Vuelven el garrote y la zanahoria: entrevista a Eduardo Pizarro

Eduardo Pizarro es uno de los grandes expertos en el tema militar y en el conflicto armado colombiano. Sociólogo de la Universidad de París, con posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París y profesor de la Universidad Nacional, Eduardo Pizarro, además, ha sido tres veces víctima del conflicto. Es hijo del almirante Juan Antonio Pizarro y de Margot Leongómez de Pizarro;  hermano de Carlos Pizarro, quien fue jefe del M-19; de  Nina, militante de ese mismo movimiento; y de Hernando, fundador del llamado Frente Ricardo Franco. Es decir, que de los cinco hijos del almirante y de Margot, entre cuyos parientes Matamoros había varios generales del Ejército, hubo tres guerrilleros, y dos de ellos fueron asesinados a raíz del conflicto. Y a Eduardo casi lo matan las Farc a fines de 1999 en un atentado en Bogotá. De manera que no hay nadie con más experiencia y conocimiento que Eduardo Pizarro Leongómez para hablar de la guerra y la paz en Colombia, y de la política de seguridad de este Gobierno.

CAMBIO: Hace año y medio usted le dijo a CAMBIO que la política de paz total del gobierno se caracterizaba por la improvisación, que estaba pésimamente enfocada y que si no se rectificaba el conflicto podría agravarse. ¿A estas alturas, esa política ya se rectificó? 

Eduardo Pizarro: Creo que, lejos de avanzar hacia la paz, el conflicto se está agravando en todo el territorio nacional. Hay enormes dificultades para avanzar con el ELN, que era el pilar fundamental de la paz total. En este momento nos encontramos con dificultades para reanudar la mesa y llegar a acuerdos, pero no de papeles firmados, sino de cosas sustanciales que permitan una disminución de la intensidad del conflicto con el ELN. Hace pocas semanas destruyeron sistemáticamente redes de conducción de petróleo produciendo daños ambientales que es increíble que una organización progresista pueda realizar. Por otra parte, ha habido acciones en las que soldados, oficiales y suboficiales han perdido la vida en un número muy alto. Con el grupo disidente y el grupo reincidente de las FARC también existen dificultades sobre las cuales podríamos conversar. Y luego con los grupos más de carácter criminal hay nueve mesas de negociación, algunas activas y otras inactivas. Complejo tablero para un gobierno. 

CAMBIO: El presidente tiene que estar muy molesto con los grupos armados que, a pesar de tener alguna identidad política con las causas de izquierda, están torpedeando la bandera de la paz total. ¿Es posible que ahora vayamos a ver a un Petro guerrero?

E.P.L.: Pocas semanas antes de llegar a la Casa de Nariño Gustavo Petro había planteado que en tres meses el ELN ya habría abandonado las armas. Fue un exceso de optimismo, de pensar que iba a ser fácil negociar con esa guerrilla. Tampoco ha sido fácil con los grupos herederos de las Farc. Creo que la toma militar de El Plateado en el sur del Cauca hace pocos días significa un viraje profundo en la política de paz del actual gobierno. Parece que el gobierno Petro va a retomar el modelo de negociación de Juan Manuel Santos de combinar lo que se ha denominado popularmente “garrote y zanahoria”. Es decir, seguridad y negociación. Es muy posible que eso es lo que se deriva de la toma de El Plateado en el Cauca. Un viraje profundo en el que el gobierno busca fortalecer su presencia militar e integral en el territorio y afectar las rentas ilegales y, a su turno, continuar con las mesas de negociación. Es posible que estemos retornando al modelo Santos.

CAMBIO: En efecto, lo ocurrido en El Plateado puede significar un cambio en la estrategia militar. ¿Esa estrategia es replicable en otras zonas? 

E.P.L.: La propia revista CAMBIO hace un par de días planteó tres hipótesis: La primera es que se trataba de un tema coyuntural para mandarles un mensaje a los grupos armados. La segunda es que era una acción contra el grupo de Iván Mordisco por su conducta contra la población civil y el tráfico de drogas. Y la tercera es que podríamos estar ante un viraje global de la política de la administración de Petro para buscar un mayor control del territorio y una afectación de las rentas ilegales en todo el país. Ese debate está abierto. Pero muchos analistas militares, basados en el Plan Ayacucho que las Fuerzas Militares vienen implementando desde el año 2023 y que está siendo precisado este año, plantean que se trata de un viraje global de la estrategia de seguridad de la administración Petro, de un plan piloto para ver cómo se recupera el control del territorio, una mayor presencia de las Fuerzas Militares y una mayor presencia integral del Estado. Muchos analistas plantean que estamos ad portas de un viraje de la estrategia de paz de la administración Petro. Ese es el debate.

