El expediente de Piedad Córdoba por sus oficios con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela

El pasado miércoles 29 de noviembre, la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba recusó a Cristina Lombana, la magistrada que logró consolidar la investigación que muestra cómo, al parecer, Córdoba se enriqueció ilícitamente siendo congresista –entre 2006 y 2012–, en casi 3.000 millones de pesos. Con ese recurso, la congresista espera que su proceso pase a manos de otro magistrado, como sucedió en el caso contra el exembajador Armando Benedetti, a quien Lombana también investigaba por enriquecimiento ilícito.

CAMBIO conoció el auto de apertura de investigación, que revela las pruebas y testimonios que tiene la Corte y que demostrarían que Córdoba recibió millonarios dividendos, como el pago de vuelos privados, gastos de desplazamiento, pago de eventos públicos y dinero en efectivo, a cambio de interceder ante el gobierno del entonces presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías, para evitar la expropiación de determinados bienes. Este es el expediente que la espera en la Corte Suprema de Justicia.

La investigación contra Piedad Córdoba

Dice el auto que, valiéndose de la cercanía que tenía con el presidente Chávez, por la gestión que hizo para las liberaciones de secuestrados a manos de las Farc, Córdoba aprovechó sus constantes viajes, largas estadías y relaciones establecidas con funcionarios y empresarios de ese país, para disponer que Andrés Alberto Vásquez Moreno, uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo UTL, permaneciera por prolongados períodos en el vecino país, entre los años 2007 y 2010, con el fin de recuperar los dineros que la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) le debía a empresarios colombianos y venezolanos que exportaban sus productos hacia el país vecino. La senadora, dice la Corte, cobraba por esas gestiones.

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“Celebrar negocios con el gobierno bolivariano e intermediar en favor de empresarios venezolanos o colombo-venezolanos ante Chávez Frías, para que no les expropiaran sus bienes, todo ello, a cambio de una contraprestación por esas gestiones”, dice el documento en poder de CAMBIO.

El alto tribunal advierte que, entre 2007 y 2010, Andrés Alberto Vásquez permaneció más de 1.000 días encargado de los “negocios” de la senadora en Venezuela, y que, aunque estuvo marginado de los deberes funcionales propios de la UTL, Córdoba certificó que había realizado sus labores oficiales. Así, Vásquez pudo seguir cobrando su sueldo de funcionario.

Dentro de los negocios aparentemente ilícitos, relata la Corte, Córdoba aprovechó la mediación que realizaba en 2009 para lograr un acuerdo humanitario –sin autorización oficial– con Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, para pedirle apoyo económico a cambio de que Córdoba adelantara gestiones ante el gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez para recuperar dinero en la Cadivi. 

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“Gracias a la relación que se construyó, Saab Morán utilizó una de sus empresas para recaudar las comisiones que Córdoba Ruíz recibiría por su ilícita gestión en Venezuela”, añade.

Hay más. Según el expediente contra Córdoba, la empresa Led Media Colombia, dirigida en Colombia por Nilton Polanco Lasso, era en realidad una empresa fachada de propiedad del empresario colombo-venezolano Carlo Balilla Battistini Samudio. A través de esta compañía se habrían canalizado dineros para la senadora, con el fin de que esta ayudara a distintos empresarios a interceder ante el gobierno del vecino país.

Los testimonios para soportar esa hipótesis no provienen de terceros sino de los propios señalados. Dice el auto que la Corte cuenta con los testimonios del propio Polanco Lasso, el gerente en papeles de esa empresa, y de Andrés Alberto Vásquez Moreno, exasesor de la UTL de Córdoba y quien, al parecer, manejaba sus negocios en Venezuela. La justicia también cuenta con el testimonio de Ricardo Montenegro Montenegro, quien también fue su asesor en el pasado y a quien le habría financiado parte de su fallida campaña a la Cámara de Representantes entre 2010 y 2014.

“Vásquez Moreno y Montenegro Vásquez dieron cuenta no solo sobre la existencia de la relación (con Balilla Battistini), sino que además señalaron que el acuerdo con el empresario era que entregaría un millón de dólares, los que se invertirían conforme a las necesidades de la aforada”, dice el documento.

Sobre el tema, la Corte también cuenta con el testimonio del narcotraficante venezolano Walid Makled García, alias Turco, capturado en Colombia y extraditado a Venezuela, quien habló de la relación que sostenía Piedad con Carlo Balilla. 

