En mi columna anterior argumenté que si el centro quería tener una oportunidad en las presidenciales de 2026 debía proponer una política de seguridad clara. En esta columna quiero plantear dos ideas que considero relevantes para el efecto.
1) Debemos reconocer que en Colombia cogobernamos con grupos criminales. Duélale a quien le duela, en el país el Estado no es el único que manda. Los grupos criminales también proporcionan servicios estatales, como impartir justicia, realizar obras públicas y generar empleo. Lo cierto es que el Estado Colombiano ha brillado por su ausencia en muchos municipios y ese vacío lo han llenado grupos al margen de la ley. Una política de seguridad de centro debería tomar esto en cuenta.
El ejemplo más claro es el del Clan del Golfo, el grupo criminal más grande del país en términos de presencia territorial, abarcando 316 municipios para el 2024 (ver mapa). Según un informe del International Crisis Group, el Clan del Golfo ha evolucionado más allá de la simple intimidación para obtener control territorial. Han establecido un esquema complejo de operaciones que incluye actividades propias del Estado, siendo muchas veces "la única empresa que siempre tiene las puertas abiertas".
¿Qué implicaciones tiene esto para una política de seguridad de centro? Para comenzar, implica que no se puede depender únicamente de una estrategia militar. La política de seguridad debe complementarse con una política social, como argumenté en mi primera columna. El Estado debe proporcionar los servicios que actualmente ofrecen los grupos criminales. Sin embargo, dado que esto ha sido difícil de lograr en el pasado y sigue siendo un reto en el presente, el Estado debe priorizar ciertos crímenes y trazar líneas rojas que los grupos criminales no deben cruzar. Si lo hacen, el Estado debe responder con contundencia. Esto no significa que algunos crímenes sean aceptables, sino que la capacidad estatal es limitada y debe ser enfocada estratégicamente.
Esta no es una propuesta novedosa. Benjamin Lessing de la Universidad de Chicago la denomina "represión condicionada". Este enfoque busca disuadir la criminalidad enfocando la represión estatal en ciertas conductas o grupos criminales. Lessing cita varios ejemplos de América Latina, como la pacificación de las favelas en Río de Janeiro y la guerra contra Pablo Escobar en los 80. Sin embargo, la represión condicionada tiene sus límites: enfrenta problemas de coordinación entre los distintos actores estatales que la implementan (policía, fiscalía, justicia, etcétera.) y puede ser vista como permisiva con el crimen. No obstante, creo que políticas de represión condicionada deben ser exploradas por una política de seguridad de centro, ya que ofrecen una alternativa ante la gobernanza compartida entre el Estado y los grupos criminales, y representan un primer paso para establecer presencia en territorios controlados por estos.
2) No todos los grupos criminales son iguales y, por tanto, la respuesta no puede ser la misma. El tipo de gobernanza criminal influye en la efectividad de la respuesta policial. Magaloni, Vivianco y Melo desarrollaron una tipología útil para clasificar organizaciones criminales según su relación con el Estado. Aunque no proporcionan soluciones concretas para enfrentar a cada grupo militar, la tipología es útil para planear una política de seguridad.
1. Grupos insurgentes: Tienen alta capacidad militar y confrontan directamente al Estado. La intervención policial puede ser contraproducente si estos grupos también proveen bienes públicos.
2. Bandas criminales: Mantienen una relación colusiva con el Estado, creando un equilibrio entre paz y actividad criminal. La intervención policial puede escalar la violencia al romper ese equilibrio.
3. Grupos criminales predatorios: Extorsionan a las comunidades y pueden proveer un mínimo de bienes sociales. La intervención policial suele ser efectiva, reemplazando el miedo por la presencia estatal.
4. Regímenes criminales divididos: Caracterizados por inestabilidad y violencia sin control territorial claro por ningún grupo. Las intervenciones policiales para pacificar suelen ser más exitosas si van acompañadas de una presencia estatal robusta y la legitimación de la fuerza pública.
Es importante destacar que esta tipología no es exhaustiva ni estricta. Como dije, los autores no desarrollan propuestas específicas para enfrentar cada tipo de grupo criminal. Además, la tipología se basa en procesos de pacificación en Río de Janeiro, lo que puede limitar su aplicación al contexto colombiano. Sin embargo, considero que esta tipología es útil para inspirar el desarrollo de una política de seguridad de centro en Colombia. Tal vez lo más importante es reconocer que no hay una solución única para el problema de seguridad, como suelen proponer los políticos de derecha. La política de seguridad en Colombia necesita moderación y rigor. Y adivinen quiénes tienen eso… El Centro.
@Antonio_Perry_
