UNGRD: las reuniones, visitas y conceptos que enredan a seis congresistas en la Corte Suprema

El pasado martes 10 de diciembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hizo una inspección en el Ministerio de Hacienda, en medio de las pesquisas que adelanta por el escándalo de desviación de recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD). Los investigadores buscaron el computador de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, quien fue coordinadora de los enlaces legislativos del ministerio como asesora, y a quien se le concedió una licencia de maternidad para la época en la que se habría fraguado una especie de alianza criminal en la cual el Gobierno obtenía conceptos favorables para créditos de la nación. A cambio, un grupo de congresistas recibían, presuntamente, contratos a modo de coima.

Cuatro días antes, el 6 de diciembre, la Sala realizó otra inspección, esta vez a la oficina de la congresista Karen Manrique, una de las investigadas y quien optó por guardar silencio en la diligencia de indagatoria a la que fue citada dos días antes. Según su defensa, la mujer decidió acogerse a su derecho a guardar silencio porque no habían podido contrainterrogar a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, testigo estrella en este escándalo y quien fue llamado a juicio por la Fiscalía General esta misma semana.

Las inspecciones se realizaron al mismo tiempo que el magistrado instructor de este caso, Misael Rodríguez, recibía a los congresistas involucrados para sus diligencias de indagatoria. Todos asistieron: Karen Manrique el 2 de diciembre, Wadith Manzur al día siguiente, y luego Liliana Bittar. El lunes 9 acudió Julián Peinado, y Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz terminaron las citas. No obstante, ninguno dio las explicaciones ante el magistrado, pues optaron por guardar silencio, hasta donde se conoce públicamente. Todos aseguraron a los medios de comunicación que esperaban en el Palacio de Justicia de Bogotá que no tuvieron relación con los hechos, que no direccionaron contratos y que no actuaron de forma ilegal.

Lo que se investiga

Acá se investiga a Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo por la presunta comisión del delito de cohecho impropio porque habrían negociado y aceptado un acuerdo con funcionarios del Gobierno a finales de 2023.

La idea era que los congresistas, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), emitieran conceptos de operaciones de crédito público bajo la condición de una dádiva futura, a petición del ministro de Hacienda de entonces, Ricardo Bonilla, a cambio de una dádiva que se concretaría con proyectos de obra e interventoría que haría la UNGRD por un total de 92.000 millones de pesos.

Los tres proyectos aludidos son: primero, obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias, entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú hasta el casco urbano del municipio de Cotorra, Córdoba. Segundo: construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba en Saravena, Arauca. Y tercero, construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolívar.

La Sala de Instrucción decidió abrir una investigación formal bajo el entendido de que, hasta el momento, habría evidencia de que esa negociación ilegal sí habría ocurrido desde noviembre de 2023, momento en el cual los implicados en este escándalo como Olmedo López y Sneyder Pinilla (exsubdirector de la UNGRD) ya habían cometido presuntos delitos, también desviando recursos de la entidad, para lograr que en el Congreso se aprobaran las reformas del Gobierno, a cambio de entregar millonarias sumas a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara, quienes niegan haber cometido delito y también son investigados por la Corte Suprema.

¿Qué se examina? Se investiga la “compra” de la función legislativa, la existencia de un esquema ilegal que se habría dado entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, como consecuencia de una supuesta preocupación del Gobierno que se habría expresado en varias citas que Olmedo López presenció y que coincidieron con sesiones del consejo de ministros.

Las fechas clave y los conceptos

En ese sentido, las fechas acá son claves. Por ejemplo, la comisión de crédito público sesionó entre el 7 de junio y el 9 de noviembre y solo emitió cinco conceptos de operaciones de crédito. Para la Corte llama la atención que, a partir de la sexta sesión, del 28 de noviembre de 2023 y en los primeros 15 días de diciembre, la comisión emitió 13 de los 18 conceptos que el ministro de Hacienda sometió a su consideración.

¿Qué pasó un día antes de la sexta sesión? Según le dijo Olmedo López a la Corte Suprema, el lunes 27 de noviembre se hizo el ahora denominado “cónclave”, una supuesta reunión en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a la que habrían acudido Carlos Ramón González, director de la entidad en ese entonces; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla (a quien se le pidió la renuncia hace una semana), y los ministros de Salud y de Trabajo: Guillermo Jaramillo y Gloria Inés Ramírez.

Según Olmedo López, en esa cita Velasco explicó los acuerdos que se habrían alcanzado de manera –al menos irregular– para lograr la aprobación de iniciativas a cambio de mermelada, incluyendo la negociación de los créditos. Al día siguiente, se hizo la sesión de la CICP, en la que más conceptos se emitieron en todo el año y en la que no participó José Roberto Acosta, director general de crédito público, pero sí de María Alejandra Benavides Soto, asesora de Bonilla.

