La ley de paz total tambalea: ¿qué pasa si la tumban?

Las alarmas en el Gobierno nacional están encendidas por cuenta de la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez, que pide hundir la prórroga y modificación de la Ley 418 de orden público de 1997, la cual fue aprobada a finales de 2022 en el Congreso. La caída de ese marco normativo supondría un duro golpe a las iniciativas de paz total que ha puesto en marcha el presidente Gustavo Petro desde comienzos de su mandato.

La demanda, presentada por el abogado Jorge Enrique Pava, argumenta que, en su paso por el Congreso, la ley de paz total sufrió varios vicios de trámite, principalmente dos.

Primero, se habría vulnerado el principio de consecutividad en los artículos 2,12 y 18; es decir, aparentemente estos apartados no fueron discutidos desde el primer debate, sino que aparecieron después, algo que está prohibido. Estos tres artículos son de suma importancia para la norma pues, por ejemplo, el número 2 es el que define los dos caminos que puede tener el Gobierno para dialogar con los grupos armados: negociaciones con carácter político y acercamientos con estructuras criminales.

"Sí hubo consecutividad con todo lo que se discutió y se aprobó", dijo Alirio Uribe, el representante y ponente del proyecto en su momento.

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Segundo, de acuerdo con el demandante, el otro vicio de trámite es la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal, un organismo colegiado que es asesor del Gobierno en la implementación de la política criminal.

Sin embargo, según el decreto que lo reglamenta, los conceptos que emite no son vinculantes para los proyectos de ley. "Es función del Consejo de Política Criminal (...) emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso de  la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento de la Justicia Penal", dice el decreto 2055 de 2014. 

El representante Uribe coincide en esa postura:

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"No llegó el concepto de la comisión asesora de política criminal, pero también es verdad que no es obligatorio para el Congreso. Es una opinión que se puede o no acoger", aseguró Uribe.

La decisión de no solicitar el concepto fue del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lo preside e integra. Otros de los miembros de esa organismo son el fiscal general Francisco Barbosa, quien se opone a la ley tal y como fue aprobada; la procuradora Margarita Cabello, quien tampoco simpatiza con ella; el defensor del Pueblo y el director general de la Policía, que por la época de diseño y discusión del articulado era el general Henry Sanabria.

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Por parte del Gobierno nacional, quien se ha pronunciado hasta el momento ha sido el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que el trámite se hizo apegándose a la ley:

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"En su momento, los ministerios del Interior, Justicia y Defensa se cuidaron de que la propuesta, la manera de departir este proyecto estuviera enmarcado en lo que ordena la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso".

¿Qué pasa si se cae la ley de paz total?

Aunque el Gobierno y los sectores que apoyan la ley han recalcado que acatarán la decisión de la Corte Constitucional, sea cual sea, también han expresado que, de llegar a hundirse, representaría un hecho grave para la paz total.

El senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la ley, ha dicho que se llegaría a "un vacío jurídico" mientras se tramita nuevamente el proyecto en el Congreso. De hecho, ya existe una incertidumbre, que se prolongará por varias semanas, pues se esperaba que la Sala Plena de la Corte sesionara este 27 o 28 de junio, pero finalmente se reunirá solo dentro de dos semanas. En la alta corte hay una nueva secretaria general, lo que obliga a desarrollar un periodo de empalme.

Si la ley llegara a caerse, las negociaciones y acercamientos con los grupos armados ilegales quedarían en suspenso, sin la seguridad jurídica que necesitan tanto el Gobierno como negociadores de los grupos armados.

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Por ejemplo, unos de los frentes de negociación más golpeados sería con las disidencias de las Farc, pues la ley que hoy está dependiendo de la Corte Constitucional abrió la puerta para dialogar con esas estructuras, a pesar del incumplimiento al Acuerdo de Paz de 2016. "Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento", dice parte de la ley.

El otro problema para el Gobierno es que, si se ve obligado a tramitar nuevamente el proyecto, lo tendría que hacer en un escenario totalmente distinto y adverso: sin una coalición de Gobierno sólida y una oposición optando por ralentizar el trámite de la agenda del Ejecutivo con ausentismo y alianzas con las bancadas independientes. Por ello, el riesgo en el que está el proyecto de paz total es otro de los motivos de fuerza para que el presidente intente recomponer como la aplanadora durante el receso legislativo.