Al reclutamiento forzado de menores en Arauca, ahora se le suma el secuestro

La confrontación que ya completa un año entre el ELN y las disidencias de las Farc tiene como principales víctimas a los menores de edad, una situación que tiende a agravarse con el correr de los días.

El viernes 2 de diciembre, a través de un comunicado, la columna Domingo Laín, del frente oriental del ELN anunció que tenía en su poder a los jóvenes Emerson Stiven Báez y Yan Sebastián Tarazona. Argumentaban que los niños habían sido capturados para realizarles un consejo de guerra y, posteriormente, entregarlos a organismos de derechos humanos.

Según el ELN, los dos jóvenes habían realizado acciones terroristas contra el comercio e instalaciones de transporte en el municipio de Saravena, Arauca, por órdenes del frente 28 de las disidencias de las Farc que comanda alias Antonio Medina.

En un video de supervivencia, Emerson, de 17 años, afirmó que había sido contactado por un guerrillero con el propósito de que lanzara una granada contra un establecimiento comercial para presionar a los dueños a pagar una extorsión.

“En el parque principal de Saravena se me acercó un individuo llamado Camilo Florez a ofrecerme 200.000 pesos para que yo le tire una granada a la ferretería la Campana, ya que sus dueños no habían cumplido con el pago mensual”, confesó.

Yan, de 16 años, dijo algo parecido: “Fui contactado para que lanzara una granada y me ofrecieron plata, 250.000 pesos, que fuera y la tirara, que yo era capaz y que si no lo hacía era objetivo militar yo y mi familia. Pues me mostró un audio de Antonio Medina que decía eso y yo, con tal de que no le pasara nada a mi familia, lo hice”.

Una semana después del secuestro, los dos jóvenes fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Diocesis de Arauca y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Entre dos fuegos 

Esta realidad, que viven diariamente los jóvenes de Arauca, tiene preocupado al personero de Saravena, José Luis Lasso: “De un lado, está la utilización de menores por parte de las disidencias; del otro, el secuestro que practica el ELN para interrogarlos. Ninguna de las dos organizaciones están respetando los derechos humanos”.

La trágica ironía es que estas acciones se presentan en medio de los diálogos de paz, los cuales, supuestamente, iban a bajar la tensión en las zonas más difíciles. Pero no ha sido así.

José Luis Campo, director de Benposta, afirmó que son tan graves las alteraciones de orden público que en varios municipios del departamento los padres han preferido no mandar a los hijos a las escuelas. De hecho, se calcula que unos 3.000 niños desertaron del sistema educativo solo entre junio y octubre. En otros casos, los padres los han sacado de la región para evitar que la guerra se los arrebate. 

Felipe Guzmán, habitante de Saravena, afirmó que las dificultades económicas han llevado a que muchos jóvenes vean como una opción de vida ingresar al ELN o a las disidencias para conseguir su sustento.

Hilda Moreno, coordinadora de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) aseguró que durante varias décadas no ha habido una respuesta integral por parte del Gobierno en defensa de los menores, que son los que más sufren los estragos de la violencia. 

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos meses han sido reclutados 150 menores por parte de los grupos irregulares, estadística que puede ser mayor porque a la gente le da miedo denunciar por temor que les pueda pasar a los niños, niñas y jóvenes, o para proteger a otros menores que tienen en su casas.

Futuro incierto

José Luis Campo, quien conoce de cerca la problemática que viven los jóvenes, espera que en el proceso con el ELN los negociadores den muestra de buena voluntad apartando a los menores de sus filas. También aspira a que se detengan las confrontaciones, que han dejado hasta ahora más de 300 muertos, muchos de ellos civiles.

Lo más preocupante para Hilda Moreno es que el país ha perdido la capacidad de indignación por lo que viven cientos de jóvenes en Arauca. “Son muy pocos los menores que pueden terminar con sus estudios, no tienen mayores capacidades para poder formarse y desarrollarse como persona. Ojalá en la propuesta de paz total se generen oportunidades de formación para los niños y niñas de esta olvidada región”.

Para la organizaciones que trabajan en la defensa de los menores,  el Gobierno tiene una deuda histórica con Arauca, donde el miedo ha impedido que la juventud construya sus propios sueños sin la presión de las amenazas ni la falsa ilusión que les ofrece la vida en armas.