Para la Corte, la ausencia de Acosta es llamativa porque este, según las grabaciones, sí acudió a las primeras cinco sesiones de la comisión. Acosta le dijo a la Corte que él dejó de asistir a petición de Bonilla, porque había tenido choques en otras sesiones con los integrantes de la comisión y porque su “presencia podía incomodar”. En su reemplazo, la asesora Benavides asistió de manera virtual en las sesiones del 27 de septiembre, del 9 y 28 de noviembre y del 6 de diciembre del año pasado. Como hecho curioso, la sesión del 15 de diciembre de 2023 no quedó grabada. Debido a ello, las autoridades sólo tienen el registro de quienes fueron, mas no el detalle de lo ocurrido.

Así las cosas, por ahora se considera relevante la forma como se aceleró el ritmo de emisión de conceptos en la Comisión, con el rol clave de Benavides.

Las reuniones en el ministerio y el papel de los congresistas

A esto se suman otros hechos que la Corte ha documentado. Por ejemplo, que el lunes 4 de diciembre de 2023 la representante Karen Manrique visitó las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Llegó a las 11:17 de la mañana, según las cámaras de la entidad. A las 11:30 la acompañó María Alejandra Benavides. Luego, a las 12:18, se le ve dirigirse a los ascensores de la entidad.

A esta altura de la investigación, se considera que Karen Manrique asumió un rol de vocería del grupo de congresistas que habría aceptado esta negociación ilegal, según el testimonio de Olmedo López. El exfuncionario declaró que, en una reunión del 15 de diciembre de 2023, donde supuestamente estuvo el ministro Bonilla, se enteró de que Manrique era clave. López dijo que Bonilla le dijo que el rol lo tendría que asumir Wadith Manzur.  

Las cámaras de video también registraron las entradas del martes 5 de diciembre al ministerio. En la tarde, entre las cuatro a cinco, grabaron la llegada de los congresistas de la comisión. Primero, a la senadora Bitar Castilla, luego a los representantes Manzur y Peinado, que se reunieron en el despacho del viceministro general, Diego Guevara Castañeda. Luego hubo una cita en una sala del tercer piso en la que estuvieron ellos tres, junto con el senador Juan Pablo Gallo y los representantes Juan Diego Muñoz, Karen Manrique y Jhon Fredy Núñez Ramos.

“Este evento duró 14 minutos, entre las 4:48 y las 5:02 de la tarde, y, de parte del Ministerio de Hacienda, la reunión fue atendida por María Alejandra Benavides Soto y, posteriormente, se unió a ella otra persona”, dijo la Corte, que enfatizó que a esa cita no acudió la otra senadora que hace parte de la Comisión, Imelda Daza, pero sí la asesora Benavides. Esta reunión fue una especie de precomisión privada que se hace previa a la sesión formal de la CICP, según explicaron testigos.

A estos dos hechos se suman otros de diciembre que hasta el momento se consideran de especial relevancia en la investigación.

Por un lado, que el lunes 11 de diciembre de 2023 el ministro Bonilla expidió la resolución 3202 por medio de la cual se distribuyó a la UNGRD la suma de 700.000 millones de pesos. Y los tres proyectos que iban a servir de coima cuenta con certificados de disponibilidad (CDP), que incluyeron como rubro de financiación los fondos distribuidos con esa resolución.

Por otro lado, el martes 12 de diciembre de 2023, a partir de las siete de la mañana, tuvo lugar la séptima reunión de la CICP en la que se iban a evacuar los conceptos que faltaban. En esa sesión, explicó la Corte, quedó pendiente un concepto por emitir y se decidió seguir la sesión otro día, de forma virtual. Eso fue en la mañana, pero en la tarde se dieron más eventos considerados importantes para esta investigación.

Según la Corte, en la tarde del 12 de diciembre, hubo reuniones, interacciones y comunicaciones entre ministros y asesores del Gobierno nacional.  En las cámaras se ve a los ministros Velasco y Bonilla, a María Alejandra Benavides Soto y a Jaime Ramírez Cobo, quien es un asesor del Dapre. Bonilla recibió a Velasco y a la representante María Eugenia Lopera. Los videos muestran que Benavides salió y volvió a la cita y que Ramírez ingresó a la misma.

“Posteriormente, a las 3:15 de la tarde, la representante Lopera Monsalve y los asesores Benavides Soto y Ramírez Cobo salieron del despacho. Las dos últimas personas mencionadas sostuvieron conversación en la recepción del despacho. Finalmente, hacia las 3:19 de la tarde se observa que el asesor Ramírez Cobo se desplaza hacia la salida de las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Las interacciones previamente reseñadas son relevantes, pues ese mismo día Jaime Ramírez Cobo intentó contactar a Olmedo López Martínez, a través de Diana Martínez Joya, entonces asesora y secretaria privada del director de la UNGRD”, dice el documento de la Corte que abrió investigación formal a los congresistas.

