Humberto de la Calle por sentencia sobre paz total: "La motilada ha sido importante"

A finales de la semana pasada, la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció frente a la Ley de Paz Total, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro. El Alto Tribunal salvó el acercamiento con las bandas criminales, pero hizo algunas precisiones, como que será el Congreso y no el Ejecutivo el que fije los términos de sometimientos de esas bandas.

La Corte determinó que los términos de sometimiento a la justicia que se logren entre las bandas no serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios, como establece la Ley de Paz Total, porque esto implica un amplio margen de discrecionalidad. Así, ese sometimiento lo deberá definir el Congreso.

Desde el Ejecutivo, la decisión de la Corte se tomó como un 'espaldarazo' a la paz total, pero también fue una "motilada" a la iniciativa, porque le restó facultades al Gobierno.

Humberto de la Calle, exnegociador del proceso de paz con las Farc y hoy senador, aseguró que "es un logro del Gobierno haber obtenido la declaración de constitucionalidad en la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 2272".

Pero también fue enfático en decir que "la motilada" fue importante. También explicó que es equivocado referirse a esta norma como Paz Total, porque tiene un vacío importante en cuanto a la regulación en el sometimiento de grupos no políticos. Para de la Calle, "no se puede hablar de Paz Total sin resolver ese vacío y lo acaba de confirmar la Corte".

A su vez, el senador puntualizó que ya habían advertido que el sometimiento de las bandas necesita un marco legal.

De la Calle señaló que otra de las motiladas al proyecto fue en que "la suspensión de órdenes de captura de grupos de alto impacto y afines, obliga al Gobierno a motivarlas y someterlas a control judicial exigente", así como el compromiso de las bandas con el desmantelamiento.

Para el exnegociador eso no fue todo, porque lo dicho por la Corte frente a las zonas de ubicación, a los voceros de grupos de conflictividad social y la suspensión de operaciones policiales también representa una "motilada" al proyecto del Ejecutivo.

El mismo Gobierno, en representación del ministro Néstor Osuna, reconoció que esta ley no era la vía para liberar a quienes fueron capturados en medio de las protestas sociales.