bogotá que no tuvieron relación con los hechos, que no direccionaron contratos y que no actuaron de forma ilegal.
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