Ramírez Cobo le dijo a la Sala que buscó a López obedeciendo un pedido de María Alejandra Benavides el 11 de diciembre, El asesor le envió a Martínez Joya un documento con los datos de los proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, advirtiendo que debía convocarse unas mesas técnicas lo más pronto posible porque los “créditos de la nación estaban en riesgo”. Según Ramírez, como Martínez no le contestó, se comunicó con Sneyder Pinilla para decirle que necesitaban una reunión urgente con Olmedo López.

Un mensaje de voz que Diana Martínez le envió a Sneyder Pinilla evidencia este hecho:

“Ney, hazme un favor. Ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor del Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace del Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes, porque, si no, se les cae... no sé qué. Se les cae lo que están haciendo en Congreso. Mejor dicho, no sé qué tan importante sea. Te lo mando a ti para que por fa' me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no”, dice ese mensaje.

Según Pinilla, él se reunió con Olmedo López en un hotel al día siguiente y allí le mostró el cuadro con la información de los proyectos y, supuestamente, la reacción de López fue molestarse porque le habían enviado información a Diana Martínez. Allí, dice Pinilla, López llamó al ministro Velasco. De esa conversación, infirió que debían hablar con el ministro Bonilla y no con él.

El 13 de diciembre, las cámaras muestran que Velasco y Ramírez estuvieron en el despacho de Bonilla. Al día siguiente, Ramírez buscó a Pinilla y le dijo que necesitaba su ayuda porque, si no salían los proyectos de la UNGRD, estaban en riesgo de que se frustraran los créditos de la nación. Existen una serie de mensajes entre ambos sobre este asunto:

Jaime Ramírez: el ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido.

Sneyder Pinilla: hola, doctor, dile que estamos en la marcha. Calmando la gente.

Jaime Ramírez: lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia.

Sneyder Pinilla: el ministro de Hacienda quedó de reunirse mañana, ocho de la mañana, con el director. En hacienda.

La Fiscalía le envió a la Corte una copia de una conversación que ese mismo día tuvieron Olmedo López y el ministro Bonilla por WhatsApp. Fue un saludo y una llamada perdida, que se dio después de las seis de la tarde, hecha por el ministro de Hacienda al director de la UNGRD. Minutos más tarde, Bonilla escribió que estaba “preocupado por destino de recursos proyectos viabilizados” y luego apareció el registro de dos llamadas.

En entrevista exclusiva con CAMBIO, el ministro Bonilla dijo que ahí no hay nada raro y se defendió señalando a López y a Pinilla. "Ellos empezaban a sentirse descubiertos y empezaron a construir unas coartadas. Ellos se desviaron del camino. Tenían que buscar hacia arriba a quién enlodar para lograr un principio de oportunidad. Entonces, el principio de oportunidad está basado en mentiras", dijo.

Al día siguiente, el viernes 15 de diciembre de 2023, Bonilla se reunió con Olmedo López y María Alejandra Benavides presencialmente en el ministerio. A la cita acudió de forma virtual Sneyder Pinilla.

“En el contexto de la reunión mencionada, la asesora Benavides Soto, por instrucción de su jefe Bonilla González, habría explicado que el asunto concerniente a los proyectos de los municipios aludidos corresponde a una de las contraprestaciones acordadas con los congresistas por 92.000.000.000 de pesos. Además, en tal ocasión se habría hecho referencia a la condición de voceros del grupo de aforados involucrados de los representantes Karen Manrique Olarte y Wadith Alberto Manzur Imbett”, dijo la Corte.

Pinilla le dijo a la Corte Suprema que, en esa cita, se explicó que eran urgentes esos tres proyectos y que, supuestamente, Bonilla habría dado una señal de aprobación (dedo pulgar hacia arriba). Según los testigos, las órdenes que habría dado Bonilla fueron que Manzur sería el vocero y que el resto de los contactos los haría Benavides con Pinilla. Ese mismo día, se vio antes de la última sesión de la CICP (que se hizo el 15 luego del aplazamiento de la sesión del 12) las cámaras del ministerio evidencian la llegada de Manzur a las 12:08 de la tarde.

Los convenios y cinco indicios

La última sesión de la CICP fue el 15 de diciembre. Desde esa fecha y hasta febrero de 2024 sucedieron otros hechos que son de interés para la Corte Suprema.