CAMBIO: Hay una sensación de que las Fuerzas Armadas no estaban haciendo nada en los territorios; que grupos armados de todos los pelambres se paseaban allá como Pedro por su casa y parecía como si las Fuerzas Armadas tuvieran las manos  atadas. ¿Eso tiene algo de cierto?

E.P.L.: Yo creo que hubo un mal diseño de los ceses al fuego bilaterales con este número tan alto de grupos que enfrentan al Estado. Son nueve. Los ceses al fuego bilaterales para disminuir las afectaciones humanitarias y crear espacios de negociación se hicieron sin  condiciones a la contraparte y esta aprovechó estos ceses al fuego sin condiciones para mejorar su control del territorio, para mejorar su control de las rentas ilegales locales y para buscar una conducta coordinada de las poblaciones locales a riesgo de represalias. Estos ceses al fuego bilaterales sin condiciones han conducido a una expansión de todos los grupos en el territorio nacional y, si bien han caído en alguna medida las afectaciones humanitarias, no se ha logrado mejorar el control del territorio ni avanzar en la paz. Es decir, lo que se requiere en estos momentos es cambiar absolutamente el modelo. Se está nombrando negociadores de paz a personas que estaban detenidas, como el señor Gafas, el secuestrador de Íngrid Betancourt, y ahora aparece en el Cauca con una concejala que fue secuestrada por este grupo. Y Gafas delante de los medios de comunicación le exige que se salga del territorio. Estamos nombrando negociadores de paz a personas detenidas y eso le está permitiendo a los grupos ilegales recomponer sus líneas de mando con personas con experiencia de años y años sin que estas personas muestren realmente una conducta a favor de la paz. 

CAMBIO: En este momento solamente hay cese al fuego con el sector de las disidencias de Calarcá. ¿Correcto? 

E.P.L.: Exactamente. 

CAMBIO: ¿Con la Segunda Marquetalia, cómo está la situación?

E.P.L.: Con el grupo de Marquetalia hay serias dificultades porque el presidente Juan Manuel Santos elevó los acuerdos de paz a nivel constitucional y los depositó en Naciones Unidas. Y ahí se planteó que quienes habiendo firmado los acuerdos de paz rompieran con estos, ya no podían ser considerados actores políticos sino actores que solamente podrían ser objeto de una negociación con el Estado en términos de carácter penal. Es decir, hay una barrera legal para negociar con la Segunda Marquetalia y solamente se puede buscar que se acojan a la justicia. Esto es muy complejo porque lo que se les ha planteado a los negociadores de paz del gobierno es que con la Segunda Marquetalia lo que se puede discutir es que ellos acepten los acuerdos de paz ya firmados en el Teatro Colón, y no haya una negociación con temas distintos a esos porque ellos lo firmaron. Y simplemente que muestren una voluntad de responder ante la justicia por su conducta posterior con algunos beneficios de justicia transicional. Pero es muy complejo negociar con este grupo. 

CAMBIO: Pero ha habido encuentros entre miembros de la nueva Marquetalia y la delegación del gobierno. ¿Ahí jurídicamente qué pasa? ¿Por qué han podido darse esos encuentros?

E.P.L.: Ahí hay una barrera legal que el gobierno no ha resuelto. Para poder negociar con la Segunda Marquetalia se necesitaría una reforma constitucional. Ese es un desafío enorme. El negociador nombrado por el gobierno, que es un jurista destacado, tiene que encontrar la fórmula jurídica para poder negociar con ellos como grupo político y no como delincuentes comunes. Dar ese debate en el Parlamento es urgente. 

CAMBIO: Pero la ley sí permite pactar ceses al fuego con ellos. ¿O no?

E.P.L.: Se puede pactar un cese al fuego bilateral. Insisto, con condiciones serias, para el inicio de la discusión. Pero hay que superar el desafío legal que sigue en el aire. 