“Me manifestó que ella captaba empresarios colombianos, Igual que él captaba empresarios venezolanos. Ella, Piedad Córdoba, se los presentaba al presidente Hugo Chávez, lo cual, por esa presentación, cobraba la suma de 600 millones de bolívares. Si de esa reunión después el empresario que había sido presentado lograba un contrato, me manifestó Carlos Batisttini que el 10 por ciento del contrato era para ellos (…) También en esa misma conversación me manifestó que estaba financiando varias campañas y una de ellas la de la señora Piedad Córdoba, a quien le puso a disposición jet privado, de lujo, para moverse a cualquier parte que ella quisiera (…) Quiero agregar que Piedad Córdoba era la que llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, estos últimos recomendados por Carlos Battisini, y ella le hacia la cita con el presidente porque ella era amiga”, dijo el narco a la justicia desde 2010.

Otro de los negocios que la senadora habría realizado fue con el capturado empresario de los textiles Alberto (Abi) Aroch Mugrabi. En medio del proceso que se llevaba contra Aroch en la Fiscalía, los investigadores lograron la declaración jurada de Isaac Guberek Ravinovicz, en la que habla sobre las exportaciones ficticias a Venezuela, entramado del que Aroch Mugrabi necesitó y “utilizó los servicios de Piedad Córdoba mediante el pago de una comisión del 10 por ciento".

Salomón Bendayan, quien fue escuchado por la justicia en medio del proceso contra Aroch, no sólo corroboró la existencia de las operaciones mercantiles ficticias sino que hizo referencia específica a las operaciones de la Cadivi y explicó su funcionamiento, tras lo cual hizo mención a la participación de Córdoba y de su asesor, Andrés Alberto Vásquez, en ese entramado criminal, quienes, según Bendayan, recibieron pagos de comisiones para hacer intermediación, utilizando sus influencias en Venezuela.

Otro de los testimonios con los que cuenta la Corte para probar los negocios de Piedad con Aroch es el del excongresista de Cambio Radical Miguel Pinedo Vidal, quien le dijo a la justicia que fue contactado por Aroch en 2008 para que le sirviera de puente con Piedad Córdoba y lograr que ésta le ayudara al empresario con unos temas de la Cadivi, lo que efectivamente realizó. "Yo pienso que no era la posibilidad, yo creo que con certeza ella podía hacer algo, porque cuando yo hablé con el agente que ella tenía allá, un muchacho, la diligencia comenzó a moverse rápidamente para poder lograr que a Mugrabi le dieran, le pagaran sus títulos...91.

"Andrés Vásquez fue directamente el que me atendió a mí en Venezuela, además le quiero (decir), después de que yo regresé de allá, estuve dos o tres días en Venezuela, yo puse en contacto a ABY Mugrabi con Andrés Vázquez (...) Andres Vásquez tenía contactos directos con el gobierno venezolano, eso sí me di cuenta de inmediato porque eso comenzó a fluir rápidamente (…) Ella era el vehículo ”, dijo Pinero.

Para la Corte, basta con confrontar los relatos de Salomón Bendayán, Isaac Guberek Ravinivicz, Walid Makled García, Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, Miguel Pinedo Vidal, Nilton Polando Lasso y Andrés y Alberto Vásquez Moreno, para darse cuenta de que todos, sin excepción, ponen a la senadora Piedad Córdoba promoviendo en Venezuela un conjunto de actividades encaminadas a obtener de una entidad oficial de ese país (Cadivi) y, en general, del gobierno de la época, en ese entonces encabezado por Hugo Chávez, el desembolso de dinero, impedir expropiaciones o conseguir la concesión de beneficios económicos, a cambio de lo cual exigía la entrega de dinero, que luego canalizaba a través de empresas o de terceras personas, para que llegaran a manos de sus familiares o las propias.

La Corte Suprema ha descubierto más de 80 consignaciones realizadas a los familiares de Piedad Córdoba y a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que tenía en el Congreso para la época de los hechos.

Por todo lo anterior, dice la Corte, la senadora deberá rendir indagatoria como presunta responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros agravado y falsedad en documento público. Aunque la diligencia estaba programada para el pasado 21 de noviembre, Piedad Córdoba no asistió, alegando enfermedad. Ayer, sorprendió con una nueva recusación contra la magistrada Cristina Lombana, que la tendría ad portas de la cárcel. La decisión sobre si el proceso continúa o no en sus manos será resuelto en las próximas semanas.