1. Comunicaciones entre Pinilla, Benavides y Jaime Ramírez sobre los tres proyectos que involucraban la insistencia de la urgencia de los mismos, así como la entrega de contactos de cada municipio para avanzar en los detalles. Esos contactos se los entregó Benavides a Pinilla quien, según los registros, buscó a las tres personas, una por cada municipio, ese mismo día: el 15 de diciembre. Desde ahí y hasta enero, Pinilla “habría iniciado un proceso de orientación, a través del intercambio de mensajes y documentos, con las personas del nivel territorial para ilustrarlas sobre diversos aspectos inherentes a los proyectos”.
2. Para la Sala es relevante que sí hubo cambios notables en los trámites precontractuales de los proyectos referidos ante la UNGRD. En el caso de Cotorra, por ejemplo, hay registros de múltiples contactos con Harry Ethiel Bejarano Arroyo sobre el proyecto, temas jurídicos y técnicos y lo mismo pasó en los otros dos municipios. Todos tuvieron el día 21 de diciembre de 2023 certificados de disponibilidad presupuestal para la contratación de obras e interventorías: CDP 232416 y 232403 para el proyecto de Cotorra; CDP 232419 y 23240 para el proyecto de Saravena; y CDP 232414 y 232415 para el proyecto de El Carmen de Bolívar.
3. Según Sneyder Pinilla, entre el 15 de diciembre de 2023 y hasta el 15 de febrero de 2023, María Alejandra Benavides Soto lo contactó varias veces para pedirle información del avance, asegurando que ella debía darle los datos al ministro Bonilla. Específicamente, esto habría sucedido los días 15 y 21 de diciembre de 2023, el 16, 23 y 31 de enero de 2024, y el 14 y 15 de febrero de 2024.
4. En cuarto lugar, la Sala enfatizó en el rol que presuntamente tuvo la representante Manrique Olarte en la supervisión al avance de los proyectos en la UNGRD. Esto se sustenta, hasta este momento de la investigación en los registros de entrada a la entidad que dicen que López fue el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024. Y Olmedo López dice que recibió mensajes a finales de enero de Manrique que le estaba pidiendo una cita para hablar de los temas de Arauca, lo cual en efecto se hizo. Según López, Manrique le preguntó directamente: “Doctor, ¿cómo van los contratos del compromiso del acuerdo que hay con el ministro de Hacienda?”, mientras señalaba un cuaderno. Ese es el famoso cuaderno de Manrique en el que supuestamente se plasmaron los datos de los congresistas a los que había que cumplirles con los contratos.
5. Por último, hay material de video que muestra a Karen Manrique Olarte a Wadith Manzur en el ministerio, en varias fechas de enero y febrero, y que prueban diferentes citas con Bonilla y la asesora Benavides. “En suma, el estado de la investigación permite plantear que existió una interacción entre los aforados referidos y la asesora Benavides Soto, en algunas de las visitas de aquellos al Ministerio de Hacienda, en un periodo en el que aparentemente la primera tenía una preocupación sobre el avance de unos proyectos específicos en la UNGRD y respecto del cual, además, la representante Manrique Olarte habría estado indagando directamente ante el director de la unidad, Olmedo López Martínez”, indicó la Corte.

Lo que viene 

Además de múltiples testimonios, la Corte tiene las grabaciones, actas e informes de las sesiones de la CICP entre 2022 y 2024. Los expedientes laborales de los asesores del despacho del ministro de Hacienda que han estado asignados o desempeñaron funciones en la CICP en ese mismo periodo, incluida Benavides; y cuenta con copia de les correos electrónicos de algunos funcionarios y exfuncionarios del ministerio, como Claudia Marcela Gómez Vásquez, Lina María Londoño González, María Alejandra Benavides Soto, Diego Francisco Figueroa Falla, Eliana Rodríguez Bohórquez y Lady Nathalie Gómez Acosta.

También cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal para la contratación de algunas obras civiles e interventorías en los municipios de Saravena, El Carmen de Bolívar y Cotorra; los manuales de contratación de la entidad, el expediente laboral de Jaime Ramírez Cobo; actas de los consejos de ministros de la Presidencia que se hicieron entre abril de 2023 y marzo de 2024, entre múltiples documentos.

Benavides fue citada por la Sala de Instrucción para que diera su versión, pero optó por guardar silencio a la espera de una posible negociación con la Fiscalía. En ese sentido, la Corte podría reprogramar las diligencias de indagatoria para que los defensores de los congresistas puedan contrainterrogar a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, como ellos han manifestado. En todo caso, la indagatoria es el momento procesal en la que se les comunica a las personas las razones por las cuales son investigadas, el contexto fáctico y se les permite dar sus explicaciones. Y aunque no es una versión que se hace bajo la gravedad del juramento, cuando la diligencia termine, se entiende que la persona queda vinculada formalmente al caso.

Así, en caso de que los congresistas insistan en no hablar ante la Corte, se enfrentarían a un escenario en el cual la Sala procederá a definirles su situación jurídica sin su versión. Por ahora, los avances de este caso ya quedaron para 2025 porque la Corte realizó este jueves su última sala ordinaria y el 20 de diciembre la Sala sale a vacancia como toda la Rama Judicial.