CAMBIO: Pero no se ha pactado… 

E.P.L.: No se ha pactado porque la barrera legal subsiste. Y es una barrera que muchos consideran insalvable. Es decir, que si Iván Márquez y el grupo de la segunda Marquetalia quieren entrar de nuevo a la vida legal, no lo pueden hacer por la vía de la negociación política como un grupo guerrillero tradicional sino que tienen que hacerlo a partir de un acogimiento a la justicia como un grupo criminal. Esto es enormemente complejo. 

CAMBIO: Entonces en este momento la orden que puede recibir un soldado es más o menos “ataque a todos menos a los de Calarcá”… 

E.P.L.: En este momento hay con varios grupos ceses al fuego firmados que obviamente le implican a las Fuerzas Militares una cierta parálisis institucional. Y dada la experiencia de estos ceses al fuego que han permitido la expansión de los grupos volvemos un poco al tema inicial. Creo que si el gobierno quiere resultados tiene que extender la experiencia del El Plateado a todo el país y plantearle a todos los grupos que las negociaciones se van a hacer en medio de una ofensiva militar. Es decir, sin ceses al fuego bilaterales mal diseñados que están generando una afectación de la seguridad en todo el territorio nacional. 

CAMBIO: En esa misma entrevista que mencioné al principio usted nos dijo que las Fuerzas Armadas estaban desconcertadas porque no había una política de seguridad clara. ¿Ahora ya existe esa política y pasó el desconcierto? 

E.P.L.: Es posible que lo de El Plateado signifique que ya hay otra orientación del Estado y que las fuerzas militares después de esta experiencia piloto comiencen a utilizarla en otras zonas del país y haya un viraje profundo en la orientación de los militares en ese sentido. Creo que estamos muy cerca de eso. En este nuevo modelo cada una de las fuerzas va a tener su especialización y se van a concentrar en lo que saben hacer. 

CAMBIO: ¿Ese cambio de modelo del que usted habla es positivo?

E.P.L.: Es un cambio realmente positivo que le manda un mensaje muy fuerte a los grupos: señores ya los ceses al fuego bilaterales sin condiciones se terminaron y ahora hay reglas de juego claras que los obligan a abandonar progresivamente el control de rentas ilegales, no afectar a la población civil y respetar los ceses al fuego para poder tener una negociación seria con el Estado. 

CAMBIO: Usted también dijo en su momento que ojalá el ministro de Defensa, Iván Velásquez, mostrara un conocimiento más sólido de los temas de seguridad. ¿Usted cree que en este tiempo el ministro ya ha aprendido?  

E.P.L.: Creo que el ministro está haciendo un aprendizaje importante. Y la lectura que he hecho de los últimos documentos de las fuerzas militares muestran que ya se está recogiendo la experiencia de estos dos años de negociaciones frustradas y se está haciendo un ajuste profundo en las fuerzas militares. Creo que vamos a tener sorpresas interesantes que pueden conducir a una mejoría en el orden público y a mejores resultados en las negociaciones de paz. 

CAMBIO: ¿Ya se superaron en el Ejército y la Policía los efectos de la enorme purga de generales?

E.P.L.: Desde mi punto de vista fue un error haber salido de tantos generales con tanta experiencia acumulada. El Ejército se quedó sin un número de generales suficientes para ocupar cargos que requerían la formación de un general. Entonces tuvimos una enorme cantidad de coroneles que no habían hecho los cursos de estado mayor para ocupar unidades militares que implicaban una formación distinta. Pero me parece que ya se está superando ese bache y hoy en día los coroneles ya han hecho los cursos de estado mayor y ya tienen la formación de generales para unidades importantes. Ya tenemos una cúpula militar preparada y consolidada y el viraje que implica el plan Ayacucho ya puede ser sostenible a largo plazo. 

CAMBIO: Pero muchos de esos generales que salieron tenían cuestionamientos éticos. ¿O no?

E.P.L.: A mí me preocupa mucho el tema. Obviamente había generales cuestionados por el tema de los Falsos Positivos u otros. Sin embargo, muchos militares que salieron tenían una hoja de vida intachable y una formación militar muy importante y muy necesaria para el país. Pero como al nombrar personas de menor rango y antigüedad conllevaba su salida,, salieron oficiales no cuestionados, simplemente porque una persona de menor antigüedad ocupaba un cargo de mayor jerarquía. 

CAMBIO: ¿Si usted fuera el presidente de la república, qué haría para solucionar el conflicto?

