Rodrigo Londoño y otros exfarc empezaron a cumplir sentencia de la JEP por 21.000 secuestros: ¿de qué se trata?
Esta semana los integrantes del último secretariado de las Farc empezaron dos acciones restaurativas: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.
Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, últimos integrantes del secretariado de las Farc, empezaron a cumplir esta semana la sentencia que en su contra dictó la Jurisdicción Especial para la Paz por 21.000 secuestros.
La sentencia ordenó una serie de acciones con enfoque restaurativo, tal y como se pactó en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. Las sanciones se realizarán en un periodo de hasta 8 años y empezaron a cumplirse el lunes 21 de septiembre con dos acciones restaurativas, realizadas por grupos: la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y acciones de construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.
La JEP explicó que entre el 21 y el 30 de septiembre del 2026, exintegrantes del Bloque Sur estarán trabajando en el cementerio San Antonio de Padua junto a 16 máximos responsables de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas y máximos responsables. En el cementerio, hasta el momento, han sido recuperados 54 cuerpos de personas desaparecidas y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias.
En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc y que permanecen desaparecidas.
En total, 60 víctimas de secuestro en este departamento están acreditadas ante el Caso 01 (secuestro) del universo de cerca de 4.400 víctimas acreditadas en este caso. Asimismo, 35 personas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Huila permanecen desaparecidas. El subcaso Huila del Caso 03, que investiga estos hechos, ha acreditado hasta el momento a 434 víctimas.
Mientras se hacen estas tareas, los exguerrilleros tendrán un dispositivo electrónico provisto por la Secretaría Ejecutiva de la JEP para el monitoreo remoto en tiempo real. Además, deben cumplir horarios estrictos, permanecer en los lugares determinados y trabajar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.
Los excomandantes de las Farc, mientras cumplen la sanción, vivirán en la zona asignada, no podrán cambiar de casa sin autorización, no podrán salir del departamento asignado y no podrán salir del país.
Esta es apenas la primera fase de una sanción que tiene contempladas siete estaciones a lo largo de ocho años, desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2034, en distintas regiones del país: el noroccidente de Bogotá, el oriente de Antioquia, el oriente de Caquetá, el Meta, Bolívar y Cesar, el suroccidente de Huila, Putumayo y Nariño, el nororiente de Santander, el centro y suroriente de Casanare, Vaupés y Sumapaz.
Las otras fases incluyen labores de desminado humanitario, infraestructura rural y urbana –orientada a la reconstrucción de las condiciones materiales de vida de las comunidades afectadas–, medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos de vida económicos a favor de las víctimas.
La JEP tendrá una Oficina Asesora de Monitoreo Integral que estará encargada de esta labor mediante el uso de geocercas y alertas, con el fin de registrar la localización de los comparecientes y el cumplimiento de las restricciones a la movilidad.
"La verificación del trabajo será constante, tanto con herramientas digitales como mediante verificaciones presenciales realizadas in situ por monitores de la Jurisdicción, quienes constatan en tiempo real la observancia de las obligaciones impuestas", indicó la Sala.
Los exguerrilleros fueron condenados por haber liderado el aparato organizado de poder en que se convirtió la extinta guerrilla, así como por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y por los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada.
Asimismo, la Sección de Apelación encontró que 5 de los 7 condenados también son penalmente responsables por el mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado la comisión de los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, así como por los crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.
Lea los comentarios
