El reclutamiento de niños sigue siendo la mayor pesadilla de la Paz Total

En la mañana del pasado 15 de octubre, en Palo Alto, zona rural de Miraflores, Guaviare, la profesora Idaly Meléndez se preparaba para la celebración del cumpleaños de uno de los alumnos.

En el pequeño salón se reunieron cerca de 20 menores, en su mayoría niñas de entre los 14 y 16 años. La celebración, que transcurría con tranquilidad, fue interrumpida por 15 integrantes del frente primero de las disidencias de las Farc, encabezado por alias la Morocha, que irrumpieron de pronto en el aula.

La mujer, de 1,60 metros de estatura, les dijo que la razón de su visita era informarles que en los días siguientes, iban a volver por varias de las menores, para ser reclutadas por la organización ilegal.

El anuncio provocó la reacción de la profesora, que le exigió a la guerrillera respeto por los menores y le recordó que ellos no podían hacer parte del conflicto. La Morocha, entonces, se fue contra la profesora y la amenazó.

Según el testimonio de una de la menores que pudo desertar de las disidencias –y que estuvo bajo el mando de la Morocha–, la mayoría de las secuestradas son designadas para ser compañeras sentimentales de los cabecillas, o para que estén cerca de las unidades militares obteniendo información de los movimientos de la fuerza pública.

El libreto se repite en varias regiones del país, donde, a través de dinero, joyas y celulares, los menores son engañados, sacados de sus hogares y luego reclutados por los grupos ilegales, de los cuales es muy difícil devolverse.

Para las Fuerzas Militares, este tipo de acciones ponen en evidencia la falta al compromiso de las organizaciones ilegales con la propuesta de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.

Según cifras del Comando del Ejército, en los últimos 11 meses han sido recuperados 411 menores que habían sido sacados a la fuerza de sus casas en varias zonas del país.

Las que más reclutan son las disidencias de las Farc: en Caquetá, Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño. Luego, el Clan del Golfo, los Pelusos y el ELN, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Caquetá.

La Defensoría del Pueblo denuncia que en lo corrido de 2023 han conocido 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Las cifras pueden ser más altas, si se tiene en cuenta que muchas familias, por las amenazas de los delincuentes, prefieren no reportar el secuestro a las autoridades.

“Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75 por ciento de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De los casos reportados, agrega, el 59,6 por ciento corresponde a niños y adolescentes; el 40,3 por ciento, a niñas y adolescentes.

Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca (124), Nariño (9), Arauca, Putumayo (7) y Caquetá (5). Los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno. El control territorial y social que ejercen los actores armados hace difícil que familias y habitantes de la región lo denuncien.

En 2023 la Defensoría del Pueblo ha emitido 35 alertas tempranas. Entre ellas, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Las disidencias de las Farc registran el mayor número de casos (91,1 por ciento). Les siguen el ELN (7 por ciento), y el Clan del Golfo (0,6 por ciento).

En su último informe, la coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en Colombia (Coalico), que reúne a todas las organizaciones defensores de menores, aseguran que en los últimos seis meses se han identificado niñas y niños con síntomas de estrés postraumático e ideas suicidas, principalmente en los pueblos indígenas.

“De las acciones que afectaron a niñas, niños y adolescentes registradas durante este periodo, el reclutamiento se ubica en el primer lugar, con 69 eventos que afectaron a por lo menos 154 niñas, niños y adolescentes, seguido por el desplazamiento forzado”, asegura  el informe.

“Durante los 12 meses del año, el conflicto, en vez de disminuir, se acrecienta; por ejemplo, en el departamento de Antioquia, particularmente en el bajo Cauca antioqueño, tiene presencia el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc-EP, además de estructuras armadas locales que cambian de nombre y hacen difícil su identificación, así como sus relaciones con estructuras más fuertes, quienes, en una disputa permanente por el control territorial, generan afectación directa a la población civil, desplazamientos internos en diferentes municipios, así como el riesgo de reclutamiento y uso para las niñas y los niños”, añade el informe. 

En opinión de los expertos, el problema se alimenta de las brechas de desigualdad para acceder a derechos como la salud, educación, recreación y alimentación.

Para las organizaciones, es importante realizar tareas de control en defensa de los menores, así como implementar un plan de acción en las instituciones educativas que ayude a prevenir el reclutamiento y los otros tipos de violencia relacionada con él.