E.P.L.: Yo estoy elaborando un documento que voy a dar a conocer próximamente en el cual planteo diez líneas de acción para buscar la paz en Colombia. Creo que lo primero que se requiere es el diseño de un libro blanco de seguridad y defensa nacional. En Colombia cada gobierno expide una ley de seguridad. Vivimos en el cortoplacismo y no tenemos una visión estratégica a veinte o treinta años y esto debilita la capacidad de control del territorio y las políticas de seguridad a largo plazo. El presidente Gustavo Petro debería iniciar ese debate. Necesitamos también un monopolio legítimo de la autoridad. No podemos seguir privatizando la seguridad con las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. Se requiere un control integral del territorio, un mejor control de las fronteras, un mejor mecanismo de cooperación internacional, un debilitamiento de las ventas ilegales, un reordenamiento profundo de la oficina de paz y sus equipos, una redefinición de la política de paz y su plan de acción. Hay que priorizar los grupos de origen político y lograr la paz con ellos. Se necesitan también ceses al fuego condicionados y con reglas de conducta claras. Y, finalmente, se necesita una gran movilización ciudadana por la paz. Hay que revivir el modelo del país vasco español donde el modelo de la movilización ciudadana obligó a ETA a abandonar las armas. Creo que nos faltan ciudadanos en la calle exigiéndoles la paz a los grupos armados. 

CAMBIO: Pero esa movilización sería más eficaz si se diera en los territorios. Ahí la gente está petrificada de miedo. 

E.P.L.: Si estos grupos creen que tienen una legitimidad ciudadana, hay que mostrarles en las calles que los colombianos estamos ya agotados con la guerra. Hay un hecho muy impactante: el M-19 en 1990 obtuvo 750.000 con Antonio Navarro Wolf como candidato presidencial. El partido de las Farc en 2018 sacó 53.000 votos. Luego, en 2022, para Senado, sacó 23.000 votos. Después de esta experiencia creo que los grupos guerrilleros tienen que tomar conciencia de que el país está agotado con la violencia. El Partido Comunes en el año 2026, al ritmo que vamos, pierde la personería jurídica. Porque el umbral mínimo para obtener representación parlamentaria hoy en día es de 500.000 votos y el Partido Comunes tiene apenas 23.000. Esto muestra el agotamiento de Colombia y es un mensaje de que hay que cerrar este capítulo rápidamente. 

CAMBIO: ¿Qué manejo puede dársele a la crisis actual con el ELN?

E.P.L.: Es un tema que a mí me preocupa mucho porque el ELN viene negociando con todos los gobiernos desde 1991. Obviamente hay una enorme preocupación de que el ELN esté utilizando las negociaciones, no como un recurso para transitar de las armas a la política, sino para fortalecerse militarmente en forma sistemática. En el caso del ELN, insisto, hay que buscar aumentar la presencia del Estado en su área estratégica, sobre todo en Arauca. Necesitamos una nueva movilización ciudadana como la que hubo en 2009 contra las Farc, para que el ELN reciba un mensaje muy fuerte. Estamos cansados de esta violencia inútil que no ha beneficiado en nada a los colombianos. De casi cincuenta años de lucha armada, probablemente lo único positivo que ha quedado fue la Constitución del 91. Colombia gasta una cifra desmedida de recursos en defensa que podrían destinarse para el desarrollo, para los sectores populares, para la salud y la educación. ¿Por qué tenemos que destinar el 30 por ciento de los recursos del Estado a la seguridad?. Ese simple hecho debería poner a la cúpula del ELN a reflexionar. 

CAMBIO: ¿En el caso del ELN, a su juicio se debe seguir adelante con el proceso de Comuneros del Sur que llevó a la crisis en la mesa de negociación?

E.P.L.: Hay una división en el gobierno. Algunos creen que hay que salvar del ahogado el sombrero y por lo menos mostrar un proceso de paz exitoso con Comuneros del Sur. Y por lo menos, si este proceso de paz tiene éxito, que otros frentes guerrilleros, tanto del ELN como de las disidencias de las Farc, comiencen a negociar en forma aislada rompiendo la unidad de esos grupos. Y hay quienes piensan que las negociaciones con Comuneros del Sur están sacrificando la negociación más estratégica con el Coce y el Estado Mayor Central. Entonces hay dos lecturas: la de Otty Patiño que quiere favorecer las negociaciones territoriales, y la de quienes consideran que esto es negativo porque debilita la voluntad del Coce e introduce dificultades. Yo lo que haría es continuar con Comuneros del Sur y, al mismo tiempo, le mostraría a Coce los riesgos que tiene continuar una guerra inútil que puede fracturar y llevar a que otros frentes de guerra puedan seguir ese camino. 

CAMBIO: Eso implica fortalecer la ofensiva militar contra el ELN.

E.P.L.: Implica fortalecer la acción militar manteniendo abiertos los canales de negociación. Pero al mismo tiempo seguir fortaleciendo las paces territoriales como plantea Otty Patiño. Es una combinación de estrategias con inteligencia. 

CAMBIO: Como decían los comunistas de antaño: es una combinación de todas las formas de lucha. 

E.P.L.: Exactamente. Esa sería la definición. 

CAMBIO: Dicen las malas lenguas que Antonio García e Iván Márquez están de nuevos mejores amigos. ¿Cómo está viendo el tema de la paz con la nueva Marquetalia? ¿Es posible hacer aproximaciones con ellos si hay esa relación tan estrecha con García? 

E.P.L.: Una de las grandes preocupaciones que tenemos todos es el tema de la frontera con Venezuela. En la sexta conferencia del ELN se autodefinieron como una guerrilla binacional que tiene una función revolucionaria en Colombia y otra de protección de la revolución bolivariana en Venezuela. Me preocupa mucho que tanto el ELN en Arauca como la Segunda Marquetalia en Venezuela comiencen a verse a sí mismas como guerrillas binacionales y que eso los lleve a pensar que su función es persistir en armas frente al riesgo de una intervención de occidente contra la revolución bolivariana. Eso evidentemente afectaría mucho las posibilidades de la paz interna en Colombia. 

CAMBIO: ¿Y el Clan del Golfo qué?

E.P.L.: Me parece enormemente difícil referirme a ese tema porque creo que el Clan del Golfo o los Pachencas, que se pusieron nombres rimbombantes para darse cierto matiz político, no son grupos que tengan un carácter político de ninguna manera. Así tengan cierto control del territorio y de la población a través de amenazas u otras formas de dominio, se trata de organizaciones de carácter puramente criminal. Entonces las negociaciones con estos grupos deben ser fundamentalmente apoyadas en una disminución de las rentas ilegales. La prioridad es combatir esas rentas, la minería ilegal y el tráfico de drogas. En el caso del Clan del Golfo también el tráfico de personas en la región de Urabá. Yo continuaría con algunos canales de comunicación con ellos pero lo estratégico es disminuir las rentas ilegales. Le cuento una anécdota. Desde el año 2006 discutí largo con Mancuso en la cárcel de Itaguí el tema de la desaparición de las AUC y le dije: "¿señor Mancuso, terminó?" Me dijo que faltaban los mandos medios porque los incentivos criminales persisten. Y esos mandos medios van a continuar si no se debilitan las rentas. Y surgieron las Bacrim en el año 2007. Es decir, él pronosticó lo que iba a ocurrir. Los mandos medios son un dolor de cabeza para todos los procesos de paz en el mundo. Una vez las cúpulas dirigentes enriquecidas se retiran de la guerra, los mandos medios los sustituyen. 

CAMBIO: Esta semana usted saca un libro que se llama 'Ni golpes militares ni golpes civiles'. Cuéntenos de qué se trata.

E.P.L.: Ese libro nació de un almuerzo en una embajada latinoamericana un mes antes de la posesión de Gustavo Petro. El embajador nos dijo que él tenía mucha preocupación de la posibilidad de un golpe militar para impedir que Petro se posesionara. Yo le respondí que Colombia es el único país de América Latina en donde no ha habido una tradición de golpes militares. Solamente tuvimos uno en el siglo XIX. José María Melo en 1854, ocho meses. Y Dos gobiernos cívico-militares en el siglo XX: Rojas Pinilla y la junta militar de gobierno entre 1953 y 1958. Es decir, ocho años de gobiernos militares en 200 años. Colombia tiene una tradición civilista impresionante. Por otra parte, la última vez que hubo un golpe civil fue cuando Sanclemente, ya con más de 80 años, no podía gobernar desde Bogotá y le tocó irse a tierra caliente en Cundinamarca a gobernar. Entonces mi libro trata de explicar por qué, en eso, Colombia es la gran excepción en América Latina. Malcom Deas, antes de morir, mostró en un artículo que después de Estados Unidos, Colombia es el segundo país con más elecciones celebradas. Estamos votando desde 1831. 

CAMBIO: ¿Eso se debe a que los militares respetan al gobierno civil?

E.P.L.: ¡No le voy a ahorrar la lectura del libro! Pero ese es un debate muy importante ahora que Petro plantea el riesgo de un golpe de Estado, pues los militares se sintieron muy molestos porque su gran orgullo es la tradición civilista de las fuerzas militares. Se sintieron afectados en su tradición y en su orgullo institucional. Uno no se despierta en Colombia pensando que van a sacar al presidente. Insisto, no ocurre desde 1900. Entonces el libro es un debate sobre este tema, mostrando que no hay condiciones para romper el orden institucional de Colombia y que sería enormemente perjudicial si eso ocurriera. Petro debe terminar su mandato en 2026, sin ningún factor de alteración del orden institucional. 

CAMBIO: Entonces usted no cree en el cuento del presidente de que está en curso un golpe blando. 

E.P.L.: De ninguna manera. Obviamente hay sectores de extrema derecha que quisieran que el gobierno de Petro terminara antes del 7 de agosto de 2026. Pero no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra y no sería conveniente para Colombia. Un cambio brusco del mandato del presidente Petro podría revivir las protestas ciudadanas radicales de los años 21 y 22. Podría llevar a una gran frustración en los sectores que creyeron en el cambio, y hacerlos pensar que hay un viraje hacia la extrema derecha que va a afectar sus intereses. Para Colombia es muy importante que el presidente termine su mandato. 

CAMBIO: Entonces ¿usted cree que las investigaciones del CNE y los temas de campaña van a parar en nada? 

E.P.L.: Lo del CNE puede pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esta tiene 18 miembros, de los cuales el Pacto Histórico tiene nueve. Con sus aliados hace 12. Es decir, el tema puede llegar allá y no prosperar. Y en el caso de que eso prosperara y luego pasara a la plenaria de Cámara y Senado, la experiencia de lo que ocurrió con Samper es que es muy complejo que el Congreso pueda tomar una decisión mayoritaria para cambiar al presidente. Creo que va a haber un impacto político del eventual financiamiento irregular de la campaña de Petro, pero no va a tener consecuencias de sustitución del presidente. 

CAMBIO: ¿Al final del gobierno de Petro, cómo cree que se verá el panorama de la paz y la seguridad?

E.P.L.: Hay dos años para rectificar. Si el gobierno Petro, como mostró en El Plateado, está dispuesto a un replanteamiento global de la estrategia, es posible que tengamos resultados positivos. Quiero creer que después de lo de Cauca vamos a tener un mejor modelo de seguridad y paz combinadas y que vamos a tener mejores resultados. 

CAMBIO: El presidente Petro habla mucho de su hermano Carlos Pizarro. De hecho, su sombrero blanco lo entronizó como un símbolo importante. ¿Qué cree que estaría pensando Pizarro del gobierno de Petro?

E.P.L.: No puedo hablar por él. Lo que siento profundamente es que no hubiera sido él el que hubiese ganado las elecciones en 1990. Y hubiéramos tenido a la izquierda gobernando desde esa época con una posibilidad de haber comenzado desde entonces la construcción de un país más justo. Yo sí lamento profundamente que le hubieran impedido a Carlos haber gobernado. Participé con algunos profesores del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en la elaboración de su programa, que se llamaba Un país de propietarios. Era un proyecto político de gobierno muy moderado que buscaba crear un capitalismo social. Creo que fue una frustración de Colombia. Hay un fenómeno que a mí me inquieta mucho: todo el liderazgo político del país hoy es de huérfanos de padres asesinados. El presidente Uribe, María José Pizarro, Iván Cepeda, Los Galán, Cristo, etc… Es interesante lo que eso significa sociológicamente porque plantea un gran vacío. 

CAMBIO: A propósito de su mención a María José Pizarro, ¿usted votaría por ella para la presidencia?

E.P.L.: Es probable que en diez años, sí. Cuando esté preparada más seriamente para gobernar. María José podría ser una buena presidenta hoy de Uruguay o de Suiza. Colombia es un país enormemente complejo que requiere una enorme preparación en economía, administración pública, seguridad nacional y pública, y creo que ella debe esperar para prepararse mejor. Ese es mi mensaje a María José: probablemente en diez años preparándose y formándose usted puede llegar a ser una exitosa presidenta de Colombia, pero todavía tiene que madurar.